Le puede salir caro

En múltiples episodios, a cual más vergonzosos, el presidente Trump ha demostrado su intención de cumplir sus promesas xenófobas de campaña. Y en el episodio que ha tenido lugar en las últimas semanas llegó al extremo. Todo empezó cuando el fiscal general de Estados Unidos, Jeff Sessions, anunció en abril “tolerancia cero” frente a los inmigrantes indocumentados, lo cual se tradujo, en la práctica, en que los padres que atravesaran de forma ilegal la frontera serían considerados delincuentes y, por tanto, separados de los hijos que los acompañaran en la travesía. A esos niños se les buscaba entonces una familia de acogida. El lío, sin embargo, el lío mayúsculo, es que en ese mismo mes se supo que a 1.475 de esos menores de edad, de padres mayoritariamente hondureños, salvadoreños y guatemaltecos, se les había perdido el rastro. Un escándalo.

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La gigantesca ola de indignación contra esta política creció aún más el 18 de junio cuando la periodista Ginger Thompson puso en la web de ProPublica un artículo en el que se podían oír grabaciones de diez niños centroamericanos que, tras haber sido separados de sus padres, gritaban desesperadamente por ellos. También se oía cuando un oficial de inmigración se burlaba de los menores. “Ahora tenemos una orquesta. Hace falta un director”, decía. También se vieron fotos de niños durmiendo en zonas cerradas por rejas.

Las reacciones internacionales no tardaron. El papa Francisco expresó que “el populismo no es la solución”. El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Raad al-Hussein, habló de “abuso a menores de edad”. (Y desencadenó, de paso, la salida de Washington de la Comisión, a la que llamó “hipócrita”). La primera ministra británica, Theresa May, consideró que “se ha cometido un error”. En casa, la ex primera dama estadounidense Laura Bush escribió una columna en The Washington Post en la cual señala que la separación de padres e hijos le “rompe el corazón”. Una encuesta de la CNN concluyó que el 60 por ciento de los consultados están en desacuerdo con esa política. Y la secretaria de Seguridad Interior, Kirstjen Nielsen, fue abucheada mientras almorzaba en el restaurante mexicano MXDC cerca al Capitolio en Washington. “¡Si los niños no viven en paz, usted no come en paz!” y “¡Cerda fascista!”, le gritaba la gente.

La presión hizo que Trump diera su brazo a torcer. El jueves, ante la indignación general, firmó un decreto en el que ordenó parar la separación de padres e hijos tal como se venía llevando a cabo. No obstante, el rechazo a la iniciativa por la que debió dar marcha atrás ha debilitado su gobernabilidad.

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La nueva orden permite ahora que los padres acompañen a sus hijos en centros de detención durante un plazo determinado hasta que se determine su situación judicial. Los opositores demócratas, sin embargo, se declararon insatisfechos. Mientras Trump los culpaba de la situación, uno de los senadores de ese partido, Bill Nelson, criticó la nueva orden ejecutiva. Según él, será una excusa para mantener a las familias en centros de detención. De hecho, analistas indican que la medida no servirá porque el gobierno gringo le da a los padres un número de teléfono para que sepan dónde están sus hijos, pero solo les hablan en inglés y la gente no sabe cómo sortear los procesos legales que allí les indican. Reunir a los niños con sus familias, en el mejor de los casos, no será fácil.

Un sector del Partido Republicano se distanció de él en el Congreso y esto puede darle alas a la oposición demócrata de cara a las elecciones legislativas de noviembre. En esos comicios se escogerán la totalidad de los 435 escaños de la Cámara de Representantes y un tercio de los 100 del Senado. Ambas corporaciones se encuentran hoy en manos republicanas, pero algunos sondeos dan la victoria demócrata en la Cámara Baja. Si en cinco meses hay cambios, podría incluso abrirse paso la posibilidad de que los representantes inicien un proceso de impeachment contra Trump por otras razones. Pero no es fácil.

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