REBELION EN EL CAPITOLIO

La semana pasada un trueno sacudió a la Casa Blanca. El senador republicano Barry Goldwater, presidente de la Comisión de Inteligencia del Senado y quien es considerado hasta ahora como el mentor ideológico del Presidente Reagan, descargó sobre éste último tremenda catilinaria sobre sus métodos de trabajo en Centroamérica e hizo una revelación que dejó fríos a muchos. Según Goldwater, el mismo Ronald Reagan fue quien ordenó por escrito a la CIA dirigir la operación de minado de puertos y aguas territoriales de Nicaragua, acción que desde finales de febrero pasado ha dañado 12 buques de 6 banderas diferentes, 8 nicaraguenses y 4 extranjeras, incluído un carguero soviético.
El derechista senador por Arizona estaba visiblemente molesto cuando señaló el 10 de abril que para tal operación de minado -a la que llamó "acto de guerra"- no había sido él, ni su comisión, consultados ni informados previamente, como era lo debido. "¿Cómo podemos respaldar la política exterior (de Reagan) cuando no sabemos qué diablos está haciendo?", preguntó Goldwater en una airada misiva a William Casey, el director de la CIA.
Entre tanto, altos funcionarios gubernamentales -incluido el propio Casey- tuvieron que comparecer a reuniones a puerta cerrada en el capitolio, citados por los iracundos legisladores. Y lo que salió de esas audiencias fue un golpe aún más devastador que las declaraciones de Goldwater. Por 84 votos contra 12, el Senado norteamericano aprobó ese mismo día una resolución presentada por Edward Kennedy, en la que se condena la participación de Estados Unidos en el minado de puertos nicaraguenses y se rechaza la "guerra secreta" que el Presidente Reagan libra contra el gobierno sandinista.
"Terrorismo del peor", fue la expresión que el presidente de la cámara baja, Thomas O'Neill, empleó al referirse al minado norteamericano de los citados puertos, mientras que Robert Byrd, líder demócrata del Senado, acusaba a la CIA de violar la ley norteamericana al participar en dicha actividad.
Las cosas se venían caldeando en realidad desde el lunes 9 de abril cuando los legisladores leyendo los diarios se enteraron que, por primera vez en la historia del país, Estados Unidos había decidido unilateralmente desconocer por dos años la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia de La Haya respecto de Centroamérica. Para el senador Daniel Moynihan, por ejemplo, integrante demócrata de la Comisión de Inteligencia, tal medida constituyo ni más ni menos que un "atropello", a pesar que la Casa Blanca trató de justificar su determinación aduciendo que se había enterado por sus servicios de inteligencia que el gobierno de Managua presentaría una demanda en esos días -como en efecto lo hizo- contra el gobierno norteamericano tendiente a que la Corte de La Haya ordenara a Estados Unidos cesar el minado de tales aguas, pagar los daños respectivos y terminar la guerra contra ellos.
La semana anterior, el diario newyorquino The Wall Street Journal informó que la CIA había conducido tal minado de puertos utilizando para ello gentes latinoamericanas no nicaraguenses, y que la responsabilidad de tal acto había sido asumida por grupos armados antisandinistas. Al conocer tales hechos, la reacción del Congreso fue inmediata. Edward Kennedy, quien había orientado la frustrada oposición de hace dos semanas a la solicitud presidencial de 21 millones de dólares para los "contras" pronunció un violento discurso en el plenario de la cámara alta logrando el consenso que terminó en la votación mencionada.
Ante la avalancha legislativa Reagan se replegó protestando por la "gran histeria" generada en la cámara alta. Refiriéndose a la moción de Kennedy, afirmó: "Si no es obligatoria, puedo sobrellevarla". George Shultz, por su parte, trató de argumentar que el minado constituyó un acto de "defensa colectiva", al mismo tiempo que altos funcionarios de la CIA intentaban apagar el incendio indicando en privado a periodistas que la operación de las minas había terminado hacía una semana y que los artefactos fueron colocados con la sóla intención de "causar daños" a barcos, sin hundirlos ni cobrar vidas humanas.
Pero definitivamente los ánimos estaban cargados. Poco antes, el The New York Times había informado que según altos funcionarios del Pentágono existían planes estadounidenses de intervención directa en Centroamérica, noticia que fue seguida por un artículo del The Washington Post en el cual autoridades gubernamentales admitían que la operación de minado constituía parte de una "acción transitoria" a la espera de una escalada en la guerra contra Nicaragua, la cual se concretaría en caso de que Reagan lograra en noviembre la reelección.
Fuera de la reacción internacional contra el minado de puertos por la CIA, los mencionados incidentes entre Reagan y los legisladores, tendrán consecuencias a largo plazo. Algunos legisladores han comenzado ya a advertir que es probable que el Congreso se negará en el futuro a aprobar fondos adicionales para financiar las actividades de los "contras". De entrada, Thomas O'Neill aseguró que en la cámara baja serán rechazados los 21 millones de dólares que aprobara el jueves anterior el Senado y que pedirán que se reduzca a la mitad los 61 millones de ayuda de emergencia a El Salvador también aprobados ese jueves por el Senado y que deberá pasar ahora a consideración de la Cámara de Representantes cuya mayoría demócrata logró el año pasado dos votaciones favorables a la suspensión total de la asistencia a los grupos antisandinistas.
La reacción internacional ante el minado de puertos nicaraguenses, fue en sí bastante directa. Los gobiernos de Bélgica, Canadá, Alemania Federal, República Dominicana e Inglaterra rechazaron el acto, recordando que ello atentaba además contra la libertad de navegación. Claude Chesson, canciller francés llegó incluso a proponer al Grupo de Contadora denunciar el minado y hasta sugirió que París estaría dispuesto a ayudar en el proceso de remover los artefactos explosivos de tales aguas si este grupo o países del área así lo solicitaban. De todas formas el round, Reagan vs legisladores no acaba. Aunque el Presidente Reagan parece no estar preocupado por la amonestación del Senado, por no tener fuerza mandatoria, ya fue anunciado por Edward Kennedy que pronto él presentará una moción similar a la anterior conteniendo esta vez el carácter obligatorio que el jefe del Ejecutivo teme.