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El presidente de Colombia, Gustavo Petro (I) y el presidente de Nicaragua, Nicolás Ortega.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro (I) y el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega. | Foto: Foto 1: Getty Images / Anadolu Agency - Foto 2: Getty Images / Xinhua News Agency

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Sablazo del Gobierno de Nicaragua a Colombia: “eviten inmiscuirse en lo que no les concierne”

El gobierno de Daniel Ortega confiscó una universidad jesuita en Nicaragua.

Redacción Semana
21 de agosto de 2023

Ante esta declaración, la Cancillería de Nicaragua emitió un comunicado con fuertes palabras hacia Colombia.

“Ver la paja en el ojo propio y no en el ajeno, para evitar inmiscuirse en lo que no les concierne ni les concernirá, porque en Nicaragua somos libres y jamás volveremos a ser esclavos”, se lee en un apartado del texto difundido a medios de comunicación.

   Daniel Ortega, el dictador de Nicaragua, ha estado al mando de su país durante décadas sembrando el terror en los opositores.
Daniel Ortega sigue confiscando bienes a los religiosos de su país. | Foto: afp

Afirmó en su contenido que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia no es ninguna autoridad para opinar sobre lo que sucede en suelo nicaragüense y además culpó al gobierno del presidente Petro de servir a Estados Unidos, catalogado por Ortega como el imperio.

“La servidumbre de esclavos frente a los amos imperiales no encubre los propios males, la desintegración social, la narcopolítica, la corrupción crónica, el engaño, el desfalco, la estafa y el imperdonable despilfarro de la confianza y las esperanzas de un pueblo”, dice otra parte del documento.

¿Qué dijo Colombia que enfureció tanto a Nicaragua?

Desde la Cancillería de Colombia se emitió un corto pero contundente comunicado sobre la postura del gobierno del presidente Petro ante lo hecho con la universidad jesuita.

Álvaro Leyva durante su intervención en el Consejo de Seguridad de la ONU
Álvaro Leyva, canciller de Colombia. | Foto: Cancillería de Colombia

“El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia manifiesta su preocupación con la confiscación de la Universidad Centroamericana (UCA) de Nicaragua, que se concretó con un oficio del Juzgado Décimo Distrito Penal de Audiencias, Circunscripción Managua del 15 de agosto del año en curso.

Colombia manifiesta su profunda solidaridad con los estudiantes, profesores y demás personal afectado por la incautación de los bienes de la UCA que, bajo la administración de la Compañía de Jesús, es una de las principales instituciones educativas de Nicaragua.

El Gobierno de Colombia condena con vehemencia todas las medidas que limitan la libertad religiosa, de cátedra y de expresión”, dice el texto.

¿Por qué confiscó los bienes de la universidad jesuita Daniel Ortega?

El gobierno de Daniel Ortega, presidente de Nicaragua, acusó de “terrorismo” a la Universidad Centroamericana (UCA), dirigida por jesuitas, y ordenó incautar todos sus bienes materiales tras congelar sus cuentas bancarias.

Daniel Ortega
Daniel Ortega se caracteriza por decisiones que afectan a la Iglesia en su país. | Foto: AFP

La acusación, confirmada al medio opositor Divergentes por una fuente judicial y otra ligada a la universidad, no aparece en el sistema judicial, ya que se trata de un oficio, fechado a 15 de agosto, y las autoridades no suelen publicar este tipo de procesos.

La directora para las Américas de Amnistía Internacional, Érika Guevara Rosas, aseguró en la red social X, anteriormente Twitter, que esta es “otra arremetida contra los Derechos Humanos en el país, ya que la UCA “ha sido un bastión de educación progresista y en defensa del movimiento estudiantil”.

La UCA ha estado en el punto de mira del gobierno de Daniel Ortega, puesto que se ha convertido en uno de los bastiones de los manifestantes opositores desde la crisis sociopolítica iniciada en 2018, en la que murieron más de 350 personas, según datos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Managua ha disuelto este año 26 universidades, al retirar la personalidad jurídica de varias de estas instituciones, en lo que se considera una medida represiva de las autoridades, que también han cerrado partidos políticos y organizaciones no gubernamentales.