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2020, el año con más masacres en Colombia de los últimos 6

Según el informe de la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia, en el país se registraron 76 masacres a lo largo de 2020.

Según el informe de la Oficina de la Alta Comisionado de la Organización de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUHD), el 2020 fue el año con la cifra más alta de masacres en Colombia.

En el documento presentado por Juliette de Rivero, la representante en Colombia ante la ACNUDH, recopila información sobre la violencia vivida en 2020. Además, señaló que durante ese año y debido a la pandemia, la desigualdad en cuanto a accesibilidad a los servicios de salud se agravó aún más.

Entre los grupos de personas que se vieron todavía más afectadas se encuentran: las mujeres y la población rural, la afrodescendiente e indígena. También mencionó que el incremento de la violencia contra la mujer y la violencia intrafamiliar crecieron en 2020.

El texto subraya la grave situación de violencia que está afectando algunos territorios, municipios y departamentos colombianos y confirma que se registraron en total 76 masacres en las que fueron asesinadas 292 personas, incluyendo seis niñas y 18 niños.

“Desde el 2018, el número de masacres (se) ha incrementado constantemente, siendo el 2020 el año con la cifra más alta registrada desde 2014”, dijo la representante en Colombia del ACNUDH en una rueda de prensa virtual.

Actualmente, la oficina dirigida globalmente por la expresidenta chilena Michelle Bachelet está verificando otras cinco posibles masacres.

Debido a la violencia, también hay alarmantes cifras de desplazamientos masivos, que afectaron a 25.366 personas. El 76 % equivale a desplazamientos ocurridos en los departamentos de Antioquia, Chocó y Nariño.

Además, 74.312 personas sufrieron encierro por restricciones, pero no por la pandemia, sino impuestas por actores armados no estatales y grupos criminales.

Cabe resaltar que en estas regiones hay rutas de narcotráfico que las bandas criminales se disputan, por lo que la violencia es mayor que la notificada en otras zonas del territorio nacional.

Estos ataques afectan los proyectos de vida de las poblaciones y la protección de sus derechos culturales, espirituales, entre otros. Esto porque dichos territorios son habitados por campesinos, afrodescendientes e indígenas.

Por otro lado, la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia (UNMVC) aseguró que se presentó “el asesinato de 73 antiguos integrantes de las Farc-EP, para un total de 248 homicidios desde la firma del acuerdo de paz, en noviembre de 2016″.

Por si fuera poco, se verificaron 795 amenazas contra líderes sociales y defensores de derechos humanos, que continúan en estado de vulnerabilidad e indefensión, según la representante de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

Fotografía de la cancha donde ocurrieron los hechos de la masacre de El Salado.

La ONU notificó su preocupación por la falta de avances en la adopción de una política pública y criminal con respecto al desmantelamiento de las organizaciones criminales. Sobre la misma línea, asegura que es urgente adoptar esa política a través de la Comisión de Garantías de Seguridad del Acuerdo de Paz.

Frente a eso, la representante Rivero manifestó que ha estado en constante comunicación con el fiscal general, Francisco Barbosa, para acordar cooperación y asistencia técnica “en el área de desmantelamiento de estructuras criminales generadoras de violencia”.

También resaltó la importancia de los avances de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y destaca la valentía de los que están trabajando para que se conozca la verdad. En ese sentido, la experta afirma que “preocupan las afirmaciones de actores que buscan desacreditar la imparcialidad e independencia de estas instituciones y de las personas que hacen parte del sistema integral”.

Para concluir el informe, la representante asegura que 2021 es un año nuevo de oportunidades para hacerle frente a esta vulneración de derechos humanos y resalta la capacidad del Gobierno nacional para darle una solución duradera, aunque afirma que “es importante hacer ajustes para poder prevenir las violaciones de derechos humanos”.