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| Foto: Guillermo Torres

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5.733 personas fueron asesinadas o desaparecidas en ataques contra la Unión Patriótica

La JEP reveló que los hechos se presentaron entre 1984 y 2007 en todo el territorio nacional.

22 de abril de 2022

Este viernes 22 de abril, la Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) reveló el informe del caso 06 que hace referencia a los actos de violencia en contra de los militantes de la Unión Patriótica (UP).

Según el documento, entre 1984 y 2007, 5.733 personas fueron asesinadas o desaparecidas en ataques contra los integrantes de este movimiento político que nación en 1985, producto de los diálogos de paz que se realizaron en la Uribe, Meta, entre la guerrilla de las Farc y el gobierno del presidente Belisario Betancur.

La evidencia revela que, de la cifra global anteriormente citada, 5.195 eran miembros de la Unión Patriótica y 538 eran personas que no pertenecían a ese partido político, pero fueron asesinadas o desaparecidas en hechos de violencia dirigidos en contra de esa colectividad.

La magistrada Belkis Izquierdo reveló que este caso se destaca de los demás puesto que “la totalidad de sus víctimas compartían como característica central el pertenecer, militar o simpatizar” con un partido político.

En la lectura de los puntos más destacados de la investigación se concluye que la mayoría de actos de violencia contra los miembros de la Unión Patriótica fue ejecutada, principalmente, “por parte de agentes de Estado y paramilitares de forma masiva, generalizada y sistemática”.

Los ataques contra los militantes de este partido político se registraron en la mayoría de las regiones del país. Con los asesinatos selectivos se generó además zozobra en otros integrantes de este partido que optaron por buscar asilo para proteger su vida y la de sus familiares.

Un ataque sistemático

La JEP concluyó que en este macrocaso se presentó un ataque masivo, generalizado, sistemático y selectivo contra los integrantes de este partid político. Las cifras arrojan que de las 5.733 víctimas reconocidas, 4.616 fueron víctimas de homicidio y 1.117 fueron desaparecidas forzadamente.

“La Sala estableció que la violencia contra la militancia de la UP fue prevalentemente letal, pues aproximadamente dos de cada tres hechos de violencia contra ese partido se concretaron en asesinatos y desapariciones forzadas. Sin embargo, la violencia no letal estuvo lejos de ser marginal. De hecho, la segunda modalidad de victimización más reportada fue el desplazamiento forzado, con 2.217 víctimas”, explicó la magistrada Izquierdo.

El análisis de la JEP identificó un patrón “de violencia sostenida durante 23 años”. En el documento se señala que se presentaron tres momentos históricos en los que se presentaron la mayoría de los ataques en contra de los militantes de la UP: entre 1984 y 1993, con un pico entre febrero de 1988 y enero de 1989; entre 1994 y 1999, con un pico entre abril de 1996 y marzo de 1997; y entre 2000 y 2007, con un pico entre julio de 2001 y junio de 2002.

Las regiones más afectadas, según las pruebas allegadas y la recolección de datos, fueron el Ariari-Guayabero, Magdalena Medio, Urabá, Cundinamarca-Sumapaz y Tolima. “Es la primera vez que una instancia judicial recaba, sistematiza y contrasta tal cantidad de información sobre el fenómeno de victimización de la UP y establece un número mínimo de víctimas afectadas por la acción criminal”.

Para llegar a estas conclusiones se tuvieron en cuenta el informe de la Fiscalía General de la Nación (más SIJUF, SPOA e información de la Dirección de Justicia Transicional); información del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH); información de la Cancillería junto con el Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (CERAC); el registro Único de Víctimas de la Unidad de Víctimas (UARIV) y el informe de la Corporación Reiniciar.

Así como el listado que la Sala de Reconocimiento de la JEP construyó con: los datos de víctimas de la UP que viven en el exilio y que participaron en espacios de escucha realizados en conjunto con la Comisión de la Verdad; la información disponible en las acreditaciones de víctimas; y la información sistematizada de los expedientes inspeccionados en la fase de instrucción.