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Un juez será el encargado de decidir, en las dos próximas semanas, si se debe o no realizar la interrupción del embarazo, y si los involucrados deben ser llevados ante el Tribunal de Ética Médica.

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La batalla contra el aborto de un joven que quiere ser padre

Juan Pablo Medina, estudiante de décimo semestre de derecho en Popayán, ha iniciado una batalla legal para que su expareja sentimental no interrumpa su embarazo.

29 de enero de 2020

Por estos días, un tema de eterno debate en el mundo ha vuelto a encenderse en Colombia: el aborto. En la Corte Constitucional se estudia la ponencia del magistrado Alejandro Linares, que propone la despenalización de este procedimiento en las primeras 12 semanas de gestación, y por otro lado, están en trámite dos demandas de la abogada Natalia Bernal, que, por el contrario, pide la penalización en todos sus casos. 

Esto ha puesto en guardia a entidades, expertos y colectivos en contra y a favor. Y en medio de esa polémica ha surgido un caso que pone de relieve el drama humano que puede traer el tema. Juan Pablo Medina, estudiante de décimo semestre de derecho en Popayán, ha iniciado una batalla legal para que su expareja sentimental no se realice un aborto y él pueda ser padre como lo desea. “Nosotros los hombres también tenemos derecho a que nos escuchen, porque un bebé no se hace solo”, le dijo Medina a la FM.

Esta historia, tal como la cuentan él y su abogado Luis Fernando Rodríguez, comenzó en septiembre del año pasado, cuando el joven recibió la noticia que su entonces novia estaba en el tercer mes de gestación. Según dice en los meses siguientes, todo transcurrió con normalidad y los controles en la EPS Universidad del Cauca, donde ella estaba afiliada, no mostraron problema alguno. La relación entre ambos era buena, pero de repente, en diciembre, él perdió todo contacto con ella. 

En enero, un familiar de la joven le informó a Medina que se encontraban en una clínica de Cali donde le iban a realizar a ella la interrupción del embarazo porque el feto presentaba supuestas malformaciones, lo  cual -asegura Medina- no era cierto. “El bebé está en óptimas condiciones”, relató a la FM. 

Luego, el joven estudiante de derecho se enteró de que su expareja no estaba en Cali, sino que había ingresado a la Clínica La Estancia, en Popayán, para realizarse el procedimiento. Con un plantón frente a las instalaciones del centro médico, Medina y familiares exigieron que no se llevara a cabo la IVE (interrupción voluntaria del embarazo).

La expareja logró llegar a este punto porque en Colombia el aborto se puede practicar cuando se cumpla alguna de las tres causales contempladas en la sentencia C-355 del 2006: malformaciones en el feto que haga inviable su vida, violación o si el embarazo presenta un riesgo para la salud física o psicológica de la madre. Esto no significa que el aborto sea legal sino que blinda penalmente a quienes lo realizan bajo una de estas tres causales.

Medina asegura que en el caso de su exnovia no se daba ninguna de estas causales y que ella habría tomado la decisión de buscar la IVE por presión de sus familiares. Sin embargo, el aborto no se produjo porque la EPS Universidad del Cauca no estuvo de acuerdo con hacerlo, precisamente por incumplimiento de las condiciones establecidas en la sentencia del 2006. 

La familia de la exnovia no se dio por vencida y recurrió a Profamilia, entidad que se encuentra a favor del aborto, la cual aceptó realizar el procedimiento, pero dado al avanzado estado de gestación -séptimo mes- determinaron que el procedimiento debía realizarse en Bogotá.

El concepto de Profamilia para justificar el IVE es que este embarazo conlleva un riesgo para la salud mental de la embarazada, que ha amenazado con quitarse la vida en caso tal que no se realice el aborto. Medina pide que se establezca quién hizo la valoración psicológica, ya que sospecha que nunca se realizó. 

El abogado Rodríguez interpuso una acción de tutela contra la mujer, la Clínica La Estancia de Popayán, la Superintendencia de Salud y ahora Profamilia, ya que “existen conceptos contradictorios entre la EPS y Profamilia”. 

Un juez será el encargado de decidir, en las dos próximas semanas, si se debe o no realizar la interrupción del embarazo, y si los involucrados deben ser llevados ante el Tribunal de Ética Médica.

“La acción judicial busca proteger la vida del bebé y que el derecho fundamental de Juan Pablo de ser padre no sea vulnerado -explica el abogado Rodríguez-. Él ha sido muy valiente. Gracias a él ese bebé sigue con vida”.