Alcaldía paralela

El pasado sabado 21 de julio el alcalde de Barranquilla, Humberto Caiafa, se presentó a primera hora en las instalaciones del DAS de su ciudad para cumplir una orden de arresto por un día que le había impuesto un juez por desacatar un fallo de tutela. Esta sanción fue el desenlace de una larga historia que empezó hace poco más de un año cuando la anterior administración de Bernardo Hoyos decidió privatizar —ni más ni menos— la administración de impuestos mediante un controvertido contrato de concesión que el actual alcalde quiere revocar a toda costa.

La historia de este contrato empezó el 31 de mayo del año pasado cuando el Concejo Distrital le dio autorización al entonces alcalde Hoyos para abrir una licitación pública con el objetivo de contratar, hasta por 20 años, la gestión de recaudo de los tributos locales. El 7 de septiembre siguiente se abrió la licitación, en la que se establecía como requisito que el concursante que ganara debería entregar a la administración Distrital 7.000 millones de pesos. De esta suma, 2.000 millones correspondían a una prima que el contratista debía pagar a cambio de ganarse el derecho a recaudar los impuestos y los restantes 5.000 millones eran un adelanto de recaudos tributarios futuros.

Estas condiciones de la licitación fueron muy controvertidas. Primero, porque si el contratista le iba a dar al Distrito un avance de sus ingresos fiscales futuros eso equivalía a un préstamo, y la administración de Barranquilla no tenía autorización del Ministerio de Hacienda para endeudarse más. Y segundo, porque si había que pagar una suma tan elevada para acceder al contrato no iban a ser muchos los interesados en concursar. Y en efecto así ocurrió, pues sólo se presentaron dos firmas a la licitación.

Al final, y a pesar de un concepto del Ministerio de Hacienda con objeciones de fondo frente a la licitación, la alcaldía de Hoyos siguió adelante y el contrato se adjudicó en noviembre del año pasado a una firma llamada Inversiones Los Angeles Ltda.



Mal negocio

Los funcionarios de la actual administración de Barranquilla denunciaron numerosas irregularidades en el contrato. Una de ellas es que la firma contratista tiene como principal objeto social la “comercialización y manejo de las ventas en el exterior de productos de la agricultura y la ganadería industriales y anexos”, según consta en el certificado de la Cámara de Comercio conocido por SEMANA. Es más, la administración de Caiafa encontró que Inversiones Los Angeles está atrasada en el pago de su propio impuesto predial desde 1999.

No menos grave es el hecho de que, una vez adjudicado el contrato, se modificaron las condiciones del mismo con respecto a lo que había en el pliego de la licitación. El detalle que se cambió fue que el contratista ya no tenía que pagarle al Distrito los 7.000 millones al inicio de la concesión.

El contrato también ha sido criticado por lo caro que le resulta al Distrito. Según lo pactado, Inversiones Los Angeles se quedaría con el 9,2 por ciento de los recaudos de impuestos locales durante los próximos 20 años. Y si el contratista logra recuperar cartera de contribuyentes morosos se podría quedar con el 15 por ciento de lo recobrado.

En plata blanca esto significa, según datos de la Secretaría de Hacienda, que si se cumplen las metas de recaudo y recuperación de cartera en 2001 Inversiones Los Angeles habría recibido este año entre 8.000 y 9.000 millones de pesos. Hacer este mismo trabajo le ha costado al Distrito menos de 100 millones de pesos en lo que va del año de acuerdo el secretario de Hacienda, Ciro Avila.

Más allá de esto se ha cuestionado la naturaleza misma de la concesión. Esta figura normalmente se usa para permitir que el sector privado participe en la prestación de servicios públicos o en proyectos de infraestructura pero nunca se había visto una concesión de la administración de impuestos, que implica entregarle toda la información que sobre los bienes e ingresos de los ciudadanos tiene el Estado a un particular. Sería como contratar a una empresa privada para que cumpla todas las funciones de la Dian.



Los tropiezos

Desde su llegada a la Alcaldía Caiafa ha intentado deshacerse del contrato con Inversiones Los Angeles. Su principal argumento es que el contrato tiene un objeto ilícito puesto que las actividades propias de la administración de impuestos —como la fiscalización, las citaciones o el cobro coactivo— son una función pública indelegable.

“Y cuando un contrato tiene un objeto ilícito el funcionario responsable tiene la obligación legal de darlo por terminado unilateralmente”, dice Caiafa. Eso fue precisamente lo que hizo el alcalde el pasado 28 de febrero.

Sin embargo el asunto se ha enredado desde esa fecha. David Char, representante legal de Inversiones Los Angeles, interpuso una tutela invocando el derecho al debido proceso. Su argumento era que el alcalde no podía terminar unilateralmente el contrato hasta que un juez no declarara la nulidad del mismo. Aunque en una primera instancia el fallo favoreció a Inversiones Los Angeles, posteriormente el asunto se resolvió a favor de Caiafa, quien sostiene que la ley 80 de contratación administrativa lo obliga a terminar el contrato sin que haya que esperar a que se declare su nulidad.

En todo caso en los últimos meses ha habido varios fallos de primera y segunda instancia sobre esta y otras tutelas interpuestas por los representantes de Inversiones Los Angeles. Por desacatar uno de ellos un juez sancionó al alcalde con 20 días de arresto el pasado mes de junio. Después el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla revocó esta sanción. Pero otra de las tutelas, por no atender una petición de información, prosperó y el alcalde finalmente fue sancionado con un día de arresto, que cumplió el 21 de julio pasado.

Pero el mandatario no está solo en este asunto. La Fundación Protransparencia del Atlántico ha anunciado una acción popular para revocar el contrato y el Comité Intergremial del departamento también ha expresado su oposición a la concesión de los impuestos y su apoyo al alcalde en este asunto.

A pesar de los enredos jurídicos el contrato no se ha ejecutado y el Distrito está recaudando los tributos normalmente. Ya se agotaron todas las instancias para los fallos de tutela y sólo falta esperar que la autoridad competente se pronuncie sobre la nulidad del contrato.