Las amenazas contra los testigos del caso Uribe

En el expediente contra el expresidente Álvaro Uribe, hoy con orden de detención domiciliaria, hay varios testigos clave. Se trata de exparamilitares que habrían recibido prebendas para declarar a favor del exmandatario. Dos de ellos han denunciado amenazas que incluyen a sus familias. Otro fue asesinado hace dos años. 

Juan Guillermo Monsalve es uno de los principales de todo este proceso. Su nombre es importante porque es el hijo del mayordomo de la hacienda Guacharacas, que fue propiedad de los Uribe Vélez y donde murió Alberto Uribe, el padre del expresidente. Según el testimonio de varios exparamilitares, allí se conformó el Bloque Metro de las autodefensas, algo que Álvaro Uribe ha rechazado constantemente. 

Monsalve ha dicho que los hermanos Uribe Vélez, con Juan Guillermo Villegas y Santiago Gallón, crearon un grupo armado con base en esa propiedad, y que él hizo parte del mismo. En esa misma línea ha dicho que esa estructura fue la que ejecutó crímenes como la masacre de San Roque en 1996.

Monsalve ahora asegura que en 2017 lo buscaron por dos vías para que cambiara ese testimonio que afectaba al expresidente, y dijera que había sido manipulado por el senador Iván Cepeda. Por un lado, lo contactó el representante a la Cámara del Centro Democrático, Álvaro Hernán Prada, y por otro, el abogado Diego Cadena. 

Monsalve, que está preso por su pasado paramilitar, ha sido víctima de ataques. En 2012 lo acuchillaron en la cárcel de Cómbita, y tuvo que ser trasladado. Al año siguiente, encontraron una sustancia venenosa en su celda. Hoy tiene protección especial y está recluido aparte del resto de reclusos. 

Dayanira Gómez, la esposa de Monsalve, se fue del país luego de recibir amenazas. Ella también tiene un rol importante en el caso, pues recogió pruebas de los contactos que hizo Diego Cadena. La Fiscalía asegura que el abogado intentó voltear el testimonio de Monsalve ofreciéndole un recurso jurídico sobre su condena o ayudándolo a que entrara a la JEP.

En abril de 2018, cuando el caso Uribe-Cepeda apenas comenzaba en la Corte, otro exparamilitar fue víctima de un ataque. Carlos Enrique Areiza fue asesinado en Bello. Él era testigo en un caso de parapolítica contra Luis Alfredo Ramos y la Corte había ordenado que se le protegiera, pues estaba vinculado al caso por el que hoy está detenido el senador Uribe. 

Areiza había dicho que Cepeda le había ofrecido 100 millones de pesos para incriminar a Uribe y su hermano Santiago, procesado por la creación del grupo Los Doce Apóstoles. Sin embargo, luego desmintió los señalamientos contra Cepeda. La Corte investigaba la autenticidad de una carta que habían enviado de parte de Areiza con la acusación contra el senador del Polo Democrático. 

“Carlos Areiza era un bandido. Murió en su ley. Areiza es un buen muerto”, trinó el expresidente tras la muerte de Areiza. El tsunami de indignación generado por esto llevó a que Uribe aclarara que esas no eran sus palabras, sino de terceros, por lo cual estaban encabezadas por la palabra ‘comunidad’ y arrancaban con unas comillas. Finalmente pidió que la Fiscalía aclarara rápidamente el asesinato de Areiza.

El otro testigo clave del caso contra Uribe y Cadena es Carlos Enrique Vélez. Según la Fiscalía, Cadena visitó la cárcel de Palmira el 18 de julio para prometerle a Vélez 200 millones con el fin de que declarara falsamente ante la Corte Suprema. Se hicieron entregas de dinero que en total suman 48 millones. El fiscal detalló que fueron varios pagos y que la plata la recibieron el hijo de Vélez, la hermana y otros familiares. 

Cadena ha dicho, por su parte, que no se le entregó tal cantidad, y que las pequeñas sumas que se le dieron al testigo fueron por razones humanitarias.

Ricardo Diosa, sobrino de Vélez, dice que él recibió 10 millones de ese paquete de pagos. En sus declaraciones ha dicho también que tanto él como el hijo de Vélez han recibido amenazas, en las que les dicen que el testigo tiene que dejar de hablar en contra del expresidente. Esos supuestos hostigamientos ya son investigados por la Fiscalía. 

Estos testigos tienen un pasado criminal que lleva a suponer que pueden ser víctimas de ataques de distintos lados. Pero sin duda, que sean fichas en un expediente que toca tantas fibras del poder hace necesario que sus vidas sean protegidas con todas las medidas posibles.