Barranquilla debate el futuro del viejo fuerte

La suerte de ese valioso terreno de 51 hectáreas ha despertado toda clase de pasiones y suspicacias mediáticas en las últimas semanas en la Arenosa. Todo comenzó cuando se hizo público el convenio que la Alcaldía firmó con el Ministerio de Defensa y la Constructora Bolívar para trasladar el Batallón de Policía Militar Número 2, ubicado en el barrio Paraíso. 

Esta guarnición, domiciliada en una de las zonas más pobladas y apetecidas de la ciudad, se trasladará a Puerto Colombia en una operación que costará 240.000 millones de pesos. Para financiarla, se acordó reservar 17 hectáreas para un plan de renovación urbano de vivienda, comercio y servicios y construir en las 34 restantes un parque.

La idea venía cocinándose desde 2013, cuando la entonces alcaldesa, Elsa Noguera, la propuso al Ministerio de Defensa. El proyecto incluiría ampliar las vías paralelas y darle continuidad a las carreras 65 y 72, que chocan con el Batallón de Policía Militar. La idea de tener un pulmón verde público es un anhelo de las últimas dos administraciones, porque la ciudad tiene solo 80 centímetros de metro cuadrado de zonas verdes por habitante, un índice muy bajo si se tiene en cuenta que una ciudad como Bogotá tiene 6 metros, mientras la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda 18.

Pero el senador José David Name azuzó la polémica al afirmar que no le quedaba claro el proceso adelantado por el ministerio y la Agencia Inmobiliaria Virgilio Barco para decidir la suerte de ese batallón y escoger la constructora que va a adelantar un gigantesco proyecto urbanístico, “que se vislumbra como el más grande complejo tugurial a orillas del río Magdalena”. A esto se suman otras voces que piden que todo el terreno se convierta en un gran parque metropolitano.

Estas críticas generaron una airada respuesta del alcalde Alejandro Char, quien afirmó que el Distrito se había ganado un parque de 34 hectáreas sin invertir un solo peso, y que el proyecto de viviendas y vías obedece a un plan general de renovación urbana. A su vez, el vicepresidente Germán Vargas Lleras  dijo que el proceso ha sido totalmente transparente y advirtió que el nuevo batallón demanda unos recursos que ni el Estado ni la ciudad tienen para financiarlo. 

La Lonja de Barranquilla avaluó el terreno y las instalaciones en 215.000 millones de pesos. Sin embargo, el Ejército necesita una nueva sede y no tiene los recursos, y la ciudad quiere un terreno que tampoco tiene cómo comprar. La fórmula es que Constructora Bolívar financie el proyecto a cambio de construir, sobre la calle 79 y a orillas del arroyo del Country, viviendas para estrato 4 y 5, lo que permitirá financiar toda la operación. 

El presidente de la Sociedad de Arquitectos, Alfredo Gómez, dijo que el Distrito nada se ganó, que esas 34 hectáreas corresponden a las dos terceras partes que por ley deben cederle a la ciudad al hacer el cambio de uso de institucional a residencial y comercial, y que además la ley obliga trasladar los batallones fuera de las ciudades.

La secretaria de Planeación, Margarita Zaher, dijo que se han publicado 25 notas periodísticas en las que se habla del proyecto desde 2013, que se trata de un plan que está en su etapa inicial y que la ejecución del mismo podría tardar unos diez años, incluyendo la construcción del nuevo batallón, la adecuación del terreno para el parque. Las vías y el parque requerirán de una inversión de 129.000 millones de pesos. “Este es uno de los proyectos más ambiciosos en materia de espacio público y movilidad”. 

Claudia Luque, directora de la Agencia Virgilio Barco, dijo a SEMANA que hasta ahora solo se ha firmado el convenio entre el Distrito de Barranquilla, la Empresa de Desarrollo Urbano (Edubar), el Ministerio de Defensa y Constructora Bolívar, que consiste en trasladar el batallón a una nueva sede, construir unas vías para mejorar la movilidad y un parque para brindar a la ciudadanía más zonas verdes.

A pesar de las explicaciones, no está claro si la ampliación de las vías se hará en las 34 hectáreas que le corresponden al Distrito o si el constructor debe hacer una cesión adicional en las 17 hectáreas que se reserva para vivienda y zonas comerciales. Si se las quitan al parque, este tendría 3,5 hectáreas menos. 

Lo cierto es que la ciudad y la Nación parecen tener una fórmula en la que todos ganan. Las otras alternativas dependen de que los barranquilleros paguen por el terreno con más impuestos, algo aún más difícil de lograr. Lo importante es que no se permita una densidad desproporcionada que termine arruinando el que será el nuevo gran parque de la ciudad.