Bogotá y Managua: el pulso del siglo

Colombia está ad portas de ponerle punto final a una de las disputas limítrofes más antiguas en su historia. En el solemne salón de la Corte Internacional de Justicia, con sede en la Haya, ante los 15 magistrados de igual número de países que la integran, los equipos jurídicos enviados desde Bogotá y Managua se están jugando sus últimas cartas. Las audiencias públicas comenzaron la semana pasada.Nicaragua presentó sus argumentos el lunes y martes y Colombia, los suyos, el jueves y viernes. La ronda final será esta semana: el primero habla el martes y el segundo, el viernes (puede ser visto en directo vía streaming en el sitio de internet de la Corte).

La buena noticia para Colombia es que la soberanía sobre el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina no está en riesgo. Así lo dejó claro la propia Corte Internacional de Justicia en una primera decisión, en diciembre de 2007. En esa oportunidad ratificó el tratado Esguerra-Bárcenas, que firmaron los dos países en 1928, en el cual se dice expresamente que estas islas le pertenecen a Colombia. La noticia menos buena es que el Máximo Tribunal sí está definiendo -y su veredicto debe darse en los próximos meses- a cuál de los dos países le pertenecen los cayos de Roncador, Quitasueño, Serrana, Serranilla, Bajo Nuevo y Alburquerque y, más que ellos, una franja de mar que puede llegar a ser de 50.000 kilómetros cuadrados. Algo así como lo que fue la zona de despeje del Caguán. En otras palabras, la Corte decidirá si el famoso meridiano 82 sigue siendo el límite entre los dos países.

La razón para que la Corte Internacional no resolviera todo el lío en un solo paquete, en su decisión de 2007, es muy sencilla. El tratado Esguerra-Bárcenas, el mismo que ratificó la Corte, por un lado dice expresamente que "Nicaragua reconoce la soberanía y pleno dominio de Colombia sobre las islas de San Andrés, Providencia, Santa Catalina y todas las demás islas, islotes y cayos que hacen parte de dicho archipiélago de San Andrés". Sin embargo, a renglón seguido hace una advertencia que es la que ahora tiene a Colombia y Nicaragua en el pleito: "No se consideran incluidos en este Tratado los cayos de Roncador, Quitasueño y Serrana; el dominio de los cuales está en litigio entre Colombia y Estados Unidos".

La historia de por qué esos cayos estaban en litigio cuando se firmó es casi macondiana. Un gringo llamado James W. Jennet, que se tomó muy a pecho aquello del espíritu imperialista, reclamó esos cayos para Estados Unidos en 1869 por una curiosa ley que le permitía a cualquier ciudadano de ese país tomar posesión de las islas que tenían depósitos de guano. La única condición es que no estuvieran en jurisdicción de otros gobiernos. El guano es la acumulación de excrementos de aves marinas y focas, que se usa como fertilizante, y a mediados del siglo XIX era tan apreciado que en países como Perú llegó a hablarse de La Era del Guano.

Fue por ese reclamo que durante más de un siglo se mantuvo la ambigüedad sobre la propiedad de los cayos y solo en 1972 Bogotá y Washington firmaron un tratado (el Vásquez-Saccio), Estados Unidos reparó el daño y dejó claro que eran colombianos.

Sin embargo, para cuando eso quedó claro ya Nicaragua estaba envalentonada. Mientras el ministro de Defensa de Colombia visitaba los cayos, un grupo de periodistas nicaragüenses visitaba Quitasueño y ondeaba allí la bandera azul y blanca. Y en 1979, cinco meses después de que cayó la dictadura de Somoza, el primer grito de soberanía del gobierno sandinista se inspiró en este caso. Por eso, para muchos, el verdadero litigio entre los dos países comenzó en ese entonces, hace poco más de 30 años. En los primeros lustros se mantuvo una suerte de guerra fría, de provocaciones de Nicaragua y de amenazas a Colombia. Sin embargo, los 'nicas' finalmente demandaron ante la CIJ en 2001, bajo el gobierno de Arnoldo Alemán, luego de que Colombia ratificó con Honduras (en 1999) un tratado de límites en el Caribe que era difícil de digerir para Managua.

Desde entonces la tensión está al rojo. Y se acentuó con la llegada de Daniel Ortega al poder, que durante meses no ahorró cuerdas vocales para arremeter contra Colombia. Hace unos tres años, cuando la relación entre Bogotá y Caracas entró en crisis profunda, Ortega hacía continuos actos de provocación al país.

A pesar de todo eso la situación hoy es la misma: Colombia ejerce en la práctica la soberanía y jurisdicción sobre los cayos. Por ejemplo en Quitasueño, el arrecife coralino más grande de la zona (60 kilómetros de largo por 20 de ancho), que se sumerge durante la marea alta, tiene instalado un faro de ayuda para la navegación, a cargo de la Armada.

¿Qué puede pasar?

Cuando el presidente de la Corte, el eslovaco Peter Tomka, dio el lunes pasado la palabra, las dos partes comenzaron a jugarse a fondo. El embajador de Nicaragua en Holanda, Carlos José Argüello, agente principal de su país en este caso, trató de demostrar que el tratado que le dio control a Colombia sobre los cayos (el Esguerra-Bárcenas de 1928) fue firmado mientras Nicaragua estaba bajo la ocupación militar de Estados Unidos (1927-1933). En sus declaraciones a los medios, Argüello fue más explosivo: "Colombia quiere encerrarnos en menos de 100.000 kilómetros a nosotros y quedarse con más de 200.000 kilómetros cuadrados, ese es el principal tema que está en juego".

El jueves y viernes, cuando le tocó el turno a Colombia, tomó la palabra el excanciller Julio Londoño y sostuvo que "todas las islas, islotes y cayos que ahora reclama Nicaragua ante la Corte, forman parte del Archipiélago de San Andrés, zona donde Colombia ha ejercido soberanía de una manera efectiva, pacífica e ininterrumpida por cerca de dos siglos". Y agregó que en toda la historia esas islas y cayos del Archipiélago siempre se han considerado como una unidad.

¿Qué puede pasar? Colombia tiene todos los argumentos históricos para quedarse con los cayos y las zonas submarinas adyacentes. Pero la Corte Internacional de Justicia ha tenido jurisprudencia reciente en la que ha aplicado cierto criterio de favorecer a naciones que consideren estén en desigualdad de condiciones. Por eso, sobre el fallo final, que será definitivo e inapelable, nada está escrito.

En el país se creó cierta expectativa pesimista por las declaraciones de la canciller María Ángela Holguín en rueda de prensa a principios de la semana. Si bien, al leerlas con detenimiento, no hizo más que decir lo que el sentido común indica, en la cartilla diplomática el solo hecho de que haya tocado el tema es considerado un error. Algunos interpretaron sus palabras como una aceptación de que Colombia podría perder algo. "El gobierno tiene claro que pueden pasar cosas, (...) vamos a aceptar el fallo de la Corte y esperamos que Nicaragua haga lo mismo", dijo. Y luego agregó: "Nadie está preparado para que digan 'este pedacito ya no es de ustedes', tenemos que tener la mente en que cualquier cosa puede pasar en esas posiciones salomónicas que ha tenido la Corte", dijo.

Hasta ahora Colombia ha salido invicta en este caso. Desde hace un siglo, cuando calmó las molestias que comenzaron en 1913 con el Tratado Esguerra-Bárcenas de 1928 hasta la decisión de 2007 de la CIJ que lo ratificó, la gran mayoría de las decisiones han favorecido a Colombia.

Los cayos, en últimas, son apenas una referencia geográfica. Más allá de estos hay poderosas razones económicas y de seguridad en juego con este fallo. El interés de las petroleras por los recursos que allí se pueden encontrar es tal que solo están pendientes de la decisión de la Corte para comenzar. Y en materia de seguridad, el dominio territorial sobre el Caribe es un activo tan fundamental que por algo Colombia diseñó en la segunda mitad del siglo XX toda una estrategia para consolidar su presencia en él.