Carcelitis

LA SEMANA PASADA CONdenaron a Carlos Ossa a dos días de cárcel por consumir marihuana. El ex miembro de la junta directiva del Banco de la República llegó sonriente a la Cárcel Distrital en medio de una maraña de cámaras de televisión y de reporteros gráficos. Su comentario a los medios de comunicación fue que ha
bía decidido cumplir su condena de miércoles a viernes para poder ver, ya en su casa, el partido de fútbol del domingo.
lndependientemente de la posición que se tenga frente al caso Ossa, lo que es un hecho es que en la última década el encarcelamiento de miembros de la clase dirigente se ha convertido en algo relativamente usual para los colombianos.
La semana anterior al carcelazo de Ossa, el parlamentario Leovi gildo Gutiérrez fue detenido en el Congreso y recluido en las celdas de un organismo de seguridad. Dos meses atras había sido Juan Carlos Pastrana, por su irrespeto al fallo de un juez. Y poco tiempo antes había tenido lugar el caso de Juan Martín Caicedo y los concejales. Y todo esto sólo en el último semestre.
Pero si bien es cierto que todas estas noticias ya no causan mayor sensación, es difícil imaginarse otro país del mundo -fuera de Italia- donde en seis meses desfilan por la cárcel el alcalde de la capital, directores de medios, hijos de presidentes, parlamentarios, concejales y responsables de la política monetaria.
Si la situacion es así en el campo de la política, en el mundo de los negocios la cosa no ha sido menos impresionante.
Jaime Michelsen, uno de los tres hombres más importantes del sector privado hace 10 años, estuvo detrás de las rejas.
Félix Correa, estrella fugaz del mundo financiero antioqueño, tambien cayó. El cafetero Alberto Duque, y los Picas también pasaron por esas. Y no faltaron los grandes apellidos de abolengo, como Mosquera, Pombo y muchos otros.
Hace 30 y 20 años, a nivel de la alta clase social pasar por la cárcel dejaba una gran marca. El pionero en este campo fue Alvaro Mutis, quien en los años 50 fue acusado por la Esso de girar dineros destinados a otras de beneficencia a favor de entidades inexistentes. Finalmente, tres años después fue detenido en México, donde pasó 15 meses en la cárcel de Lecumberri. García Márquez, en su disurso de la scmana pasada, haciendo referencia al caso, se expresó en los siguientes terminos "Estuvo allí por un delito del que disfrutamos todos los escritores y artistas, y que sólo el pagó".
Mutis, por su parte, es tan filosófico como Maqroll sobre su experiencia y puntualiza que el episodio no tuvo mayores consecuencias ni en su personalidad ni en su vida. Para mí fue una lección espléndida. Yo siempre me consideré totalmente inocente, pero al entrar a la cárcel descubrí que todos los que estaban allí también eran inocentes. Esa frase, por salir de labios de quien es reconocido como uno de los grandes intelec tuales colombianos, no es de poco peso. En todo caso, Alvaro Mutis ha sido objeto de la mayor reivindicación posible al ser la primera persona que haya pagado una condena y, posteriormente recibido la Cruz de Boyacá.
El otro gran caso famoso de la sociedad bogotana ocurrió en los años 60. Se trataba de Alberto Samper Gómez, miembro de una de las familias más tradicionales del país y expresidente de Bavaria. Esto fue acusado de prevaricato como árbitro de un pro ceso entre la nación y la Electrificadora del Atlántico, y por ello pasó cerca de dos años en La Modelo. El cargo era dudoso e insignificante comparado con las cosas que se ven por estos días. En su momento, sin cmbargo, representó una conmoción social y una tragedia familiar que hoy no suscitaría ni un carcelazo por narcotráfico.
Alberto Santofimio fue tal vez el primer candidato presidencial en pasar por la cárcel. El manejo de unos contratos desde la Presidencia del Senado, con acusaciones de cédulas falsas, le valieron cinco meses de detención precautelativa en la Estación 11 de Policía. Por esas paradojas que suceden, desde la cárcel sacó una de las votaciones más altas del país para el Congreso y también la más grande de su vida. Con el tiempo, sin embargo, su carrera como jefe político del Tolima sobrevivió, pero no su carrera como presidenciable .
La correlación entre carcelazo y éxito electoral parcce ser más bien una constante que un caso aislado. Juan Martín Caicedo, quien está contemplando la posibilidad de lanzarse al Senado, está de primero en las encuestas y barre a todos sus rivales. Y aunque no se conocen todavía encuestas sobre Carlos Ossa y su cacho de marihuana, hay quienes apuestan a que tiene por lo menos el doble de votos que tendría si no se hubiera visto envuelto en esa controversia.
Claro está que todos los casos son diferentes y no pueden ser considerados harina del mismo costal. Una cosa es fumar marihuana y otra exportar cocaína.
Una cosa es poner su firma en un decreto aprobando auxilios, y otra cosa es embolsillárselos. Y en cuestiones financieras, una cosa es quebrar, y otra robarse la plata. En algunos casos, justos han pagado por pecadores, pues a veces es precisamente por poner la cara que se termina en la cárcel.
Pero aunque cada historia sea distinta, en el carrusel de carcelazos que ha venido registrando la opinión pública no siempre resulta fácil entender las diferencias y evaluar detalladamente cada caso.
La gran pregunta es cómo se llegó a esta situación. ¿Significa la ola de carcelazos que existe más corrupción, o que hay mayor eficacia en la aplicación de la justicia? Sobre esto las interpretaciones son múltiples. Para Juan Martín Caicedo, quien vivió el fenómeno en carne propia, la explicación es muy sencilla: " Como el establecimiento judicial no funciona y las cifras de impunidad son escandalosas, se ha recurrido a la justicia-espectáculo.
Esta consiste en compensar la falta de investigación con de tenciones que generen titulares de prensa". Las estadísticas en parte le dan la razón. En la actualidad, el 60 por ciento de los detenidos en Colombia recobra la libertad sin que se le resuelva su situación jurídica. La otra cara de la moneda es que, aunque estas cifras son bastante desalentadoras, son superiores a las que había antes de la creación de la Fiscalía.
Por su parte, el magistrado de la Corte Suprema, Edgar Saavedra, considera que una confluencia de factores políticos y jurídicos han contribuido a un desbordamiento de una supuesta lucha contra la corrupción. Casos como el del apagón, con el Guavio y las barcazas, han generado una ola de indignación ciudadana como no se veía en el pasado. Simultáneamente, el estreno de la nueva Constitución ha producido cambios institucionales que han creado desajustes y un estado de ánimo más desafiante y contestatario por parte de la opinión pública."La Corte ha estudiado 50 denuncias penales contra parlamentarios. De éstas, solo una se ha traducido en una medida de aseguramiento. El resto no tenía justificación. Pero los políticos tienen muchos enemigos, y la gente cree que con las nuevas instituciones les puede cobrar", agrega Saavedra.
Como resultado de todo esto, nunca antes había estado tan baja la imagen de la clase dirigente colombiana y la de sus instituciones. Esto lo confirma el estudio más grande que se ha realizado hasta la fecha sobre qué piensan los colombianos, con lo publicado en estos días por el Centro Nacional de Consulto ría. En ese estudio se demuestra que cerca del 70 por ciento de los colombianos no siente confianza ni por el Congreso ni por la Policía ni por los jueces. Igualmente, un estudio comparativo entre Colombia y otros países latinoamericanos, realizado por Cambio 16 acerca de la credibilidad de las instituciones, de mostró que Colombia está en uno de los últimos lugares.
Por todo esto, la ola de carcelitis que se está viviendo en el país tiene más alcance quc el folclorismo con que se puede percibir individualmente cada caso. A nivel de un coctel, en el norte de Bogotá, puede hacer carrera el chiste de que "aquí no se le niega un auto de detención a nadie"; pero para el ciudadano común y corriente la conclusión es que vive en el país más co rrompido del mundo.