informe especial

Carteles mexicanos acechan al Catatumbo

La disputa por el control de las economías ilegales, financiada ahora por carteles mexicanos, tiene entre la espada a la pared a la población civil que tiene que dejarlo todo y salir de su tierra para cuidar su vida.


En el Catatumbo hay un nuevo jugador en el control del narcotráfico. Se mueven con sigilo, se encargan de negociar, “hacen lo que tienen que hacer y se van”. Se trata de los carteles mexicanos. En estas tierras encontraron una mina de oro, allí prosperan los cultivos de coca y los cristalizaderos, no hay ley ni dios, y lo más importante: se encuentra la frontera con Venezuela, tan indomable con sus 2.200 kilómetros de extensión.

Los mexicanos ponen plata y armas, y le dejan la guerra a los otros grupos que ellos mismos financian. El más conocido en la zona es el cartel de Sinaloa, pero también opera Jalisco Nueva Generación. Según la Fundación Paz y Reconciliación, Pares, el control está dividido así: Sinaloa controla Tibú y Sardinata, y comercializa por Puerto Santander, uno de los municipios más convulsionados por su cercanía a Zulia. Mientras que Jalisco Nueva Generación hace presencia en El Tarra.

“Uno no ve mexicanos por acá, pero ellos le pagan a los colombianos para que les cuiden las tierras y les saquen la droga”, dice una fuente de la zona. Los carteles mexicanos serían casi una leyenda de no ser porque las autoridades reconocen que están allí. En septiembre de 2019 la Segunda división del Ejército Nacional encontró marquillas de los carteles mexicanos al desmantelar un cristalizadero en zona rural de Ábrego, que producida cuatro toneladas de clorhidrato de cocaína cada mes. Recientemente en una operación en zona rural de en Puerto Santander, golpearon a Los Rastrojos, dedicados a las alianzas de narcotráfico “principalmente con carteles mexicanos”.

Esta se ha convertido en una batalla a muerte por el control de las rutas del narcotráfico. En el Catatumbo se habla de “ellos y aquellos”, los que andan en guerra, todos entienden a quién se refieren y hablan bajito para que no los oigan. Rrecuerdan muy bien una fecha: marzo de 2018, cuando inició una disputa entre el ELN y el reducto del EPL que los tiene en medio de las balas. En ese entonces, el EPL —los Pelusos, como los llama el Estado— declaró objetivo militar al ELN. Su historia de camaradería se acabó. Con la muerte de Megateo en 2015, y la captura de David León en 2016, el EPL perdió su pretensión de formación política-militar. Diezmados empezaron a reclutar jóvenes, los atraían con plata, motos y pistolas. A algunos jovencitos les hacían fiestas de despedida antes de llevarlos al monte.

Con la salida de las Farc de la zona, y el inicio de la implementación del acuerdo de paz de La Habana, en el Catatumbo se rompió el orden ilegal que se construyó a través de muchos años de guerra. Las zonas donde mandaba las Farc, sus rutas de narcotráfico, quedaron sin dueño. Ahora se las disputan los elenos y los Pelusos. El EPL se volvió a meter a Hacarí, Ábrego y La Playa de Belén. “Eso es así como cuando uno tiene dos gallos peleando”, dice Javier*, un hombre recio que ha soportado el conflicto y sobrevivió a una mina que le afectó el oído, pero le dejó sus piernas completas.

Es febrero, su esposa está embarazada y él no tiene trabajo desde hace tres meses. Su voz casi suena como una disculpa cuando explica que no puede trabajar en la ciudad. Hubo una posibilidad, en una ladrillera le ofrecían trabajo para retirar tierra con una pica y una pala, pero le pidieron diploma de bachiller. Javier solo estudió hasta tercero de primaria.

En una silla de un comedor prestado, de una casa en la que paga 300.000 pesos por vivir con su familia, recuerda lo que vivió en Mesitas, corregimiento de Hacarí. En las noches no podían dormir. No había día en que no escucharan una explosión, un tiro, así que por siete meses salían de su casa por las noches y se refugiaban en una escuela cercana. El EPL se había apoderado de su casa, allá vivían a sus anchas y Javier no podía decirles que se fueran. La noche del 31 de octubre de 2019 con hubo un enfrentamiento entre los dos grupos ilegales, Javier y su familia huyeron con lo que tenían puesto. En un bolso se llevaron algunas cosas, pero perdieron marranos y 85 pollos, , ahora no tienen ni para comer. Alcanzaron a llegar hasta otra vereda y después a Hacarí, pero todavía era peligroso, así que se mudaron a otro pueblo. El mismo destino tuvieron unas 30 familias de Mesitas.

Las cifras de desplazamiento forzado en el Catatumbo son de las más graves de el país. En 2018 fue la más alta, con 12.000 personas desterradas, superando de lejos a Nariño, con 4.000 casos, según la Unidad para las Víctimas. Desde 2015 hasta 2019 se registraron 49 desplazamientos masivos, es decir, en los que resultan afectadas más de 50 personas. Eso sin contar el subregistro, muchos otros desplazamientos se ocultan por temor.

“Es sumamente preocupante que hayan tantos grupos armados luchando por el control del Catatumbo. El cruce de fuego está eliminando a comunidades de campesinos y grupos indígenas que han vivido allí por generaciones. Los desplazan porque las bandas quieren sus terrenos para tener cultivos ilícitos”, explicó a SEMANA Jean Egeland, secretario del Consejo Noruego para Refugiados.

Aunque la guerra a muerte la libran el ELN y el EPL, no son los únicos que se disputan el control de las economías ilegales, también están el Clan del Golfo, los Rastrojos —que también hacen alianzas con una facción del EPL—, los Caparrapos, la disidencia del Frente 33 de las Farc y la Nueva Marquetaliadisidencia que anunciaron Iván Márquez y Jesús Santrich en agosto de 2019—, el Estado no le reconoce estatus político, sin embargo, en el Catatumbo se oye decir que están entrenando gente y que cada vez son más fuertes.

El negocio de la coca se ha vuelto más lucrativo, según el informe del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos ilícitos (Simci), los precios de la hoja de coca fresca y de clorhidrato de cocaína aumentaron en un 15,6 % y un 8,3 %, respectivamente, en el Catatumbo. Las cultivos se han multiplicado, se registraron 33.598 hectáreas en 2018, un aumento de 5.354 hectáreas respecto a 2017. Además, Tibú destronó a Tumaco y tiene el primer puesto en el ranking nacional de los municipios con mayores niveles de amenaza, con mayor cantidad de cultivos y una tendencia expansiva más fuerte. Tibú destronó, después de más de ocho años, a Tumaco (Nariño). Así que Catatumbo está en la mira, preocupan también Sardinata, Teorema y El Tarra.

Las comunidades tienen miedo de que el conflicto empeore con la posible fumigación con glifosato. Si se hace de manera manual y no aérea, temen que aumenten las minas antipersonal en la zona, que producen más desplazamientos y confinamientos. En el Catatumbo hay una desazón generalizada por el Programa Nacional Integral de Sustitución (PNIS) en el que están 3.000 familias de la zona. La Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación asegura que ha invertido en el PNIS más de 14.000 millones de pesos, sin embargo, el Gobierno reconoce que hay un retraso en los tiempos y en el cumplimiento de metas por “falta de planeación y presupuesto y el retraso en el cumplimiento de las metas del Gobierno anterior”.

Más allá de las cifras, en el Catatumbo anhelan acciones. y diálogo para acabar con el conflicto.“Los problemas de acá ya se saben, el Catatumbo está sobrediagnosticado, pero se necesita llevar esos planes a la acción e iniciar un diálogo con los actores armados, de lo contrario no va a parar el conflicto”, dijo un líder social de la zona.

El desplazamiento es una consecuencia, también, del miedo al reclutamiento de menores o de la falta de oportunidades de educación. En la escuela de la vereda San Luis, zona rural de Ábrego, los pupitres solo tienen polvo. Los niños no van, sus padres se los prohibieron porque los alrededores de la escuela están minados. Temen que les pase lo que al profesor Diomar Pérez. La comunidad ha identificado minas también en las veredas La Arenosa, La Vega del Tigre, Las Vegas, Los Milagros y La Trocha, lo que los ha obligado a desplazarse.

La disputa por las economías ilícitas en el Catatumbo sigue dejando víctimas. Según el CICR, en Norte de Santander 110 personas, entre civiles y militares, pisaron minas antipersonales en el 2019. Juan Carlos Sierra / SEMANA

Para llegar a la casa del profesor Diomar hay que subir una de las cuadras más empinadas de Ocaña. Él abre la puerta ayudado de bastones. Está acostumbrado a las entrevistas, su caso es muy conocido en la zona, pero cada vez que lo cuenta se entristece. Nació en la vereda Maracaibito, en Hacarí, allí vivió hasta hace un año y ya no quiere volver. El 5 de febrero de 2019 estaba dictando clase de educación física a sus 16 alumnos, jugaban fútbol y el balón salió volando. Diomar fue a recogerlo y pisó una mina antipersonal. “¡Está muerto!”, gritaron los alumnos aterrorizados.

No sabían que los alrededores de la escuela estaban minados. La gran paradoja es que Diomar tenía conocimiento en primeros auxilios de minas antipersonal, ayudó a unos soldados que cayeron en el pasado, y por eso intentó calmarse, porque creía que si se desesperaba sangraría más. “Le doy gracias a Dios porque fui yo y no uno de los niños, uno tiene un poco más de valor para superar eso”, dice convencido. Todavía la EPS no le ha aprobado la prótesis, y el Estado no le ha dado la pensión, vive de la incapacidad que le entregaron.

En el Catatumbo el conflicto no da tregua. La población civil está en medio de la disputa por el control de las rutas, mucho más ahora que los carteles mexicanos también están adquiriendo tierras, a través de testaferros, quieren tener el control de toda la cadena del narcotráfico: la siembra, la producción y la exportación.

A los carteles mexicanos no solo les interesa sacar droga para Estados Unidos, “de Venezuela sale para todo lado”, dice una fuente. El negocio en Europa es jugoso. "Los mexicanos hoy están decididos, no solo a pegarle duro a la producción de procesamiento, vienen ‘emputados‘ corriendo para quieren tomar el control de la ruta europea, no quieren perderse de esa plata: Polonia a 120 euros el gramo, Holanda 60 euros en Holanda, 70 euros en Alemania 70. Así las cosas, ellos están pagando muy duro por rutas y porque sus aliados tomen el control, para eso dan armas e incentivan la guerra”, asegura Fernando Quijano, de Corpades.

Una vez que pasan la frontera con Venezuela las cosas son a otro precio, porque tendrían la complicidad del cartel de Los Soles, que conforman miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de Venezuela dedicados al tráfico de droga.