Home

Nación

Artículo

Foto: Getty Images

JUSTICIA

Caso Odebrecht, más vivo que nunca: Corte Constitucional ordena reanudar debate en el Congreso

La decisión fue proferida en sala plena del alto tribunal.

26 de marzo de 2021

Este jueves, la sala plena de la Corte Constitucional ordenó al Congreso que permita la reanudación del debate de control político citado en el 2018 por congresistas que hacen parte de la oposición al entonces fiscal Néstor Humberto Martínez, por el escándalo de corrupción de Odebrecht.

Lo que hizo la Sala Plena de la Corte Constitucional fue resolver la acción de tutela formulada por las Senadoras Angélica Lozano Correa, Aída Yolanda Avella Esquivel y los Senadores Jorge Enrique Robledo Castillo, Alexander López Maya, Iván Marulanda Gómez, Gustavo Petro Urrego, Gustavo Bolívar Moreno, Julián Gallo Cubillos, Antonio Sanguino, Feliciano Valencia, Armando Benedetti, Roy Barreras Montealegre, y Temístocles Ortega Narváez, contra la Mesa Directiva del Senado de la República.

En el escrito de tutela, señala la Corte en comunicación reciente, “los actores manifestaron que, en ejercicio del derecho a participar en la elaboración del orden del día previsto en el artículo 19 de la Ley 1909 de 2018 (Estatuto de la Oposición), los congresistas citaron a la entonces Ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, e invitaron al entonces Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez para que, el 27 de noviembre de 2018, atendieran interrogantes sobre las denuncias de corrupción durante la construcción del tramo II de la Ruta del Sol a cargo del Consorcio Odebrecht-Episol- Corficolombiana. Se trataba de un debate de control político en los términos del artículo 114 constitucional y numeral 3 del artículo 6 de la Ley 5 de 1992″.

Recuerda la Corte Constitucional que “Antes de concluir el debate, el Primer Vicepresidente de la plenaria del Senado, Senador Eduardo Pulgar Daza, lo suspendió sin permitir las conclusiones de los senadores citantes, ni el ejercicio del derecho a réplica, aún pendiente de ejercer por varios parlamentarios”.

Y es que la polémica continúa, en días pasados, en el marco del juicio que se adelanta contra Luis Fernando Andrade, exdirector de la Agencia Nacional de Infraestructura, por el caso Odebrecht, el testigo Gabriel Dumar, representante legal del Consorcio Sion, empresa que firmó millonarios contratos con Odebrecht, aseguró que en diferentes reuniones el excongresista Bernardo Miguel ‘el Ñoño’ Elias, le pidió dinero, supuestamente, para campañas políticas.

Dumar destacó una reunión que se adelantó en una finca del municipio de Sahagún en el departamento de Córdoba, que coincidió con el lanzamiento de la campaña Santos Presidente, “estaba todo el grupo, el Ñoño, diferentes directivos de la campaña de Santos, estaba Bernardo, entre otras personas... Bernardo se me acerca y me dice que le provisione un recurso porque Roberto Prieto le había pedido una plata”, dijo Dumar.

Ese es solo uno de los temas que se deberá investigar. La Corte advierte que: “Respecto al estudio de fondo de la acción de tutela, la Corte examinó si durante el desarrollo del debate de control político e invitación al Fiscal General de la Nación de la época, con ocasión a las denuncias e investigaciones de corrupción relacionadas con la construcción del tramo II de la ruta del Sol por parte del Consorcio Odebrecht-Episol-Corficolombiana, se presentaron vulneraciones a los derechos de los partidos y movimientos políticos declarados en oposición”.

La Corte ordenó a la Mesa Directiva del Senado de la República que, “en el plazo de diez (10) días contados a partir de la notificación de este fallo, convoque a los congresistas de oposición citantes”, para informarles que tienen derecho a planear, continuar y concluir, cuando lo consideren oportuno, un debate de control político sobre la misma cuestión que originó la pretensión de amparo, como ha quedado expuesto en la parte motiva de esta providencia. En todo caso, el debate que se desarrolle en cumplimiento de esta orden no afecta el derecho que les asiste a los partidos en oposición a fijar el orden del día en tres (3) oportunidades dentro de la misma legislatura, entre los cuales pueden incluirse obviamente debates de control político.