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Caso Universidad del Atlántico: de los nueve capturados cuatro quedaron en libertad

Fueron imputados por hechos violentos ocurridos desde el año 2019 y en la recientes jornadas del Paro Nacional.


Según la información divulgada por la Fiscal 156 de la Dirección Especializada contra el crimen organizado (Decoc) los nueve capturados, entre los que hay estudiantes y docentes, tendrían relación con, por los menos, cinco hechos violentos en el interior de la Universidad del Atlántico y otros dos ocurridos durante las recientes jornadas del Paro Nacional, el primero de todos estos en hechos de enero de 2019.

Entre los hechos más recientes narrados por la Fiscalía está “la quema de una motocicleta de la Policía Nacional en la estación de Policía Ciudadela. Y el 19 y el 25 de mayo, las afectaciones en las que se vio incurso, el Comando de Atención Inmediata, del llamado CAI Coolechera, estos son los hechos que se presentaron en el marco de estas protestas. Se han excedido, rayado en la normatividad y reviste una importancia jurídico penal”.

Los sucesos explicados por la investigadora, denunciados por el entonces rector Carlos Prasca (quien tuvo que renunciar en medio de escándalos), van desde la quema de motocicletas, como el haber lanzado bombas molotov contra un bloque administrativo de la universidad, detonaciones controladas, daños en la rectoría, destrucción de cámara de seguridad y haber causado heridas a un vigilante por lanzarle una bomba explosiva.

Según el reporte inicial del ente investigador, los capturados fueron identificados como Francisco José Lozano Ariza, Jean Carlo Pino Acendra, Justin James Urzola, Luis Alberto Bueno Ortiz, Carlos Ernesto Bermúdez Moreno, José Luis Arévalo Zuleta, Jonathan Isaac Quintero Vanegas, Yesid José Romero Torres y Luis Adolfo Flores Castellar.

A estos se les acusa de empleo o lanzamiento de sustancias u objetos peligrosos y perturbación en servicio de transporte público colectivo oficial; concierto para delinquir; y tenencia, fabricación y tráfico de sustancias u objetos peligrosos.

Para el ente investigador, la mayoría de los participantes de los actos violentos ocurridos en la universidad desde el 2019 son alumnos de la misma, que son guiados “personas anónimas” para que utilicen bombas incendiarias tipo molotov, quemar motocicletas de la Policía Nacional y destruir infraestructura, como los edificios del centro de educación superior y CAI de la Policía.

En la audiencia de imputación de cargos llevada a cabo este lunes, la jueza del caso decretó la libertad de cuatro de los capturados. Estos son Romero Torres y Quintero Vanegas, ambos han sido docentes del centro de educación superior, pero seguirán vinculados al proceso penal.

Al igual que Bueno Ortiz y Lozano Ariza, a quienes se les realizó una imputación precordada por un “delito menos grave, el cual es querellable, por lo que quedaron en libertad”.

Los otros cinco capturados no aceptaron los cargos, por lo que quedaron a la espera de la programación, en las próximas horas, de la audiencia de de imposición de medida de aseguramiento. En la que, según la Fiscalía, serán presentadas abundantes pruebas, que incluyen conversaciones y videos de los imputados, que demostrarían su participación en los hechos investigados.

Las capturas se realizaron en nueve allanamientos en distintos puntos, en Barranquilla, Soledad y en La Lizama, corregimiento de Barrancabermeja, en Santander.

“Las personas que protestan están siendo utilizadas por terceros a fin de obtener beneficio propio, financiando y promoviendo actos violentas mediante protestas sociales en medio de manifestaciones, con alteraciones del orden público, colocando en zozobra a la comunidad estudiantil, dado que los manifestantes realizan actos terroristas”, indicó la Fiscalía en uno de los apartes de la audiencia.