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| Foto: Daniel Reina

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Cinco años de cárcel para el exviceministro de Transporte Gabriel García Morales

Morales fue el hombre que estructuró la propuesta de Ruta del Sol 2 para Odebrecht y se convirtió en el primer ventilador del caso. Aceptó los cargos de cohecho impropio e interés indebido en la celebración de contratos.

12 de diciembre de 2017

Según los funcionarios de Odebrecht que lo conocieron, Gabriel García Morales fue apodado como el Costeño para la entrega de sobornos que tuvo lugar en el segundo tramo de la Ruta del Sol.

El mote le venía de infancia en Cartagena, donde se crió en el seno de una acomodada familia de la región.

Morales creció en un entorno privilegiado y siguió una trayectoria meteórica hasta convertirse en director del Inco (la antigua agencia de Infraestructura) y en viceministro de Transporte durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez.

Desde esa posición adelantó una política centrada en la generación de transportes masivos en las grandes ciudades de Colombia hasta el 27 de octubre de 2009, cuando se reunió con los directivos de Odebrecht para negociar el "direccionamiento" del segundo tramo de la Ruta del Sol.

Aunque en un primer momento negó cualquier irregularidad en su desempeño y rechazó las denuncias que buscaban "enlodar su reputación", Morales cambió de postura en cuanto los directivos de la firma brasileña comenzaron a reconocer los sobornos en Estados Unidos.

La cara se le deshizo al exviceministro de Transporte cuando el representante de Odebrecht en Colombia, Yesid Arocha, reconoció que le había entregado 6,5 millones de dólares para que los ayudara a asesorar al consorcio en el que participaban Odebrecht, Episol y Css Constructores en la formulación del proyecto, así como en descalificar a los otros proponentes por vicios de procedimiento y garantizar condiciones favorables para la compañía extranjera.

Pero Morales se repuso pronto, decidió colaborar con la Fiscalía y aceptar los cargos de cohecho impropio e interés indebido en la celebración de contratos.

Puede leer: De viceministro estrella a acusado de recibir sobornos

Por esos buenos oficios, el Costeño fue condenado a 88 meses de prisión por el delito de interés indebido en la celebración de contratos y a 79 meses por el de cohecho impropio, lo cual se tradujo en un total de 124 meses de prisión, según explicó la juez 31 penal con función de conocimiento este martes en los juzgados de Paloquemao. Pero gracias a la aceptación de cargos, la pena se reducirá en 50 por ciento, para un total se 62 meses de cárcel.

También tendrá que pagar una multa de 89 salarios mínimos (65,6 millones de pesos) y será inhabilitado para ejercer funciones públicas durante 72 meses. Pero debido a la gravedad de los hechos y a que la sentencia es mayor a 5 años de prisión, Gabriel Ignacio García Morales tendrá que cumplir una parte de su pena de forma intramural.

A partir de su aceptación de cargos, Morales desató una gigantesca tormenta judicial que tiene sentados en el banquillo de acusados a importantes políticos, funcionarios y empresarios del país.

Los primeros que pagaron fueron los hermanos Ghisays Manzur, quienes recibieron la coima de los brasileños a través de la empresa Lurion Trading Inc y de cuentas bancarias situadas en Angola y Andorra, así como de un título de acciones de la compañía Pacific Infraestructure por valor de 2 millones de dólares.

Sin embargo, una de las grandes dudas que permanece a la fecha es la manera en que se pondrá recuperar el dinero que se perdió a raíz de la entrega fraudulenta de una licitación que quedó construida en apenas 52 por ciento.

La Fiscalía informó que tenía embargados bienes del exviceministro por cerca de 2,9 millones de dólares, mientras que del resto del dinero se habría pagado una coima de 750.000 dólares a los hermanos Ghisays, se habría perdido 1 millón en la bolsa de Nueva York y se fueron 1,3 millones en gastos varios. Con lo cual parece difícil que se vaya a reintegrar en algún momento ese dinero a las arcas públicas.

Por otro lado, Morales todavía tendrá que responder a los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito que en este momento forman parte del principio de oportunidad adelantado con la Fiscalía.