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Con la vacunación se busca acelerar el proceso de inmunización en el departamento.
Con la vacunación se busca acelerar el proceso de inmunización en el departamento. - Foto: Vacuna Bucaramanga

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Cinco municipios de Córdoba bajo la lupa de la Procuraduría por presuntas irregularidades en contratos para atención del Covid-19

La suma de los contratos, objeto de investigación por parte del ministerio público, supera los 1.300 millones de pesos.

La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria contra cinco alcaldes municipales en el departamento de Córdoba y sus secretarios de gobierno, para el año 2020, por presuntos sobrecostos en la contratación de kits alimentarios para atender la emergencia sanitaria producida por el Covid-19.

La decisión cobija a los siguientes mandatarios: Jorge David Pastrana Sagre de Sahagún, Rubén Darío Tamayo Espitia de Planeta Rica, Gabriel Antonio Bittar Díaz de Momil, Félix Gutiérrez Córdoba de Buenavista, y Fidel Antonio Mercado González de Pueblo Nuevo (Córdoba).

La decisión también involucra a los entonces secretarios de gobierno Beatriz Ojeda Moreno de Sahagún, Carlos Uribe Arboleda de Planeta Rica, Sindy Paola Almentero Yubb de Momil, Aday Alonzo Lozano Gutiérrez de Buenavista y Margarita Rosa Sánchez Benítez de Pueblo Nuevo (Córdoba).

La Procuraduría señala que el proceso disciplinario inició tras una acción preventiva adelantada respecto de los contratos celebrados por diferentes alcaldías de Córdoba, para la adquisición de ayudas alimentarias ante la emergencia sanitaria provocada por la pandemia de Covid- 19 en 2020. “Como parte de la investigación se ordenó la práctica de pruebas en los mencionados municipios del departamento de Córdoba con el fin de establecer si se presentaron presuntos sobrecostos”, advirtió el ministerio público.

A mediados del año pasado, por ejemplo, la Procuraduría investigaba al menos tres gobernaciones y 15 alcaldías han entregado contratos por cerca de 6.000 millones de pesos a 18 financiadores de sus campañas políticas . Esto a pesar de estar inhabilitadas para recibirlos por superar el 2 por ciento de los aportes a las candidaturas, tope establecido por la ley.

Desde el inicio de la pandemia, varias regiones del país se han visto afectadas por estas posibles anomalías en contratación que evidencian uno de los grandes males y es precisamente la corrupción.

De hecho, hace pocos días, la organización Transparencia Internacional publicó el Índice de Percepción de la Corrupción, en el que Nueva Zelanda y Dinamarca ocuparon los primeros lugares, mientras que Colombia se ubicó en la posición 92, en un listado elaborado con 180 países.

El país obtuvo una calificación de 39 puntos en una escala de 100, lo cual lo ubicó en el grupo de países con un mayor índice de corrupción en toda América, aunque se ubicó por encima de otras naciones como Perú (94), Brasil (94), Bolivia (124), México (124), Paraguay (137) y ni qué decir de Venezuela, que casi cierra el listado, pues el Estado gobernado por Nicolás Maduro quedó en el lugar 176, solo por encima de Yemen, Siria, Sudán del Sur y Somalia.