Contra las cuerdas

Juan Manuel Santos atraviesa su momento más difícil. Debe responder, como jefe de esa cartera, por las interceptaciones telefónicas que se venían haciendo en la Policía. Unas declaraciones suyas hechas en España sobre la falta de compromiso de Venezuela en la lucha contra las drogas, tiene paralizadas las relaciones bilaterales. Y una acusación de Mancuso sobre su participación en una 'conspiración' contra el gobierno de Ernesto Samper en 1997 lo ha obligado a dar múltiples explicaciones. La semana pasada le hicieron un debate en la Cámara de Representantes, y este martes lo citaron a otro, en la comisión primera del Senado, iniciativa del Partido Liberal y del Polo Democrático.

En el debate del miércoles pasado resultó triunfador. Su oratoria y sus argumentos fueron ampliamente superiores a los de sus contradictores, Wilson Borja, del Polo Democrático, y Dixon Tapasco, del liberalismo. Contó con la suerte de un huevo reventado contra su corbata por una infiltrada de Wilson Borja, lo cual capitalizó hábilmente a su favor. Santos ganó el debate cuando desconcertó a su auditorio reconociendo que él sí quería la renuncia de Ernesto Samper. Luego procedió a tratar de demostrar que su antisamperismo y su proceso de paz no tenían relación el uno con el otro.

Pero el innegable triunfo de Santos en el recinto del Congreso no cambió las realidades políticas vigentes. Un grupo de congresistas muy amplio, en número y en composición partidista, aprobó una moción de censura. Esta figura obliga a una votación en plenaria del Congreso, dentro de un par de semanas y en fecha acordada por los presidentes del Senado y de la Cámara. En plata blanca significa que los incómodos temas que rondan a Santos seguirán en el ambiente político. Y la suerte final dependerá de la posición que asuma el senador Germán Vargas Lleras, quien se ha convertido en el fiel de la balanza entre los partidos uribistas y los de oposición. La bancada de Cambio Radical, hasta ahora dividida, decidirá su posición colectiva este miércoles.

Las mociones de censura tienen pocas posibilidades de coronar. Se requieren mayorías amplias, que no las tiene la oposición. Y tienen plazos y términos que permiten enfriar el ambiente y les dan oportunidad a los gobiernos de amarrar sus bancadas. Sin embargo, en el caso de Juan Manuel Santos, el proceso se llevará a cabo en un momento de tensión por la percepción generalizada de que los congresistas de provincia han sido convertidos en chivos expiatorios de la para-política por parte de las elites bogotanas.

Es evidente que lo que Juan Manuel Santos denomina un proceso de paz -cuando, como precandidato en 1997 se reunió con la guerrilla y con las AUC- no va a tener consecuencias penales. No tanto por la nobleza de sus intenciones, sino porque en el fondo se trataba simplemente de una jugada política audaz. Su estrategia era capitalizar el desprestigio de Ernesto Samper a su favor, al crear a través de un proceso de paz un escenario de grandes propósitos nacionales donde él fuera el protagonista.

Eso estaba dentro de las reglas de juego de la época y la prueba es que todos los demás candidatos buscaron fórmulas de paz y ganó el que convenció al electorado: Andrés Pastrana, quien, después de haber perdido en la primera vuelta por un estrecho margen con Horacio Serpa, lo superó ampliamente en la segunda, después de que Víctor G. Ricardo, uno de sus más cercanos colaboradores, logró una reunión con 'Manuel Marulanda'. La foto de 'Marulanda' con un reloj de la campaña pastranista fue la clave de esa victoria.

Al igual que en el caso de Santos, el objetivo de esa reunión era buscar un beneficio electoral. Pastrana lo obtuvo. Crear situaciones para ganar elecciones no tiene nada de malo. Pero los parlamentarios que hoy están en la cárcel creen que han sido víctimas de una doble moral, pues la principal razón invocada en las providencias de la Corte Suprema de Justicia en que se les acusa de concierto para delinquir, es que obtuvieron un beneficio electoral.

Desmenuzados minuciosamente, los dos procesos no son comparables. La mayoría de los políticos regionales no son propiamente unos ángeles y hacen cualquier cosa para llegar al Congreso. Si esto implica pactar con el diablo, no tienen ningún recato en hacerlo. Sus acuerdos con las autodefensas no entrañaban el desmonte de esas organizaciones, mientras el de Santos sí.

El problema es que, si bien esos malabarismos políticos, en el nivel regional, pueden parecer a primera vista mucho menos presentables que las reuniones de los Santos con grupos terroristas, judicialmente es muy difícil diferenciar los unos de los otros. ¿Cómo se puede pretender que los enunciados del pacto de Ralito, que no son más que la repetición de la Constitución Nacional, son más "refundación de la patria" que los acuerdos de Juan Manuel Santos con la guerrilla y los paras para convocar una constituyente y relevar el jefe del Estado? Y si el argumento es que no se debe hablar con grupos terroristas sin autorización del gobierno de turno, ¿cómo puede ser más grave hablar con uno -que fue lo que hicieron los de Ralito- que hablar con tres, que fue lo que hizo Santos?

Otro supuesto punto de diferenciación entre los dos momentos es que las gestiones de Santos en 1997 no eran clandestinas y los más recientes acercamientos de congresistas y políticos con las AUC sí. Sin embargo, los contactos de Santos con las Farc, el ELN y a las autodefensas fueron en la etapa inicial tan clandestinas como la reunión de Ralito. Posteriormente fue que se involucraron las vacas sagradas que los iban a legitimar. En todo caso, al presidente Ernesto Samper le parecieron bastante clandestinas, hasta el punto de que sus servicios de inteligencia fueron los que se lo informaron, gracias a una interceptación telefónica.

Y si bien en el nivel de la clase dirigente la participación directa o indirecta de Nelson Mandela, Felipe González, Gabriel García Márquez y los ex presidentes otorga legitimidad, para un provinciano representante de Córdoba o de Sucre ver a sus senadores, gobernadores y patriarcas de la región presentes en Ralito tiene el mismo efecto.

Este relativismo jurídico, en que algunas reuniones con grupos terroristas son proceso de paz, y otras son concierto para delinquir, ha generado entre los parlamentarios una sensación de doble moral que en buena parte es el origen de la reacción que se ha producido en contra de los dos Santos. El hecho de que las reuniones con Salvatore Mancuso puedan ser calificadas como de "buena familia" o de "mala familia", dependiendo de quiénes son los interlocutores, ha producido en el Congreso la sensación de que la justicia no está utilizando el mismo rasero.

Un elemento clave del dilema es que la calificación de los delitos penales cambia según el ambiente político. Si se revelara en este momento que el representante Wilson Borja del Polo Democrático se está reuniendo en forma clandestina con las Farc y con los paramilitares para convocar una Constituyente que implicara el retiro del presidente Uribe, sería linchado.

Teniendo en cuenta que las normas jurídicas que regían estos contactos durante el gobierno de Samper eran las mismas de ahora, queda claro que lo único que ha cambiado es el ambiente. La política, al fin y al cabo, es el arte de lo posible. Lo que hizo Santos era posible en su momento, pero sería impensable ahora. El problema gira no alrededor de las consecuencias políticas, sino de las penales. Es muy difícil de explicar cómo actividades éticamente diferentes, pero muy similares en la forma, desembocan en consecuencias jurídicas diametralmente opuestas.