La ‘tutelatón’ en favor de la Contraloría

El tema parecía parcialmente resuelto el viernes pasado. El ministro de la Presidencia, Néstor Humberto Martínez, aseguró que los funcionarios de la Contraloría podían ser reubicados en el viejo edificio del Ministerio de Justicia.

Con eso, supuestamente, se arreglaría el problema de ese ente de control, que debe abandonar el inmueble que ocupa en la actualidad –en condición de arrendatario- en el Centro Comercial Gran Estación II, cuyo contrato se vence este 31 de diciembre.

En contraste con lo que anunció el ministro, el contralor general, Edgardo Maya, les ha dicho a sus colaboradores más cercanos que no toma una decisión mientras se resuelve la situación para sus 2.300 funcionarios, ya que en el edificio del Ministerio sólo podría albergar a 400.

Ese mismo día, y para evitar una salida abrupta de la Contraloría de la actual sede, el defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, instauró una tutela con el fin de que se decrete una medida cautelar de protección sobre varios aspectos que su entidad considera esenciales.

El primero: salvaguardar el centro de información de la Contraloría. Se trata del complejo centro que contiene toda la información de los colombianos y que expide los certificados de antecedentes fiscales, útil para los ciudadanos que accedan a la administración pública.

Esta sección de la Contraloría no se puede desconectar de un momento a otro y necesita de por lo menos dos meses para un traslado sin traumatismo.

En un segundo aspecto, el defensor, con la tutela, pretende preservar los derechos al trabajo y al debido proceso. Todo por cuenta del trauma que puede ocasionar la parálisis de cerca de 2.300 empleados que hasta el momento no tienen para dónde irse.

Y ahora una nueva tutela interpuesta el mismo viernes por miembros del sindicato de la Contraloría busca que el contralor prorrogue el contrato que se vence este 31 de diciembre.

En la acción judicial se espera que sean amparados el derecho al trabajo, al mínimo vital y a la salud. También a que el juez considere otro derecho por el peligro y amenaza de que la Contraloría se quede sin una sede donde trabajar.

Pero hay un elemento que se no se puede pasar por alto. Si bien muchos consideran que la Contraloría puede prorrogar el contrato hasta que consiga un inmueble definitivo, la entidad ve una amenaza adicional.

¿Cuál? La de la Fiscalía, que ha advertido que la actual sede que ocupa el ente de control está bajo la lupa porque sus constructores habrían podido utilizar dineros ilícitos. Por ello, el edificio puede –de llegar a comprobarse esa hipótesis– ser objeto de algún proceso de secuestro, ocupación y hasta extinción del derecho de dominio por parte del ente acusador.

El tema no es de poca monta. Dos tutelas avanzan en juzgados que buscan que se amparen los derechos de los trabajadores. Un contralor que no tiene claro qué hacer, pues el tiempo corre y debe desocupar un edificio. y un dinero destinado por el Gobierno para compra de un inmueble para que funcione la Contraloría, pero que está disponible sólo a partir del 1 de enero.

Pero además no sobra recordar que ese contrato que hoy está a punto de terminar, y que tiene en jaque al contralor Maya, es el mismo que puso contra las cuerdas a su antecesora Sandra Morelli porque fue quien lo suscribió y, de paso, le creó a ella un problema judicial de inmensas proporciones que hoy la tiene fuera del país.