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| Foto: Archivo SEMANA

ODEBRECHT

Primera condena al Ñoño Elías es de 6 años y 8 meses de cárcel

El exsenador del Partido de La U se sometió a sentencia anticipada por los delitos de cohecho y tráfico de influencias. El alto tribunal tiene pendiente de definir si lo llama o no a juicio por lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

28 de febrero de 2018

El cacique electoral de Córdoba Bernardo Miguel Elías recibió su primer golpe judicial por el escándalo de Odebrecht. Aunque en un comienzo el exparlamentario calificó el escándalo por los sobornos de la constructora como un "impasse", la Corte Suprema de Justicia fijó una condena en su contra de 6 años y 8 meses de prisión por dos delitos. Los delitos que sanciona en esta oportunidad son cohecho y tráfico de influencias, sobre los cuales Elías Vidal terminó admitiendo su responsabilidad.

Pese a que el Ñoño Elías se acogió a sentencia anticipada por estos dos cargos, el curso de las investigaciones en su contra por otros dos de mayor gravedad, lavado de activos y enriquecimiento ilícito, siguen su trámite normal. De hecho, la Procuraduría presentó concepto pidiendo que el exsenador sea llamado a juicio en las próximas semanas. 

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Consultada por SEMANA, la abogada del excongresista Silvia Rugeles aseguró que aún no conoce el texto de esta sentencia, sin embargo, precisó que presentó sus alegatos precalificatorios solicitando preclusión de la investigación por atipicidad de las conductas endilgadas que aún faltan por definir.

Paralelo a este proceso penal, que es el más complejo para la situación jurídica de Elías Vidal, cursa un acercamiento de colaboración eficaz por parte del cacique electoral. Según su abogada, este sigue abierto: "Bernardo Elías ha estado presto a colaborar con la administración de justicia y para adelantar su trámite de colaboración de colaboración eficaz", indicó.

Aunque Bernardo Elías podría acceder a descuentos por estudio y trabajo -con lo que puede rebajar hasta la mitad de la pena- aún tiene pendiente que la Corte tome una decisión definitiva por los otros dos cargos. También se adelantan investigaciones en su contra por la corrupción derivada de los recursos públicos del departamento de Córdoba. 

Las evidencias contra el Ñoño

Bernardo Miguel Elías completó tres periodos consecutivos ocupando una curul en el Congreso, hasta que a finales del año pasado fue trasladado por orden de la Corte a una celda en el pabellón ERE SUR de La Picota. El principal delator de las actividades ilícitas del Ñoño fue el exsenador Otto Nicolás Bula, quien lo señaló de ser la ficha clave de Odebrecht en el Congreso. 

Según la declaración de Otto Bula, la coima de Odebrecht se negoció entre el 4 por ciento y el 5 por ciento del valor de la obra Ocaña-Gamarra. Este tramo se convirtió en el eje de la polémica pues se adicionó al contrato para la construcción de la Ruta del Sol 2 sin licitación pública. Para lograrlo, los testigos y la firma brasileña aseguran que se tramitó la millonaria suma en sobornos.

El testimonio indica que los pagos se distribuyeron de la siguiente manera: “2% para Bernardo (Ñoño Elías) y los amigos de las comisiones de presupuesto que maneja Bernardo, un 1 % para Federico Gaviria y para Otto Bula (…) y un 1 % para otros políticos que estaba manejando Federico”. Además del Ñoño, otros parlamentarios como Plinio Olano y el exministro Miguel Peñaloza, están en aprietos por esta declaración.

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Pero no es el único episodio en el que Ñoño Elías aparece. El senador es protagonista de uno de los capítulos de este escándalo en el que aún no existen claridades. Se trata del famoso maletín que le habría entregado Otto Bula a Andrés Giraldo para hacérselo llegar al gerente de la campaña de Santos, Roberto Prieto.

La polémica cita fue concretada por Juan Sebastián Correa, un funcionario de la Agencia Nacional de Infraestructura, que hoy se encuentra detenido preventivamente. Correa le ha contado a la justicia que él hizo esa intermediación pues Andrés Giraldo es un viejo amigo de su familia. En ese momento, el funcionario era el enlace de la ANI en el Congreso y por eso tenía una relación fluida con muchos parlamentarios, entre ellos Ñoño Elías. Según su versión, el senador cordobés le pidió que le ayudara a tener una cita con Giraldo, la cual finalmente se concretó en el Juan Valdez de la 87 con 15.

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Ñoño no solo hablaba con Correa, sino también con su jefe, el presidente de la ANI, Luis Fernando Andrade. En medio de la tormenta política que causaron las revelaciones sobre la adición Ocaña-Gamarra, el alto funcionario tuvo que explicar su cercanía con el senador cordobés. A la Fiscalía le dijo que había recibido a Elías en nueve oportunidades entre junio de 2013 y abril de 2016. En algunas de esas reuniones el congresista preguntó precisamente ese tramo de la Ruta del Sol.

Los contactos entre Elías y Andrade no solo tuvieron que ver con temas profesionales. El presidente de la ANI le contó a la Fiscalía que en una oportunidad fueron a comer con sus respectivas esposas pues el congresista quería pedirle el favor de que le ayudara con una carta de recomendación para que su hija pudiera entrar a un colegio privado en Bogotá.

A los pocos días, a la esposa de Andrade le llegó una cartera de regalo. “Nos sentimos muy incómodos, pero la alternativa era devolvérselo, lo cual podía generar incomodidad, por lo tanto lo mantuvimos”, relató el presidente de la ANI, según un artículo del diario El Espectador. Después de que se reveló este episodio, el alto funcionario reconoció que haber permitido el acceso del senador Elías fue “un error”.

Andrade está llamado a juicio por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos por las obras para la construcción de la vía Ocaña-Gamarra.

Según la Fiscalía existieron pagos de sobornos adicionales, relacionados con hechos de corrupción, a los 11,1 millones de dólares que los ejecutivos de Odebrecht confesaron haber efectuado en Colombia. Según el fiscal Néstor Humberto Martínez se hicieron pagos adicionales a los USD $11 millones por un monto superior a los 34.635 millones de pesos.

Estos pagos, según testigos, se direccionaban a través de empresas a funcionarios que beneficiaron con su gestión a la firma Odebrecht en Colombia. Se distribuían a través de otros subcontratos o transacciones posteriores.