Seis hombres no son suficientes para proteger a Wilson Borja

El exrepresentante y hoy secretario de Formación del Polo Democrático, Wilson Borja, recuperará el esquema de seguridad de 14 hombres y dos vehículos blindados con el que contaba en sus épocas del Congreso. Todo gracias a una sentencia de la Corte Constitucional en la que ese organismo ordena restablecer las medidas de seguridad con las que contaba el dirigente.
 
Lo hizo al notar que la Unidad Nacional de Protección (UNP) le redujo el esquema sin siquiera basarse en un estudio previo sobre las condiciones de riesgo que en estos momentos tiene el político de izquierda. La corporación anotó que la Policía y la UNP no pueden tomar este tipo de decisiones sin antes haber establecido cuáles son las verdaderas condiciones de seguridad de la persona protegida.
 
El 15 de diciembre del 2000 el reconocido líder sindical fue víctima de un atentado contra su vida. Ocho personas en vehículos y motos dispararon en 57 ocasiones contra el vehículo en el cual se movilizaba y le causaron heridas que, por fortuna, no fueron mortales.
 
Por estos hechos fueron condenadas varias personas. Además, Borja fue cobijado con medidas cautelares por decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El 29 de diciembre del 2000, menos de dos semanas después del atentado, el organismo multilateral requirió al Ministerio del Interior y a la Policía para que tomara medidas efectivas de seguridad en favor del activista.
 
El Estado tomó nota de la orden y adoptó las medidas pertinentes. El dirigente, quien además hizo parte del Congreso entre el 2002 y el 2010, fue beneficiario de medidas especiales de seguridad. En el 2011, cuando ya había abandonado la función parlamentaria, tenía un esquema conformado por 14 guardaespaldas, dos vehículos blindados, uno corriente, equipos de telecomunicación y armamento.
 
Sin embargo, cuando su protección dejó de estar a cargo de la Unidad de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y de la Policía y pasó a estar en cabeza de la UNP, la situación cambió. En el 2014, ese organismo redujo el esquema en número de hombres, de vehículos, de equipos de comunicación y de chalecos.
 
Esta determinación unilateral llevó a Borja a interponer una acción de tutela. El Consejo Superior de la Judicatura le dio la razón y ordenó restablecerle al accionante las medidas de seguridad con las que contaba después de producirse el atentado.
 
El caso fue revisado por la Corte Constitucional y la posición fue la misma. El tribunal encontró que la decisión de la UNP de disminuir las dimensiones de la protección ni siquiera estaba basada en un estudio de seguridad que demostrara su conducencia.
 
“(…) Se advertirá a la UNP y la Policía Nacional que sólo pueden ajustar, modificar o suprimir el esquema de seguridad del actor mediante actos administrativos motivados en los que se expongan detalladamente los estudios técnicos que justifican dicha actuación, según lo expuesto en el apartado 9.2 de esta providencia”, dice el fallo.    
 
Como Borja, son varios los beneficiarios de esquemas de seguridad que han denunciado el rediseño de las medidas de defensa que hace años les han concedidos por estar en riesgo de muerte. No son pocos los casos en los que esas determinaciones tampoco han sido precedidas de estudios de seguridad.