¿Colombia podría intervenir militarmente en Medio Oriente?

En los últimos días la comunidad internacional discute sobre la posibilidad de establecer una gran alianza militar entre varios estados para intervenir en oriente medio. Si usted se pregunta qué papel podría ejercer Colombia y sus fuerzas armadas, para el Consejo de Estado esa posibilidad se enfrenta a numerosos obstáculos.

Según un concepto emitido por la Sala especializada en esos temas, en la actualidad sería imposible que tropas colombianas puedan hacer parte de una alianza militar con otros estados para combatir contra fuerzas extranjeras o grupos que amenacen la paz mundial en el medio oriente o en cualquier otra región del planeta, mientras no exista un tratado.

Para conseguirlo, se debe establecer un convenio con el Consejo de Seguridad de la ONU que debe ser aprobado por el Congreso y luego sometido al estudio de la Corte Constitucional, advierte el Consejo de Estado.

Desde el 2001, el Consejo de Seguridad de la ONU exhortó a sus estados miembros a colaborar financiera y militarmente con una intervención en Afganistán. El objetivo inicial era contribuir a la caída del régimen talibán, luego de los trágicos atentados a las torres gemelas de Nueva York (Estados Unidos), en el que murieron miles de personas de varias nacionalidades.

Desde entonces, se estableció la creación de la Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad en Afganistán (ISAF, por sus siglas en inglés). El Gobierno colombiano, como integrante de la ONU, empezó a discutir sobre el poder vinculante de esa exhortación y sobre la posibilidad de contribuir militarmente con las operaciones en el medio oriente.

Por eso, elevó una consulta a la Sala del Consejo de Estado que lleva el mismo nombre. Su pretensión era precisar si ante una eventual intervención en ese país o cualquier otra región del mundo era suficiente la celebración de un convenio con la ONU, que no tuviera que pasar por el Congreso, ni por la Corte Constitucional.

La corporación respondió que no. Señaló que cualquier nuevo compromiso que asuma Colombia para enviar tropas a otro territorio, que no esté contenido en un tratado bilateral previo, debe ser estudiado en el Congreso y luego debe ser sometido al estudio de la Corte Constitucional. En síntesis, debe celebrar un nuevo tratado.

“(…) La ausencia de los convenios especiales previstos en el artículo 43 de la Carta de la ONU, en donde se establezcan claramente las nuevas obligaciones que el Estado colombiano asumiría, imposibilita su participación en una operación armada”, dice esta providencia.

“(…) Si eventualmente se pactara dicho convenio entre el Consejo de Seguridad y el Estado colombiano, tal instrumento deberá cumplir con el trámite constitucional previsto para los tratados, que requieren en el caso colombiano, como se ha explicado, de la participación de las tres ramas del poder público”, agregó.

La consulta pone en evidencia que, desde el 2011, el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos estuvo estudiando la posibilidad de hacer parte de la misión militar que se adelantaba en Afganistán. Lo hizo, haciendo uso de la facultad legal que tiene para indagar respecto a la legalidad de las decisiones de Estado de manera reservada.

La decisión del Consejo de Estado no se conocía, debido a que la misma Ley obliga a que la respuesta se mantenga como un documento clasificado, hasta que la entidad que pregunta ordene levantar la reserva.

Ahora que la decisión sale a la luz, queda en evidencia también que el eventual compromiso Colombia para combatir a Estado Islámico), a otro Estado o a cualquier fuerza que amenace la paz mundial solo será posible a través de un tratado. Además, también queda claro que el Congreso y la Corte Constitucional tendrán la última palabra.