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Bajo el asedio criminal: ¿qué está pasando en Medellín?

La capital antioqueña se debate entre el enfrentamiento a las estructuras criminales, las disputas territoriales y la determinación de los delincuentes de desestabilizar la ciudad. En el medio, la gente solo espera que cese la arremetida violenta.


Balaceras, muertos, heridos, buses quemados, despliegues masivos de uniformados, calles y escuelas vacías... Medellín está viviendo una semana entre la tensión y el temor de la arremetida de las bandas criminales. El escenario principal: la Comuna 13 donde se percibe una sensación de regreso a esos 4 días de mediados de octubre del 2002, los que marcaron la historia de este sector y de sus habitantes durante la Operación Orión, la intervención militar urbana más grande que se ha hecho en el país, que según el Instituto Popular de Capacitación (IPC) dejó un civil muerto, 38 civiles heridos y ocho más desaparecidos.

"No se trata en este caso de una nueva operación Orión para nada, sino solamente es fortalecer la presencia de la Policía y el Ejército", dijo Andrés Tobón, el secretario de Seguridad de Medellín este jueves, dando un parte de tranquilidad para los habitantes de la comuna, que fue ocupada por 320 policías y militares. Sin embargo, la calma no llegó con el anuncio. Las calles de esta zona de San Javier, este viernes, amanecieron vacías.

La situación es muy compleja en la capital antioqueña. Cada día se reportan varios homicidios (este miércoles se registraron 6, la cifra más alta del año), algunos producto de la delincuencia común y otros de la pugna entre bandas criminales. En la Comuna 13 circulan panfletos que sentencian a muerte a cualquiera que ande en la calle de noche, o a cualquier foráneo que ingrese al sector sin avisar. Las amenazas contra los transportadores arrecian y algunas escuelas no abren sus puertas por precaución.

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Las balaceras tienen atemorizada a la gente. El metrocable de San Javier, que llega hasta la 13, tuvo que ser evacuado luego de un cruce de tiros en un barrio que hace parte del recorrido de la línea de transporte. Pero la influencia de las bandas no se reduce a esa comuna, ubicada sobre la ladera occidental. Un bus fue quemado el jueves, por ejemplo, en el barrio Calasanz, al centro de la ciudad.

Las autoridades locales ya señalaron al hombre que, al parecer, desató esta oleada delincuencial: alias Juancito, supuesto jefe del grupo delincuencial Betania, sobre quien se emitió una recompensa de 20 millones de pesos por contribuir a su captura. La situación, sin embargo, tiene un fondo más amplio. El enfrentamiento entre las organizaciones y el gobierno local.

Hacia las 8 de la noche del jueves, el alcalde Federico Gutiérrez se desplazó a la Comuna 13 para dar una alocución y entregar un balance de la situación de orden público. Momentos antes de su llegada se escucharon ráfagas de tiros en el sector, que el mismo mandatario confirmó, y que se interpretaron como un desafío al gobierno. "A mí no me asustan con ráfagas", declaró Gutiérrez.

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Desde que era candidato, Federico Gutiérrez trazó el combate a las bandas como el pilar de su gestión. Pero sufrió un duro revés el 4 de julio pasado, cuando Gustavo Villegas, su secretario de Seguridad y hombre de confianza, fue capturado por su supuesta conexión con la Oficina de Envigado. En febrero, el exfuncionario llegó a un acuerdo con la Fiscalía y fue condenado a 2 años de y siete meses de cárcel, por abuso de función pública y abuso de autoridad.

Pero sorprendentemente, la misma Fiscalía, luego de haber negociado el pacto, apeló la decisión porque no incluyó el supuesto concierto para delinquir en el que habría incurrido Villegas, señalado de favorecer con información a la Oficina, y de haber sostenido relaciones con desmovilizados que eran intermediarios de esa organización que agremia el crimen de la ciudad y sus alrededores.

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Tras la caída de Villegas, los reveses en materia de seguridad para Medellín no han parado. De hecho, la Fiscalía dio a conocer las conversaciones entre alias Pichi, jefe de la banda la Terraza, y Carlos Pesebre, líder de la organización Pesebre, quienes desde la cárcel de Cómbita estarían promoviendo un plan conjunto para desestabilizar Medellín.

“Ya es hora de unirnos, de trabajar juntos en la misma dirección, si no lo hacemos en 3 años estamos acabados", dicen las conversaciones citadas por El Colombiano y sostenidas por los jefes de esas dos estructuras que hacen parte de la Oficina de Envigado.

La situación es muy difícil para la ciudad. Las autoridades trabajan para frenar la oleada delincuencial, pero la gestión no muestra los mejores resultados y los criminales parecen determinados a desafiarlas. Y la gente, asustada, en el medio.