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Estos fueron los argumentos de la Corte Constitucional para tumbar la cadena perpetua

La principal razón fue que dicha norma representaba un retroceso en la resocialización de las personas condenadas en el país, esta entendida como una función principal de la pena en un Estado Social de Derecho.


En el país hay fuertes reacciones tras la decisión de la Corte Constitucional de tumbar el jueves la cadena perpetua para violadores y asesinos de niños al declararla “inconstitucional”.

Desde hace algunos días ya se había conocido que la magistrada Cristina Pardo fue quien adelantó la ponencia para declarar inexequible dicha norma, debido a que, bajo su concepto, esta iba en contra de la dignidad humana de los agresores.

Así las cosas, los magistrados que tumbaron la cadena perpetua fueron Cristina Pardo, José Fernando Reyes, Alberto Rojas, Alejandro Linares, Diana Fajardo y Jorge Enrique Ibáñez.

Los tres votos en contra fueron de los magistrados Antonio José Lizarazo, Gloria Ortiz y Paola Meneses. Sin embargo, uno de los argumentos de fondo en el que coincidían las demandas era que esta reforma no solucionaba la problemática de estos hechos contra los menores y, por el contrario, se constituía en populismo punitivo, que finalmente podría generar hacinamiento y violación de los derechos humanos de los procesados.

Los magistrados emitieron su decisión por varios motivos, entre ellos porque consideraron que la norma de prisión perpetua, que contaba con el aval del Gobierno nacional, representaba un retroceso en materia de humanización de las penas, en la política criminal y en la resocialización de las personas condenadas en Colombia, un mecanismo del que se ha estado trabajando desde las cárceles del país.

Tanto ambientalistas como la industria están a la espera de la decisión que tome el Consejo de Estado en torno a la regulación técnica del fracking en Colombia.
Así, la Sala Plena de la Corte sostuvo que para la decisión se tuvo en cuenta la cláusula del Estado Social y Democrático de Derecho, además de la importancia de la dignidad humana en la política criminal y la resocialización como función principal de la pena en un Estado Social de Derecho. Como se sabe, “la resocialización de la persona condenada es el fin primordial de la pena privativa de la libertad intramural”. - Foto: león darío peláez-semana

Además, se basaron en que el aval que dio el Congreso a esta medida -revisable a los 25 años- para los violadores y asesinos de niños, afectó un eje definitorio de la Constitución de 1991: la dignidad humana, que funda el Estado social de Derecho.

Así, la Sala Plena de la Corte sostuvo que para la decisión se tuvo en cuenta la cláusula del Estado Social y Democrático de Derecho, además de la importancia de la dignidad humana en la política criminal y la resocialización como función principal de la pena en un Estado Social de Derecho. Como se sabe, “la resocialización de la persona condenada es el fin primordial de la pena privativa de la libertad intramural”.

Sin embargo, esta decisión no le cayó bien a muchos sectores y una de las más fuertes reacciones provino del propio presidente de la República, Iván Duque, quien señaló que acata el fallo, pero que seguirá con la lucha de los derechos de los menores de edad para lograr una máxima sanción en contra de los que afectan su integridad.

“Los fallos se acatan. Las fallas de nuestra sociedad tenemos que corregirlas. Seguiremos nuestra lucha por los derechos de los niños y por lograr la máxima sanción ejemplarizante a quienes los asesinan y abusan”, señaló Duque en uno de los trinos que publicó.

Así mismo, el mandatario colombiano realizó una profunda reflexión sobre la determinación que tumba la cadena perpetua en Colombia al señalar que el país necesita materializar medidas con las cuales se respete los derechos de los bulos por encima de los derechos de los demás y lanzó varias pullas.

“Colombia requiere hacer valer el artículo 44 de la Constitución donde los derechos de los niños están por encima de los derechos de los demás. Una de las fallas de nuestra sociedad es que pareciera que hay más garantías para los victimarios que para las víctimas”, escribió el jefe de Estado.

La visión de penalistas

SEMANA consultó a tres reconocidos penalistas del país sobre la decisión. Coinciden en que habían advertido que no pasaría ese filtro de la Corte.Consideran que las soluciones para ese problema deben ser otras.

Abogados Cadena perpetua
SEMANA consultó a tres reconocidos penalistas del país sobre la decisión. Coinciden en que habían advertido que no pasaría ese filtro de la Corte.Consideran que las soluciones para ese problema deben ser otras. - Foto: SEMANA

Francisco Bernate, presidente del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia, advirtió desde el primer momento en que se postuló la idea en el Congreso que era contraria a la Constitución. Precisamente, fue un grupo de este colegio uno de los demandantes de la ley ante la Corte, junto a miembros del Colegio Colombiano de Psicólogos, argumentando que era inconstitucional.

“Es muy importante que se reivindiquen los derechos humanos, que se protejan a los niños, niñas y adolescentes, pero personalmente creo que debe haber una responsabilidad política porque a los ciudadanos se les vendió una idea, se les hizo una promesa que desde el día uno se sabía que no se iba a cumplir y esto fue un acto de grotesca irresponsabilidad legislativa”, comentó Bernate.

Una idea similar tiene Iván Cancino. “Lo dijimos desde el principio, atacaba el núcleo de la Constitución. Una cadena perpetua no cabe en un Estado social y democrático de derecho y sobre todo que no cumplía jamás el fin de tener una norma que es proteger a la niñez”, dijo.

Y agregó: “Una norma no puede tener un sentido de venganza sino de protección a los niños y la cadena perpetua no cumplía eso. Ojalá que ahora sí el Congreso se dedique a hacer normas que protejan a los niños en vez de buscar populismos punitivos”.

Por su parte, Jaime Lombana también se mostró a favor de la decisión. “Comparto la decisión de la Corte. Considero que desde el punto de vista político-criminal y de prevención, estudiosos desde 1.800 han demostrado la ineficacia de la pena de muerte. Los crímenes se deben luchar con otra serie de medidas, pero lo que está demostrado con estudios es que la pena de muerte no disuade preventivo generalmente al resto de la sociedad”, afirmó Lombana.