De labios para afuera

"Los militares que no den resultados vayan presentando la renuncia", dijo Álvaro Uribe pocas semanas después de asumir la Presidencia. Y en efecto, cuando ha ocurrido un revés militar aparecen de inmediato el Comandante de las Fuerzas Armadas, el Ministro de Defensa o el propio Presidente para ordenar el retiro del responsable de los hechos. Lo que pocos saben es que unas semanas después -cuando las cámaras se han apagado- varios de los descabezados al calor de los acontecimientos han sido restituidos en silencio.

Así sucedió con los oficiales destituídos a raíz de la escandalosa fuga del mayor (r) César Alonso Maldonado, autor intelectual del atentado contra el congresista Wilson Borja en diciembre de 2000. Maldonado había sido condenado a 28 años y nueve meses de cárcel en diciembre de 2003 por tentativa de homicidio y concierto para delinquir, y la Fiscalía lo acababa de llamar a indagatoria por la muerte de la vendedora de tintos María del Pilar Bolaños y del sicario Élmer Rueda en el mismo atentado.

Los militares condenados son normalmente trasladados a la cárcel de Tolemaida. Sin embargo, Maldonado permaneció recluido en el batallón de la Policía Militar # 13 en Puente Aranda, Bogotá, por orden del Ejército. Y de esa guarnición militar desapareció un año después, en noviembre de 2004, sin que nadie supiera cómo había logrado burlar la seguridad de la unidad.

Pocas horas después de la fuga, el presidente Uribe dio la orden desde Rio de Janeiro, Brasil, donde asistía a una cumbre, de remover a todos aquellos integrantes de la Fuerza Pública que tuvieran alguna responsabilidad con el cuidado de Maldonado. Minutos después, el comandante del Ejército y ministro de Defensa encargado, general Carlos Alberto Ospina, anunció la decisión de retirar de la institución al coronel Jesús María Vivas, jefe del Estado Mayor de la Brigada XIII; al teniente coronel Mario Augusto Valencia, subcomandante del Batallón; al mayor Jaime García Torres, director del centro de reclusión, y al subteniente Cristian Penagos, oficial custodio. La decisión fue primera plana en todos los noticieros y en los diarios del país.

En cambio pasó inadvertida la restitución de los oficiales unas pocas semanas después. El coronel Vivas fue nombrado segundo comandante de la Fuerza de Despliegue Rápido y el coronel Valencia fue enviado a la sexta brigada del Ejército en Ibagué. Al final sólo despidieron al director del centro de reclusión y al custodio.

"Luego de apreciar lo sucedido se consideró que el responsable directo era el mayor director del centro de reclusión", explicó a SEMANA el general Reynaldo Castellanos, comandante del Ejército. "Después de un análisis, el mando militar consideró que el coronel Vivas y el teniente coronel Valencia no tenían responsabilidad en el hecho".

Salir a descabezar militares cuando ocurre un revés es una práctica establecida en Colombia desde hace mucho tiempo. Lo hizo el presidente Ernesto Samper cuando a raíz de la toma de Patascoy sacó al general Julio Eduardo Charry, uno de los más combativos contra las Farc. Pero no es una práctica sana. No sólo mancilla el nombre de los oficiales retirados -a veces injustamente, como determinó recientemente la Procuraduría que había sucedido con el brigadier general Héctor Martínez Espinel, destituido por el presidente Uribe después del sonado secuestro y posterior emboscada de los militares por las Farc en el Huila en 2004- sino deja la sensación de que existe una política para el público y otra muy diferente hacia adentro.

El caso del escándalo de la fuga de Maldonado puede ser aún más grave si se tiene en cuenta lo ocurrido después con el reemplazo del director del centro de reclusión. Cuando el mayor Cote intentó aplicar con mano fuerte el reglamento carcelario impidiendo salir a los detenidos en las noches a sus casas -como al parecer solía hacerlo con frecuencia Maldonado,- el mayor Cote fue relevado de su cargo a los ocho días y enviado a Tolemaida sin una explicación adicional. Sobre su traslado, el general Castellanos dijo que "se relevó dentro de un procedimiento administrativo interno de la fuerza potestativo de los comandantes del Ejército, División o Brigada".

Queda la inquietud entonces de si destituyeron a los coroneles sólo simbólicamente -ante los medios y a través de ellos ante el Presidente- y luego los trasladaron en silencio o si fue el caso de destituir para después investigar y concluir que se había cometido una injusticia. Cualquiera de las dos opciones deja un mal sabor.