Para el próximo jueves 9 de mayo fue citado por la Procuraduría General el contratista Luis Eduardo López Rosero, uno de los contratistas implicados en el millonario convenio firmado en octubre de 2023 por la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD) para la compra de 60 carrotanques que tenían como objetivo llevar agua potable a varias regiones en el departamento de La Guajira.
La declaración de López Rosero fue solicitada en medio de la indagación preliminar disciplinaria que se adelanta en contra del exdirector de la UNGRD, Olmedo López y el subdirector de riesgo, Sneyder Pinilla por las irregularidades en la celebración del contrato por 46 mil millones de pesos para la compra de esos carrotanques que, en la actualidad, están en desuso.
El contratista, como reseñan algunos documentos, tuvo una participación directa en el proceso de selección del contrato, representando a la empresa Luket S.A.S que tenía una relación con la Sociedad Impoamericana Roger S.A.S. que adjudico el polémico y millonario convenio.
En el documento de tres páginas, la Procuraduría General advierte la importancia de esta declaración del contratista pues “su testimonio podría aportar mayores elementos de juicio al momento de entrar a evaluar la presente actuación disciplinaria”.
El pasado 21 de febrero, la Procuraduría General abrió la investigación disciplinaria contra el entonces director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Olmedo López Martínez, por las presuntas irregularidades presentadas en la compra de 40 carrotanques para el abastecimiento de agua en La Guajira.
El organismo de control disciplinario busca establecer si se presentaron irregularidades en las etapas precontractual y de ejecución, las cuales estarían relacionadas con la modalidad de contratación escogida, un posible direccionamiento en la selección del contratista, falta de capacidad e idoneidad de la empresa encargada de suministrar los vehículos y un posible detrimento patrimonial.
Entre otras pruebas, la Procuraduría practicará una inspección disciplinaria a las instalaciones de la UNGRD, con el fin de recopilar la documentación relativa a las etapas precontractual, contractual y de ejecución, así como los informes de supervisión.
En la actualidad, López y Pinilla están negociando un preacuerdo o un principio de oportunidad con la Fiscalía General a cambio de entregar información sobre los hechos que rodearon este escándalo de corrupción. En su matriz de colaboración se encuentran los nombres de varios ministros, congresistas funcionarios del actual Gobierno, empleados de la UNGRD, dirigentes políticos y contratistas.
En entrevista exclusiva con SEMANA, Sneyder Pinilla aseguró que tras la firma de ese millonario se le entregaron tres mil millones de pesos al presidente del Senado, Iván Name y otros mil millones al presidente de la Cámara, Andrés Calle como parte de un acuerdo.
El entonces subdirector de riesgo de la UNGRD entregó personalmente el dinero en efectivo a los dos congresistas. La defensa de Pinilla aseguró que de llegarse a un acuerdo de colaboración con la Fiscalía General se entregarán los nombres de otras personas que participaron en estos hechos.
Las declaraciones de Pinilla generaron un verdadero terremoto político en los partidos Alianza Verde y Liberal, ocasionando que muchos de sus principales representantes presentan su dimisión.
Para entregar información el exfuncionario, cuyo paradero es un misterio, le ha pedido a las autoridades que le otorguen protección y seguridad.
