Defensoría advierte sobre riesgo para pacientes de bajos recursos

Tres horas de reunión en la Casa de Nariño fueron suficientes para aliviar las tensiones entre el gobierno y representantes de la comunidad médica, quienes habían mostrado su desacuerdo con los decretos reglamentarios de la emergencia social que buscaban sancionar económicamente a los profesionales que se salieran de los estándares establecidos por el gobierno en la recomendación de tratamientos y recetas para los pacientes.

Miembros de la Academia Nacional de Medicina y del Tribunal de Ética Médica y Odontológica se sentaron en la noche del martes y lograron que se respetara la autonomía científica a la hora de recetar a sus pacientes, sin el riesgo de que sean sancionados.

Sin embargo, mientras las aguas se calmaban por los lados de las agremiaciones, la marea subía en la de los pacientes. El defensor del pueblo, Vólmar Pérez, le envió una carta al ministro de Protección Social, Diego Palacio, en el que manifiesta su preocupación por el riesgo que corre la calidad de la salud de los pacientes con menos recursos.

“Los decretos expedidos en desarrollo de la ‘emergencia social’ al buscar priorizar el POS de las atenciones en salud de baja complejidad pueden desconocer los principios y fundamentos que motivaron la creación del Sistema General de Seguridad Social en Salud, mediante el cual se ofreció proteger, a través de la cobertura de las contingencias en salud, a los afiliados y sus familias”, dice uno de los apartes de la carta.

Enseguida, la carta dice que “para la autorización de las “prestaciones excepcionales en salud”, preocupa su carácter de “finitud”, por cuanto establece que los recursos destinados para la cofinanciación de éstas prestaciones excepcionales en salud son limitados; por ello, surge la siguiente inquietud ¿qué pasará con las personas que no tienen capacidad de pago y que necesitan de una ‘prestación excepcional en salud’ cuando se agoten los recursos?”.
 
Además, los pacientes que deben recibir tratamientos de alto costo trataban de convencer al gobierno sobre los perjuicios que traen los decretos de emergencia social.

Durante un encuentro entre estos pacientes y el ministro Palacio, estos sentaron su preocupación porque ven la inminencia del recorte de sus tratamientos, que en últimas, tendrían que ser financiados por ellos mismos.
 
En una de las sedes de Compensar, en el occidente de Bogotá, se encontraron pacientes con cáncer, Sida, tumores y otras enfermedades especiales que requieren millonarios tratamientos que no pueden ser sufragados con sus propios recursos. 
 
Tras una exposición del ministro de Protección que dejó algo confundidos a los asistentes, Claudia, una de las pacientes,  preguntó públicamente si de ahora en adelante tendría que pagar los 20 millones de pesos que cada dos meses vale su tratamiento para no fallecer.  

Médicos, satisfechos 

Por otro lado, después de varios días de tensiones entre el gobierno y agremiaciones médicas, se lograron solucionar varios inconvenientes. Gustavo Malagón, de la Academia de Medicina, dijo a Semana.com que en efecto hay abusos, malas prácticas y procedimientos mal hechos que deben ser castigados, pero esto deberá ser determinado por un tribunal médico en casos especiales, y no por un organismo ajeno a la profesión. “Salimos muy satisfechos de la reunión porque la receptividad fue muy grande. Por la lógica y la justicia con la que se facilitó el acuerdo podemos decir que las inquietudes están resueltas”, aseguró Malagón.

Así mismo, en lo que tiene que ver con los pacientes, específicamente con las modificaciones al POS, agregó que “las modificaciones no serán en detrimento de la salud y sólo va a ser actualizado para mejorarlo”.

Sobre ese tema, el gobierno emitió un comunicado al término del encuentro que dice: “El Gobierno reiteró a la Academia de Medicina y al Tribunal Nacional de Ética Médica que, siguiendo la misma dirección de la Ley 100, el actual Plan Obligatorio de Salud es el mínimo. Así debe quedar consignado en el decreto reglamentario: que no se puede desmejorar y cualquier revisión futura es para mejorarlo”.

Roberto Baquero, presidente Colegio Médico Colombiano, dijo a La Fm que sí habrá multas, pero en casos muy especiales. “El que se salga de las guías (de los decretos de emergencia social) no va a ser sancionado necesariamente (...) pero los médicos nos vamos a autorregular, nos vamos a poner nuestras propias sanciones”.

El presidente Álvaro Uribe, en ese sentido, dio esta mañana a Radio Santa Fe que “mientras estemos nosotros en el Gobierno, no permitiremos que se desmejore el plan mínimo, el Plan Obligatorio. El Plan que los colombianos tenían el 31 de diciembre es el plan mínimo. Cualquier revisión es para mejorarlo”.