Delito de opinión

EL LUNES DE LA SEMANA pasada, la ciudad de Barranquilla fue escenario de un triste estreno. Por primera vez en su historia contemporánea se produjo en ella un crimen político. En un país donde un importante porcentaje de los episodios de violencia ha estado tradicionalmente relacionado con móviles políticos, la capital del Atlántico había sido la excepción. En Barranquilla se había matado por peleas entre bandas de narcotraficantes, por disputas de borrachos, por el resentimiento de un transexual con sus padres, por líos de faldas y hasta por celos entre homosexuales, pero nunca por la opinión política que la víctima hubiera expresado.
Esa costumbre fue violada poco después de las siete de la mañana del lunes 19, por sicarios que desde una moto dispararon contra el periodista Carlos Lajud Catalán, un cronista deportivo de 44 años que de un tiempo para acá se había dedicado a comentar con particular agresividad y virulencia verbal -criticada a su vez por muchos-, los aconteceres electorales y partidistas de la ciudad.
Como demostración de que el asesinato de Lajud tiene móviles políticos, los barranquilleros citan en primer lugar la venenosa crítica que el periodista disparaba a diario contra la administración del alcalde Bernardo Hoyos, y el hecho de que el burgomaestre, párroco llegado a Barranquilla desde el interior del país, desde la Colombia 'cachaca', hubiera dedicado su homilía -discurso del domingo víspera del crimen, a advertir a "esos periodistas irresponsables, esos perros de sus amos" que no podría responder por lo que les sucediera. El elemento final para muchos es que el asesinato se produjo el día en que se celebraba un aniversario del M-19, movimiento que, como se sabe, respalda al cura Hoyos.
Claro que ni siquiera los enemigos más acérrimos del cura-alcalde plantean que su administración haya tenido alguna participación en el asesinato. Pero así mismo, la inmensa mayoría de los barranquilleros - y de los colombianos- considera que las encendidas declaraciones del cura fueron definitivamente irresponsables, ya que bien pueden leerse, al provenir no sólo de la primera autoridad del municipio sino de un sacerdote, como una patente de corso legal y religiosa, para que los sicarios actuaran contra Lajud y los demás periodistas que habían venido cuestionando al alcalde.
Pero para que un crimen político se cometa no basta con afirmaciones irresponsables de un alcalde. Para que un crimen se cometa hace falta quién lo ordene y quién lo organice. Y eso también parece comenzar a aclararse en este caso, con la detención de tres personas el jueves, apenas 72 horas después del asesinato. Se trata de otra particularidad de la capital del Atlántico: cuando un crimen sucede -los pasionales de antes o el político de ahora- la chismografía callejera -siempre activa y por lo general bastante acertada- le permite muy pronto a las autoridades hallar a los culpables.
Los detenidos por el caso de Lajud parecen confirmar lo que ya se sospechaba: que se trata de personas de origen humilde, vinculadas a las comunas y barrios de invasión donde el cura Hoyos ha realizado siempre su trabajo y de donde salió a fines del 91 como candidato a la alcaldía, y que habían actuado por cuenta propia, al creer que de ese modo ayudaban al alcalde. Y es que lo más grave de los planteamientos que el cura Hoyos ha hecho desde tiempos de la campaña por la alcaldía, es que introdujo en el discurso político de la ciudad conceptos de lucha de clases que pretenden enfrentar a las gentes del barrio abajo y de los tugurios, con los habitantes del Prado y los barrios altos.
En general, lo que Hoyos -quien por más que baile salsa y tome ron blanco, no ha logrado convertirse en costeño- parece evidenciar, es un desconocimiento de cuán sagrado ha sido históricamente para Barranquilla el hecho de que en el debate político se adopte casi siempre el lenguaje más virulento, pero jamás se pase de ahí: por más que sobren los insultos, nunca había habido bala. La forma como el alcalde reacciona ante las críticas "es un síntoma inequívoco de intolerancia, impropio de nuestra tradición caribe", comentó el representante a la Cámara por el Atlántico, Arturo Saravia, uno de los muchos convencidos de que la actitud de Hoyos rompe con la tradición pacifista y de convivencia de la ciudad, que parece ser lo único que, con razón, los barranquilleros no quieren que el alcalde cambie.
Ahora le toca al cura hacer un gran esfuerzo de contrición y comprender que si bien muchos le reconocen el hecho de que está dedicado a limpiar la administración pública de la ciudad de los incapaces y corruptos que la han gobernado por décadas, eso no justifica encender los ánimos de los más pobres contra los más ricos.
Como le dijo a SEMANA el gobernador del Atlántico, Gustavo Bell, "la convivencia pacífica es un valor que está por encima de todas las diferencias, de todos los conflictos por agudos que estos sean; así ha sido siempre en Barranquilla y así debe seguir siendo". Dios lo oiga.