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Ismael Peña, Gustavo Petro y Juan David Correa.
Ismael Peña, Gustavo Petro y Juan David Correa. | Foto: FOTO1,2,3: SEMANA.

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Demandan resolución que designó minEducación ad hoc para escoger rector encargado de la Universidad Nacional

El abogado German Calderón España interpuso la demanda ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

Redacción Semana
16 de mayo de 2024

En los últimos minutos, llegó la primera demanda al Tribunal Administrativo de Cundinamarca contra la resolución que designó como ministro de Educación ad hoc al ministro de Cultura, Juan David Correa, para que firmara el documento que ordena escoger a un nuevo rector encargado para la Universidad Nacional. Según algunos expertos, esa decisión se convirtió en un “golpe de estado” para el director elegido, José Ismael Peña.

La demanda pide específicamente a los honorables magistrados que ”se declare la nulidad por inconstitucionalidad de la Resolución No. 7480 del 15 de mayo de 2024, ‘Por la cual se solicita la cesación de una actuación conforme a las facultades establecidas en los numerales 5 y 7 del artículo 9 de la Ley 1740 de 2014′, por contravenir el artículo 69 de la Constitución Política de Colombia –Autonomía Universitaria–, como así lo sustento más adelante”.

En la acción se resume que, desde el 21 de marzo, el Consejo Superior de la Universidad Nacional eligió a José Ismael Peña como rector para el periodo 2024-2027; el 10 de mayo, la Procuraduría determinó que ese proceso fue legal y al director que se escogió le tocó tomar posesión del cargo ante la Notaría 14 de Bogotá, después de que la ministra de Educación, Aurora Vergara, no estuvo de acuerdo con la forma en como se adelantó la votación.

La ministra Aurora Vergara, el nuevo rector José Ismael Peña y la carta dirigida al Gobierno Nacional.
Ministra Aurora Vergara / Profesor José Ismael Peña. | Foto: FOTO1: SEMANA/FOTO2: AUTOR ANÓNIMO/FOTO3: AUTOR ANÓNIMO.

Sin embargo, varios días después de ese acto administrativo, el ministro de Cultura, Juan David Correa, fue designado como ministro de Educación ad hoc para firmar la resolución con la que se iba a escoger al nuevo rector encargado de la Universidad Nacional.

Según el abogado Calderón España, “el acto administrativo acusado viola el artículo 69 de la Constitución Política de Colombia”, que cita: “Se garantiza la autonomía universitaria. Las universidades podrán darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos, de acuerdo con la ley. La ley establecerá un régimen especial para las universidades del Estado”.

En la demanda se puntualiza que el Consejo Superior de la Universidad Nacional fue objeto de control de la Procuraduría para preservar el ordenamiento jurídico durante la elección del nuevo rector, pero, con la designación de un minEducación ad hoc para escoger un director encargado, se viola el principio de autonomía universitaria.

La Universidad Nacional ofrece cursos de idiomas que no son necesariamente para los estudiantes de la institución.
Continúa la crisis en la Universidad Nacional de Colombia. | Foto: Foto tomada de redes sociales.

El abogado Germán Calderón España, egresado de la Universidad Nacional, explicó: “El ministro ad hoc pretende invadir la esfera íntima de las universidades públicas en el país. El principio de autonomía universitaria establece que las universidades públicas pueden autodeterminarse, dictar sus propios estatutos y autodirigirse”.

Sin embargo, según el profesor de la Universidad Nacional Rodrigo Uprimny, la decisión que tomó el Gobierno es un primer paso para conjurar la crisis que se ha generado por la elección de José Ismael Peña como rector del centro académico.

La autoposesion de Peña fue tan arbitraria que jurídicamente no existe. No hay hoy entonces rector en la UNAL. Por eso, el nombramiento de un rector encargado por el CSU es el primer paso para superar esta crisis y proteger la autonomía de la UNAL”, explicó Uprimny en su cuenta de X.

El reconocido académico Moisés Wasserman recomendó demandar la orden del presidente Petro de nombrar rector en la Nacional, pues considera que fue una decisión inconstitucional y desmoralizante. Además, argumentó que el proceso de elección de Peña fue, en sus palabras, “absolutamente legal”.