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Denuncian presuntas violaciones por cancelación de cédulas a colombianos de origen venezolano

La investigadora del Centro de Pensamiento Independiente Diásporas Think Tank y miembro de la “Red en Movimiento” dijo a SEMANA que la medida de la Registraduría Nacional del Estado Civil ha afectado a más de 40.000 personas.


Organizaciones sociales denunciaron presuntas irregularidades por la cancelación de más de 42 mil nacionalidades y cédulas de ciudadanía a colombianos de origen venezolano por parte de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Al justificar esta decisión, la entidad señaló que luego de revisar la documentación de registro se encontró que estas personas no habían cumplido con los requerimientos para registrarse como ciudadanos colombianos, con derecho a cédula y otros documentos legales de identidad y nacionalidad.

“Entendemos que puede haber algunos ciudadanos que obtuvieron de manera fraudulenta la nacionalidad y creemos igualmente que sobre ellos deben recaer las sanciones correspondientes. Pero no es cierto que todas las 42.000 personas a quienes se les revocó la nacionalidad están en esa situación”, señalaron las organizaciones en un comunicado público.

Agregaron que “estos colombianos son hombres y mujeres que nacieron en Venezuela, descendientes de padre o madre colombianos, que constitucionalmente son colombianos por nacimiento, con la categoría especial de retornados. Pero además son retornados de Venezuela, país que se encuentra en una emergencia humanitaria compleja por la profunda crisis política, económica y social permanente, de acuerdo con lo establecido por la Organización de Naciones Unidas”.

“Son personas con necesidad de protección internacional. Retornados porque son colombianos desde que nacieron (derecho de sangre). El Estado colombiano solo dicta un acto declarativo que les permite el ejercicio de su derecho a la nacionalidad, pero su condición de colombianos ya la tenían desde su nacimiento”, advirtieron.

Indicaron, adicionalmente, que la decisión de la Registraduría es “ilegal, arbitraria y punitiva que viola los más elementales derechos establecidos en la Constitución colombiana y en los tratados y convenios internacionales sobre Derechos Humanos”.

“Una medida más cercana a regímenes totalitarios que a una democracia como la colombiana, que le ha abierto las puertas a la población venezolana. Esta medida, en cambio, a sus conciudadanos colombianos nacidos en Venezuela, les atribuye —sin prueba alguna y sin cumplir con las garantías judiciales— la comisión de un delito”, señalaron.

Según aseguraron, “la ejecución de esta medida ha inducido a la detención arbitraria y vejación de ciudadanos e incrementa considerablemente los sentimientos y actitudes de xenofobia. Por otra parte, al no tener cédula, algunos ciudadanos han sido excluidos de los sistemas de salud, de sus trabajos, del sistema financiero”.

“Se trata de la violación al derecho a la identidad, la nacionalidad, el trabajo, la salud, la educación, al voto en un año electoral y de otros derechos fundamentales. Todo ello en violación, entre otros, del artículo 96 de la Constitución Política que establece: “ningún colombiano por nacimiento podrá ser privado de su nacionalidad”, advirtieron.

Registraduría Nacional del Estado Civil 
Bogota feb 4 del 2022
Foto : Guillermo Torres Reina / Semana
Organizaciones solicitaron formalmente de la Registraduría la nulidad de la medida y el restablecimiento de los derechos de los colombianos de origen venezolano a quienes se les ha cancelado la cédula de ciudadanía. - Foto: Guillermo Torres /Semana

Señalaron que cuando “la Registraduría Nacional no discrimina a quién le aplica la medida, no se percata que está actuando contra ciudadanos colombianos que pagan impuestos, trabajan, estudian y cumplen sus obligaciones sociales y tienen familias que se verán afectadas”.

Las organizaciones indicaron que estas medidas se adoptaron en medio del proceso electoral que se adelanta en el país en el que “los votos de los ciudadanos colombianos de origen venezolano pudieran cobrar gran importancia”.

“Por estas razones solicitamos formalmente de la Registraduría la nulidad de la medida y el restablecimiento del derecho violado a la gran mayoría. De la misma forma, entendemos la necesidad de sancionar a quienes ciertamente han violado las disposiciones legales”, señalaron.

Aseguraron que se trata de una violación al articulo 96 de la Constitución Política de Colombia. “El día de hoy miles de colombo-venezolanos nos enteramos que nuestras cédulas de ciudadanías fueron canceladas por parte de la Registraduría Nacional sin ninguna explicación”. Las denuncias recibidas incluyen personas detenidas por no portar documentos “validos”, personas con cuentas bancarias congeladas y sin poder hacer trámites con sus empresas frente a las Cámaras de Comercio o DIAN.

Igualmente, indicaron que las más de 1.000 denuncias recibidas son de hijos de colombianos que tienen toda su documentación y que a su llegada al país, algunos desde hace más de 7 años, realizaron todo el proceder para adquirir su nacionalidad colombiana como lo establece la ley.

Ante esta situación, solicitaron a la Defensoría del Pueblo a pronunciarse sobre esta decisión y anunciaron que llevarán ante los organismos internacionales de protección de los derechos humanos, la decisión de la Registraduría.

La investigadora del Centro de Pensamiento Independiente Diásporas Think Tank y miembro de la “Red en Movimiento” dijo a SEMANA que la decisión “podría deberse también a una de las consecuencias del registro obligatorio establecido como requisito para el Estatuto de Protección Temporal (ETPV), pues con esta información de las personas migrantes, las autoridades ya saben quiénes adquirieron la nacionalidad colombiana por consanguinidad y las están cancelando, justo en época de elecciones o con intención de deportarlos, invocando su discrecionalidad”.

“En términos jurídicos, Son decisiones violatorias del debido proceso. Hasta ahora, algunos de los “sustentos jurídicos” por parte de las autoridades colombianas han sido, entre otros: “que los testigos no son validos o que no hay apostillas”, señaló.

Agregó que “es fundamental hacer veeduría a estos procesos. Ya las oficinas jurídicas de las Universidades como Los Andes, están acompañando estos procesos e incluso, organizaciones de migrantes como las firmantes del comunicado”.

El documento lo firman las organizaciones: Alianza Humanitaria Tricolor, Asprocolcan Esal, Ávila Monserrate, Comparte por una vida, Corazón Doble Tricolor, Diálogo Ciudadano Colombo Venezolano, El Derecho a No Obedecer, Fraternidad venezolana, Fundación de venezolanos en Colombia, Fundación de venezolanos en el Tolima, Fundación Genval, Fundación Manitas Amarillas, Fundación Rio de agua viva, uniendo fronteras , Gran Acuerdo Venezuela, Juntos se Puede, Movimiento de mujeres lideresas venezolanas en Cartagena, ONG Mujeres de nueva luz, Solidaridad Activa, Unión de Trabajadores de Plataforma Digitales Y Mensajería, Unión de trabajadores venezolanos y retornados y Venezuela Sin Fronteras.