Top 5: de aquí saldrá el director de la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos

A Andrés Orlando Peña, Carlos Rodríguez Mejía, Digna Isabel Durán Murillo, Luz Marina Monzón y Martha Lucía Rodríguez se redujo la lista de 22 aspirantes que se postularon a la dirección de la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos. Después de casi un mes de espera, los miembros del Comité de Escogencia anunciaron que tres mujeres y dos hombres pasan a la fase de entrevistas. 

"Las personas convocadas serán contactadas para informales la fecha, hora y lugar. Así mismo, en cumplimiento de los principios de transparencia y publicidad, el comité anuncia que hará pública la grabación de las entrevistas de los aspirantes al cargo a partir el 26 de septiembre", se lee en el comunicado. 

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Diego Sayán, Juan Méndez, Claudia Vaca, José Francisco Acuña y Álvaro Gil Robles tienen en este momento una decisión trascendental para el futuro del acuerdo de paz. Conforman el comité que seleccionará a los magistrados de la justicia especial para la paz (JEP): elegirán a más de 70 funcionarios de alto nivel entre los que se destaca el director de la nueva entidad.  

El flagelo de la desaparición forzada se ha vivido con más intensidad en Colombia, que en cualquier otra parte del hemisferio occidental. La cifra de 60.630 personas dadas por desaparecidas, está por encima de la de la guerra de los Balcanes en los años noventa y de los penosos números quedaron de las dictaduras en América del Sur en las décadas de los setenta y ochenta.

Entre los finalistas, se encuentran dos de los tres postulados por organizaciones sociales: Carlos Rodríguez Mejía y Luz Amparo Monzón. El primero, es doctor en Ciencias Jurídicas, catedrático y defensor de derechos humanos, con experiencia en litigios sobre desaparición forzada ante el sistema Interamericana de DD.HH. POr su parte, ella es catedrática con experiencia en el litigio de casos sobre desaparición forzada en Colombia y también ante el Sistema Interamericano de DD.HH. 

"El Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice); la Mesa de Trabajo sobre Desaparición Forzada de la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos (CCEEU); la Ruta Pacífica de las Mujeres; 131 organizaciones de víctimas, derechos humanos, mujeres, campesinas y ecuménicas; junto con otras víctimas de desaparición forzada y personalidades nacionales e internacionales, presentamos ante ustedes nuestra postulación", arranca la carta que presentaron en julio pasado. 

De los otros candidatos se sabe, por ejemplo, que Peña Andrade es abogado de la Universidad Libre, especialista en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario con estudios en procesos de identificación humana y exhumación en Bosnia & Herzegovina, Magister en Derecho Procesal Penal. Fue asesor presidencial en esta materia y exconsultor de Naciones Unidas para el fortalecimiento del Ministerio Público en el trámite del Mecanismo de Búsqueda Urgente. 

Digna Isabel Durán Murillo es abogada especializada en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario y Derecho Público. Ha ejercido cargos como procuradora judicial ante la Unidad de Derechos Humanos y como fiscal especializada en la Dirección Nacional de Justicia Transicional. Fue la primera Subdirectora Nacional de Atención a Víctimas de esa entidad, cuyo diseño, estructuración y puesta en marcha estuvo a su cargo. Finalmente, de la quinta candidata, Martha Lucía Rodríguez, se sabe que es exdirectora de Criminalística de la Fiscalía. 

En la larga lista de funciones que tendrá la nueva entidad, se destaca: 1) Diseñar y poner en marcha un plan nacional y planes regionales de búsqueda; recolectar la información necesaria para establecer el universo de personas que serán objeto de búsqueda; 3) Buscar, contrastar y analizar la información proveniente de distintas fuentes, incluyendo entrevistas confidenciales, 4) Fortalecer y agilizar los procesos de identificación de restos en coordinación el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, 5) Acceder a las bases de datos oficiales y suscribir convenios con organizaciones de víctimas y de derechos humanos para acceder a la información de la que dispongan, 6)  Garantizar que los familiares puedan participar, 7) Entregar a los familiares un reporte oficial de la información que haya logrado obtener sobre la suerte de la personas o personas dadas por desaparecidas y hacer informes periódicos y públicos sobre el cumplimiento de sus funciones. 

A lo largo de 45 años, cada día tres personas desaparecieron forzosamente en Colombia. Esa fue una de las conclusiones que llegó el Centro Nacional de Memoria Histórica, después de conocer la investigación más completa y jamás hecha sobre este drama en el país.

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Aunque organizaciones como el Colectivo Orlando Fals Borda y Equitas, han facilitado la entrega de cuerpos a 80 familias de los Llanos Orientales, en el último año y medio, se trata de una de las grandes deudas históricas que tiene el país con la víctimas del conflicto. ¿La razón?, "de acuerdo con las denuncias de las organizaciones de derechos humanos y de familiares de desaparecidos, la presunta autoría estaría concentrada en la Fuerza Pública y los paramilitares".

Para las víctimas todo está por hacer. Aunque en los acuerdos de La Habana se suscribió un capítulo enteró para hacerle cara al flagelo, a través de la creación de la Unidad de Búsqueda de personas dadas por Desaparecidas (UBPD) que tendrá una vigencia de 20 años, el compromiso no despega.

"Se encuentra solo en el papel (...)". De hecho, "la Corte Constitucional aún tiene en el tintero la ratificación del decreto 589 de abril de 2017 el cual pondría en funcionamiento este importante instrumento y el tiempo sigue corriendo en contra de los desaparecidos y desaparecidas del país", adviertió hace unas semanas la organización Equitas.