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  El exgobernador Sergio Fajardo pidió un comité para que el fiscal Francisco Barbosa revise la imputación.
El exgobernador Sergio Fajardo pidió un comité para que el fiscal Francisco Barbosa revise la imputación. - Foto: esteban vega la-rotta-semana

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¿Por qué la Fiscalía imputará cargos al candidato presidencial Sergio Fajardo?

La decisión de la Fiscalía de imputarle cargos al exgobernador de Antioquia tendrá consecuencias en la campaña electoral. SEMANA revela los detalles de este caso.

El 5 de diciembre de 2013, cuando Sergio Fajardo se desempeñaba como gobernador de Antioquia, el departamento suscribió un contrato con el banco Corpbanca S. A., que en apariencia sería uno más. Sin embargo, ocho años después, esa operación acaba de convertirse en un nuevo dolor de cabeza para Fajardo, en medio de su candidatura a la presidencia. El caso se suma a otra investigación que afronta en la Contraloría por el descalabro de Hidroituango.

El miércoles santo, la Fiscalía anunció sorpresivamente que un fiscal delegado ante la corte le imputará cargos a Fajardo por ese contrato y lo llamará a responder por peculado agravado por apropiación en favor de terceros y contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales. Los investigadores consideran que hay evidencias para probar que no hubo “un estudio sobre la necesidad de suscribir un contrato de empréstito en moneda extranjera”, ni “tampoco existió una proyección que advirtiera sobre la volatilidad del dólar, ni se blindó la contratación con un seguro de riesgo cambiario”.

Ese contrato, de acuerdo con el ente acusador, implicó el desembolso de 77 millones de dólares con el fin de sustituir deudas con otros bancos, lo que se conoce como compra de cartera. “Al momento del desembolso, en 2013, el dólar costaba 1.926 pesos. En 2015, su valor superaba los 3.140 pesos. En ese sentido, la obligación interna contraída en dólares originó un presunto detrimento fiscal por la devaluación del peso que, a corte de 2020, ascendió a un monto estimado de 320.000 millones de pesos.

Esta situación se vio reflejada en el aumento de la deuda general del departamento de Antioquia, que en su momento pasó de 600.000 millones de pesos a cerca de 1,2 billones de pesos”, advirtió la Fiscalía en un comunicado. Fajardo, además de ser el ordenador del gasto, suscribió el contrato de empréstito “con notables irregularidades en la etapa precontractual”, según los investigadores. Adicionalmente, no se descartan nuevas decisiones contra otras personas no aforadas e involucradas en esta operación.

Pero la indagación no solo está en la Fiscalía. Fuentes de la Contraloría le confirmaron a SEMANA que hay un caso que viene desde la administración pasada. Se trata de una investigación preliminar, y los encargados tomarán la decisión de cerrar el expediente o abrir un proceso de responsabilidad fiscal. La Contraloría analiza un presunto daño fiscal y falta de planeación. En las últimas semanas, los investigadores se han dado a la tarea de recopilar evidencias, escuchar testimonios y revisar la documentación.

Ya llamaron a rendir versión a la secretaria de Hacienda de la época, María Eugenia Escobar Navarro, una de las personas más cercanas a Fajardo y quien fue la gerente de su campaña presidencial en 2018, cuando él hizo fórmula con Claudia López. También serán llamados varios miembros del equipo financiero de ese entonces, al igual que Fajardo. En la Procuraduría, el organismo de control informó que “Fajardo está actualmente vinculado a una investigación disciplinaria, originada en los mismos hechos que dieron lugar a la investigación penal que adelanta la Fiscalía”. El 22 de febrero se ordenaron prácticas de pruebas en este caso.

  En marzo de 2016, el secretario de Hacienda de Antioquia, Adolfo León Palacio, le pidió a la Fiscalía investigar el contrato con Corpbanca.
En marzo de 2016, el secretario de Hacienda de Antioquia, Adolfo León Palacio, le pidió a la Fiscalía investigar el contrato con Corpbanca.

Los detalles del crédito

SEMANA conoció que la Fiscalía indaga sobre los presuntos nexos que tendría la secretaria Escobar Navarro con Helm Bank, una institución que fue absorbida por Corpbanca, con la que se hizo el préstamo para Antioquia.

La funcionaria tenía acciones en Helm Bank, y los investigadores buscan establecer si en dicha operación crediticia con Corpbanca hubo algún conflicto de intereses y un favorecimiento. Sobre este hecho, el 7 de octubre de 2016, Escobar le dijo a esta revista: “Sacamos una oferta y la mejor propuesta era la de Corpbanca. Yo tenía unas acciones en el Helm Bank, que correspondían a 7 millones de pesos. Me da hasta pena porque la cifra es irrisoria, así que no tenía por qué declararme impedida”.

Así mismo, añadió: “No sacamos la cobertura porque la ley no nos obligaba y porque se encarecía el crédito. Hubiera pasado de una tasa de 6,3 a 10. Además, el departamento ya tenía créditos anteriores con el BID y el Banco Mundial, y ninguno con cobertura de riesgo”.

Luego de la decisión de la Fiscalía, Fajardo dijo que estaba a la “espera” de la citación del ente acusador “para entender la imputación”. “Como siempre, listo para responder por mis actuaciones, pero pediré formalmente al fiscal general que presida un comité técnico jurídico para revisar la improcedencia de esta imputación”, señaló.

Por su parte, SEMANA habló con la entonces secretaria de Hacienda, quien afirmó: “Estamos esperando la imputación formal para entender bien de qué se tratan los cargos antes de dar declaraciones”. Aunque en el ámbito nacional esta operación crediticia había pasado desapercibida y hasta ahora sale a la luz, en medio del debate electoral que se avecina en 2022, ha suscitado debate desde hace años en Antioquia.

De hecho, SEMANA conoció una carta que el entonces secretario de Hacienda, Adolfo León Palacio Sánchez (quien estuvo en el gabinete del gobernador Luis Pérez), envió a la Fiscalía en marzo de 2016. El servidor público le pidió en ese entonces al organismo investigador que indagara por la operación del gobernador Fajardo con Corpbanca.

Según su comunicación, no se contempló “ningún tipo de cobertura al riesgo cambiario, bajo el supuesto de cero devaluación durante la vigencia del crédito”. Palacio le pidió a la Fiscalía revisar el contenido de un acta de una reunión del Comité Financiero y de Tesorería, del 13 de agosto de 2013, en la que se habría decidido la polémica operación con Corpbanca.

A juicio del Gobierno central, se favoreció “expresamente la contratación con Corpbanca, induciendo a un gravísimo error que le ha costado al departamento de Antioquia la no despreciable suma de más de 90.000 millones de pesos”.

“En otras palabras, de la deuda total, el 16,6 por ciento corresponde a devaluación del periodo 2014-2015, originado en una falta de planeación financiera y en la no determinación de políticas de cobertura cambiaria de la deuda contraída por el anterior gobierno; y, como consecuencia, el departamento deberá dejar de destinar 239.000 millones de pesos a programas de inversión social para dedicarlos a cancelar el sobrecosto por diferencia en cambio del endeudamiento en dólares”, dice la carta.

Así mismo, Palacio le aseguró al ente acusador que en el empalme, por parte de la administración de Fajardo, no se entregó la política cambiaria que justificara el endeudamiento en dólares “ni las razones financieras para contraer dichos créditos en una moneda diferente a la moneda de sus ingresos”. La carta del secretario de Hacienda de Antioquia habla de “falta de planeación financiera” y “daño al patrimonio del Estado”.

“Me llamó la atención que fue una deuda en dólares contraída con un banco nacional. Esa es una figura que no había visto antes. Empezamos a averiguar por este tema, pues el dólar comenzó a fluctuar y a subir, y no había una póliza para cubrir la fluctuación de la tasa. Nos pareció que eso no estaba bien.

Es una figura muy extraña, que haya deuda en dólares con un banco colombiano, y la operación sigue afectando hoy al departamento”, le dijo el Gobierno central a SEMANA. Agregó que la actuación de la entonces secretaria de Hacienda “es por lo menos antiética” debido a sus acciones con el Helm Bank en el momento de la transacción. Palacio dio una declaración hace tres meses a la Fiscalía en medio de este proceso.

El anuncio de imputación a Fajardo provocó todo tipo de reacciones. El exdirector de Planeación Nacional durante el Gobierno Santos y hoy director de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, señaló: “Muy grave que la Fiscalía pretenda volver un delito los movimientos no anticipados del precio del dólar. Bajo esa teoría, deberían ser imputados todos los servidores públicos que contrataron créditos en dólares antes de 2014. Absurdo y peligroso”.

Es claro que, al igual que el proceso por Hidroituango, esta imputación tendrá repercusiones políticas en la campaña de Fajardo. Aunque al candidato no se le sindica de haberse apropiado de recursos públicos en ningún caso y es inocente hasta que se demuestre lo contrario, las dos investigaciones podrían minar su atributo de buen gobernante, alejado de escándalos por posibles irregularidades en contratación.

De acuerdo con el gran estudio electoral de SEMANA, Fajardo está de segundo en la intención de voto, con 12 por ciento, luego de Gustavo Petro (23 por ciento), pero les gana a todos los demás competidores en los escenarios de segunda vuelta, incluido Petro.

Precisamente, Petro, quien ha criticado de manera agresiva a Fajardo y que incluso lo señaló de ser corrupto por el desastre de Hidroituango, salió en su defensa en esta oportunidad. “A pesar de todo, espero que Fajardo salga bien librado de esta acusación. No suena bien que a meses de una elección presidencial la Fiscalía meta mano. La sustentación de la acusación debe ser mirada a profundidad por todos los abogados y abogadas demócratas del país”, dijo.

En una nación polarizada, y que está a punto de entrar en la competencia por la presidencia, Fajardo tiene derecho a un proceso justo. Pero, al mismo tiempo, la Fiscalía debe investigar y exponerle a un juez todas las evidencias que tiene a la mano para que sea él quien falle en derecho. Ni siquiera la campaña política puede detener el papel de la Fiscalía a la hora de indagar la comisión de delitos. Fajardo tendrá las garantías necesarias para defenderse en la Corte Suprema de Justicia.