EL FISCAL CONTRAATACA

LA FISCALIA GENERAL DE LA Nación estuvo la semana pasada en el ojo del huracán.
Primero fueron las declaraciones del general Néstor Ramírez, segundo comandante del Ejército, hablando de
posible infiltración de la guerrilla en la entidad. Después las afirmaciones del viceprocurador, Eduardo
Montealegre, en el sentido de que la Fiscalía se estaba convirtiendo en un dios sin control. Y, por último, la
decisión de la Procuraduría de archivar el proceso disciplinario contra el coronel Bernardo Ruiz, que fue
interpretado por algunos medios como un desplome del caso que lleva la Fiscalía. SEMANA interrogó al fiscal
general, Alfonso Gómez Méndez, sobre todos estos temas.
SEMANA: ¿Existe la posibilidad de que la Fiscalía esté infiltrada o que sea enemiga de las Fuerzas
Militares, como afirmó el general Ramírez en Miami?
Alfonso Gómez Méndez: Yo no podría descartar en forma absoluta que en la Fiscalía, donde hay 22.000
funcionarios, pueda haber alguien que pertenezca a la guerrilla, como no lo pueden descartar el Ejército o
la Iglesia o las instituciones grandes. Pero tampoco tengo elementos para pensar que eso esté
ocurriendo. Además serían unos infiltrados que han hecho mal su trabajo porque la Fiscalía hoy tiene órdenes
de captura contra toda la cúpula de las Farc y de toda la guerrilla; tiene más de 600 guerrilleros presos y más
de 1.400 órdenes de captura contra personas acusadas de rebelión y extorsión vinculadas a la guerrilla.
Además hoy se judicializan los asaltos guerrilleros, cosa que no ocurría en el pasado, ni siquiera en la
época en que existía la justicia penal militar. Cuando se fueron a conceder amnistías en los años 82 y 88 se
encontró la dificultad de que no había de qué amnistiar a los guerrilleros porque no había procesos. Hoy
acaban de producirse los secuestros del avión de Avianca y de la iglesia La María. Ya hay procesados y hay
presos. Y en el caso del avión hay un caso de sentencia anticipada, es decir que la persona admitió la
comisión del delito y la confesó. Así que hablar de infiltración de la guerrilla en una entidad que produce
estos resultados es ridículo.
SEMANA: Independientemente de si hay o no infiltrados, ha sido tradicional la queja de los militares
porque los organismos de control supuestamente obstaculizan su labor. ¿En el procedimiento penal hay
elementos que permitan decir que la Fiscalía obstaculiza en algo la labor de las Fuerzas Militares?
A.G.M.: Hay que hacer una precisión de Estado: ¿Queremos una guerra dentro del Estado de derecho o por
fuera del Estado de derecho? Si queremos hacer una guerra dentro del Estado de derecho, pues,
lamentablemente, entre comillas, los agentes del Estado tienen unas limitaciones que no poseen la
guerrilla ni los paramilitares. Porque ni los guerrilleros ni los paramilitares son funcionarios públicos. Los
funcionarios públicos tenemos las limitaciones de la Constitución y de la ley. Esa aparente debilidad es la
fuerza del Estado, que no utiliza las mismas armas que usan los delincuentes. Las Fuerzas Armadas
ganarían hoy la guerra si cumplieran todas las órdenes de captura que ha expedido la Fiscalía contra la
guerrilla. Luego, no es por dificultad judicial que no se puede ganar la guerra. Yo les he dicho a los últimos
comandantes de las Fuerzas Militares que me inviten a los batallones, a las unidades tácticas y a las brigadas
y que salga alguien y me diga a quién están investigando la Procuraduría o la Fiscalía por matar un guerrillero
en combate.
SEMANA: Muchas personas afirman que para ganar la guerra en Colombia lo que se necesita es una
legislación para la guerra.
A.G.M.: Hay dificultad judicial para ganar la guerra cuando no hay elementos para procesar a los alzados en
armas. Pero yo le he dicho al alto mando: cumplan las órdenes de captura y les ganamos la guerra, al tiempo,
a la guerrilla y a los paramilitares. Todos sus jefes tienen órdenes de captura expedidas por la Fiscalía.
SEMANA: ¿Qué opinión le mereció la respuesta del presidente Pastrana a la carta que usted y el Procurador le
enviaron sobre el caso del general Ramírez?
A.G.M.: Evidentemente no nos gustó la respuesta, por cuanto nosotros no estábamos diciendo que el
general había cometido un delito. Como lo dijimos en nuestra declaración del viernes, para eso no nos
íbamos a quejar ante el Presidente sino que se hubiera iniciado de una vez la investigación. Estábamos
haciendo un cuestionamiento de otro orden. Incluso, para aclarar, de una vez por todas, esa frase que se ha
venido repitiendo de que hay infiltrados. Era una oportunidad para aclarar esa idea. No estábamos diciendo
que el general hubiera cometido un delito. De manera que yo creo que en ese sentido, por razones que
pueden ser respetables, el Presidente optó por no contestar.
SEMANA: ¿Entonces no va a haber ninguna investigación contra el general Ramírez?
A.G.M.: Por lo menos penalmente no. No va a haber ninguna investigación, no veo porqué. Ese no era el
planteamiento, ese no era el cuestionamiento. De haberlo pensado así no le hubiera pedido permiso al
Presidente para iniciar la investigación.
SEMANA: ¿Cuál es su opinión sobre la afirmación del viceprocurador, Eduardo Montealegre, en el sentido
de que la reforma del Código de Procedimiento Penal convierte a la Fiscalía en un dios sin control?
A.G.M.: Eso no pasa de ser una frase infortunada porque habla de un dios sin control, como si existiesen
dioses con control. La acusación tiene que ver con que es la Fiscalía la que investiga, la que dicta la medida
de aseguramiento y la resolución de acusación. Eso es ignorar de dónde venimos. Antes ocurría que el juez
abría la investigación, dictaba el auto de detención, hacía la acusación y, además, dictaba la sentencia. De ahí
es de donde venimos. En la Constitución del 91 se estableció un sistema mixto, no acusatorio puro, como en
Estados Unidos, donde el fiscal depende del Ejecutivo, es decir que es éste quien maneja las pruebas y
decide cuáles se practican. Aquí a la gente se le olvida que el Fiscal hace parte del Poder Judicial, empezando
por el Fiscal General, que lo nombra la Corte Suprema de Justicia. La equivocación parte, yo supongo que de
buena fe, de confundir a la gente comparando dos sistemas distintos. Si el Fiscal perteneciera al Ejecutivo, sí
sería válida la observación. Aquí el Fiscal General ni siquiera puede darles instrucciones a los otros fiscales
sobre cómo se debe fallar.
SEMANA: ¿El nuevo Código de Procedimiento Penal aumenta los poderes de la Fiscalía?
A.G.M.: No. En el Código de Procedimiento no hay nuevos poderes para el Fiscal ni para la Fiscalía. Al
contrario, lo que hay son unas limitaciones que me parecen acertadas. Hoy existen el control de legalidad,
que consiste en que un juez analiza si las medidas violan el debido proceso; el control de la
Procuraduría, que es parte del proceso penal, y los recursos que hay dentro de la misma Fiscalía: un 40 por
ciento de las decisiones de primera instancia han sido revocadas por fiscales de segunda instancia (por
ejemplo en los casos de Rodolfo González, Marta Montoya o Fernando Landazábal, quienes fueron acusados
en primera instancia). Además existen las acciones de tutela. En el proyecto aumenta el control a lo
sustancial. Es decir, que el juez puede entrar a decidir si un fiscal dictó una medida de aseguramiento
erróneamente por mala valoración de las pruebas. Yo estoy seguro que quienes critican el código es porque
no se lo han leído.
SEMANA: ¿Qué tantos debates ha tenido el código?
A.G.M.: Este es un código que ha sido estudiado como ninguno otro en Colombia: en la comisión primera
del Senado y en la plenaria, y luego en la comisión primera de la Cámara. Hemos hecho foros en todos
los sitios del país y han intervenido académicos. Yo diría que el proyecto que presentó la Fiscalía ha sido
modificado por lo menos en un 40 por ciento.
SEMANA: Pero se dice que el código está hecho a su medida.
A.G.M.: El código entraría a regir un año después de la sanción del Presidente. O sea, tres meses antes de
que yo deje el cargo. Si así fuera le estaría aumentando los poderes a mi sucesor, no a mí.
SEMANA: ¿Cuáles son los principales aportes del nuevo código?
A.G.M.: Contrariamente a lo que se dice, es un código que ofrece muchas más garantías. Se eliminan
pasos innecesarios en el proceso, se agilizan las notificaciones y se dota de mayores poderes al juez. Se
le da más importancia al debate oral y más espacio a la defensa. Si el sindicado es abogado puede ejercer su
propia defensa. En la indagatoria se deben presentar todas las pruebas e incluso el abogado defensor
puede intervenir e interrogar. Se da más campo de acción a los consultorios jurídicos para que la gente
tenga una defensa técnica. Se pueden presentar solicitudes de nulidades en cualquier etapa del proceso. Y se
dota de control judicial a la ejecución de la pena. En resumen, el código busca hacer más ágiles los procesos
y facilitar los derechos de la defensa.
SEMANA: ¿Las afirmaciones del viceprocurador son de él o de la Procuraduría?
A.G.M.: Yo no entro en ese pleito. Es cierto que hubo un documento de la Procuraduría que fue
estudiado en las comisiones del Congreso. Algunas de esas propuestas fueron acogidas, pero no recuerdo
haber oído la expresión de dios sin control.
SEMANA: La gente está un poco despistada porque un día la Procuraduría dice que la Fiscalía tiene todos los
poderes y al otro día se afirma que, por una decisión de la Procuraduría, se desplomó un caso como el de
Alvaro Gómez, que está en poder de la Fiscalía.
A.G.M.: La verdad es que nuestro sistema es un poco complejo y que en la Procuraduría también hay
decisiones autónomas. Mientras que disciplinariamente su decisión fue absolutoria, dentro del proceso penal
el concepto fue contrario. No sólo pidió la acusación del coronel Bernardo Ruiz Silva, ex comandante de la
Brigada 20 de Inteligencia, decisión que acogió la Fiscalía, sino que pidió la vinculación de otras personas.
Lo que ha salido, la decisión disciplinaria, no tiene nada que ver con el proceso penal. No hay desplome del
caso Gómez. El proceso penal sigue su curso normal y nos tenemos que atener a lo que en el proceso
penal dijo la Procuraduría.
SEMANA: Suena raro que en el fallo de la Procuraduría se diga que el testigo principal en el caso Gómez,
en el que supuestamente está basada toda la acusación, no merece ninguna credibilidad.
A.G.M.: De un lado, eso no fue lo que dijo el agente de la Procuraduría dentro del proceso penal. Y del otro,
la acusación no está basada exclusivamente en ese testimonio. Es más, yo diría que no es la prueba
principal. Quien lea la providencia se dará cuenta de que lo que se ha hecho es un análisis de la prueba
indiciaria.
SEMANA: La sensación de la gente es que el coronel Ruiz va a quedar libre por cuenta de la última decisión
de la Procuraduría.
A.G.M.: No puede ser, porque no hay relación directa entre la parte disciplinaria y la parte penal. No
hay tal desplome del caso Gómez. Más bien es el desplome de la credibilidad periodística.