El supuesto enlace de las disidencias de las Farc en las protestas de Bogotá

Coordinada desde la clandestinidad en Tolima, una célula de las disidencias de las Farc habría intervenido en las protestas que desde finales del año pasado han sucedido en Bogotá y sobre todo en los disturbios y actos vandálicos en los que algunas desembocaron. La Fiscalía hizo esa acusación esta semana contra cuatro personas, a quienes señaló de infiltrar el paro de noviembre y otras movilizaciones, incluso las más recientes, tras el homicidio de Javier Ordóñez.

El caso empezó a partir de otro expediente. El año pasado, la Policía investigaba varias denuncias de extorsión en Tolima. Así pusieron en la mira a un grupo que se hacía llamar frente segundo de las Farc Manuel Marulanda Vélez. Al parecer se trataba de una estructura de disidentes con su base en Roncesvalles, al oriente del departamento.

El jefe de ese grupo, alias Martín, llamó el 30 de enero a la emisora Ondas de Ibagué y dio una entrevista en vivo. Dijo que llevaban un año en la zona. “Nosotros siempre hemos estado dentro de los lineamientos de las Farc. En estos momentos estamos retomando las armas porque el llamado proceso de paz nunca brindó garantías. Nunca entregamos las armas. Cuando comenzó, nos hicimos a un lado y seguimos dentro del monte esperando. Ahora en estos momentos nos ubicamos y nos estamos instalando en varios departamentos”, dijo.

Un mes después, la Policía capturó a 8 supuestos miembros del grupo, entre ellos alias Martín, hoy preso en la cárcel de máxima seguridad de Cómbita. La Fiscalía los señaló de secuestro, extorsión, desplazamiento forzado, porte de armas de fuego y robo de ganado. Pero el caso no se cerró ahí. Los agentes de la Policía habían escuchado las conversaciones telefónicas de los sospechosos, especialmente las de Martín, y notaron que en estas se refería a las protestas en Bogotá.

Así, la Policía comenzó a seguir a esas personas con las que se comunicaba Martín. Pronto identificaron a alias Justo, el Profe, la Pola y Érika entre sus interlocutores y los capturaron el 18 de septiembre. Esta semana, en audiencias que se prolongaron por cuatro días, la Fiscalía presentó las pruebas para señalarlos de terrorismo, concierto para delinquir, violencia contra servidor público y obstrucción de vía pública. Según el ente, los detenidos instrumentalizaron a estudiantes universitarios y habitantes de barrios marginados para causar violencia y caos en la capital.

La Fiscalía basó su imputación sobre todo en interceptaciones telefónicas que suman 1.600 horas. Martín sostiene los diálogos más extensos con la Pola. En una llamada del 19 de noviembre, él le dice que “lo que se viene es muy difícil. Hasta que no se organice una asamblea nacional no va a detenerse el derramamiento de sangre y uno solo no puede. Debe haber un acuerdo de todos”. Ella contesta: “Hay que hacerlo pronto”. Se referían, según el análisis de los investigadores, a planear una asamblea para reunir a los fragmentados grupos disidentes.

En otra conversación, Martín le lee un mensaje que recibió de la columna Jaime Martínez, disidencia que opera en el Cauca y con la que tendrían choques. “Lo que le dije: la Jaime Martínez y la Dagoberto Ramos (otra columna de disidentes) son un problema letal. Tengo que hablarlo con usted y necesito que sobre esto se reúna con Justo apenas pueda y le comente la situación. Cero comunicación: mejor dicho, donde a usted una persona le diga que de la Jaime Martínez o la Dagoberto Ramos, retirada de ahí, porque es un cáncer. (…) Nosotros, el décimo y otros frentes, el que está por Catatumbo, nos estamos uniendo y ellos van a desaparecer”. Audios como esos, dicen los investigadores, demostrarían la vinculación al grupo armado.

Otro interlocutor de Martín era Justo, de 73 años, a quien las autoridades señalan de reclutar militantes en barrios periféricos de Bogotá. En una conversación del 13 de noviembre, Martín le cuenta de un enlace que contactó para promover su estructura en Chile y Argentina. Justo le dice que va a hacer una “reunión con Polita, que no ha podido porque está en un trabajito”. A él lo ubican, a partir de lo que dice en los audios, en algunas manifestaciones en el sur de Bogotá. Justo también tiene varias conversaciones con alias el Profe, otro de los detenidos. Se trata de un abogado que tiene un contrato con el Departamento para la Prosperidad Social de la Presidencia. La Fiscalía lo mostró como un reclutador de universitarios y el coordinador de varios actos vandálicos.

En una conversación con una mujer dice: “Ayer estábamos inaugurando la biblioteca popular de Teusaquillo, que es el CAI de La Soledad... El CAI que se quemó accidentalmente por unos vándalos, por unos tombos”. La mujer le dice: “Por usted, más bien”. También lo relacionan con un ataque a una caravana de ayudas humanitarias para las comunidades afectadas por la cuarentena, el 17 de abril, en la vía al Llano. Al día siguiente, un desconocido le pregunta que “hasta qué horas fue el agite”. Él contesta que hasta la una de la mañana y le cuenta detalles del bloqueo de la vía con llantas y barricadas. En otro audio habla con esa misma persona sobre un tercero con quien podrían trabajar para hacer “molochas”, es decir, bombas molotov.

Sobre la cuarta capturada, Érika, la Fiscalía presentó un audio en el que estaría hablando con Martín de cómo atacar a los policías. Él le dice: “El tema de la pintura de aceite es muy importante porque se les echa encima y los manes tienen que quitarse esa vaina. Además que los trajes se desgastarán (...) tendríamos que conseguir equipos. Yo tengo cinco unidades, con cinco ya podríamos reaccionar”.

Además de las interceptaciones, la Fiscalía también expuso registros de seguimientos que mostraban encuentros de los sospechosos. El juez acreditó que los audios daban cuenta de un alto grado de organización para vandalizar las protestas y en varios episodios, llegando incluso a definir cómo debían atacar a los policías.

Los imputados se declararon inocentes y cuestionaron las pruebas. Aseguraron, por ejemplo, que estas no demuestran la participación de los capturados en actos concretos. Y aseguraron, por ejemplo, que la Pola ni siquiera estaba en la ciudad cuando tuvieron lugar varias movilizaciones. El juez, al final, acogió los argumentos de la Fiscalía y ordenó que sigan presos mientras avanza el proceso.

Sin embargo, advirtió el togado, en próximas etapas del juicio la Fiscalía tendrá que demostrar con más contundencia la participación concreta de los detenidos en los actos vandálicos. Entre tanto, también se expidió una notificación de Interpol para capturar a alias Rusita, otra supuesta integrante del grupo que estaría en Europa. “

Estos hechos no son marginales, son sistemáticos. No podemos permitir que se conviertan en una constante que empañe la legítima protesta social”, aseguró el fiscal general, Francisco Barbosa, que anunció la creación de una unidad especial para investigar el terrorismo urbano. En las audiencias quedó claro que, incluso si este grupo resulta ser una célula disidente que infiltró las manifestaciones, su alcance es limitado y no podría señalarse como la gran movilizadora de unas protestas masivas que se han regado por casi todas las localidades de la capital.