EL ULTIMO ASALTO

A tres años largos de su controvertido informe sobre las actividades criminales del MAS y la participación en ellas de numerosos militares en activo y en retiro, el procurador General de la Nación acaba de soltar una segunda bomba de profundidad. El domingo 11 de mayo publicó un informe, sin pruebas judiciales pero con "convicciones morales", sobre cómo está "arreciando la ola de la violencia oficial". Según Carlos Jiménez Gómez, "en los más distintos lugares del país se viene incurriendo por las autoridades en intolerables desbordamientos extralegales que por su número, ubisuidad y graves características superan ya el orden de la casuística para abrir el cauce a más profundos y esenciales interrogantes". Tal situación, afirma, caracterizada por "allanamientos irregulares, seguímientos callejeros, arrestos injustos, procesos ilegales, condenas gratuitas o desproporcionadas, torturas físicas o morales, desapariciones misteriosas e ininvestigables", está llevando a Colombia, en su opinión, a un "proceso de argentinización", que a su vez sólo sería "la antesala de nuestra centroamericanización".
Tras subrayar que no se trata de una denuncia contra las Fuerzas Armadas en tanto que institución, sino contra algunos de sus elementos "indóciles y descorregidos", el procurador cita dos ejemplos concretos. Uno ocurrido en Cúcuta, donde un detenido fue muerto a golpes en su calabozo "mientras se hallaba bajo la custodia y responsabilidad" del capitán de la Policía, Jairo Parada Moyano. Y el otro referido a Cali, donde desde hace algún tiempo se realiza "una extraña operación limpieza" a base de homicidios nocturnos, por la cual pide explicaciones al segundo comandante de la Policía metropolitana, teniente coronel José Agustín Ramos, y a cuatro de sus agentes.
La reacción al informe, posiblemente por haber coincidido con un largo puente, fue lenta en presentarse. Por lo general, la prensa acogió como ciertas, valerosas y necesarias las denuncias del procurador Jiménez Gómez. Según un editorial de El Espectador, el alto funcionario había puesto "el dedo en la herida". El Tiempo, tras lanzar algunas pullas a Jiménez Gómez por su exceso de protagonismo, señaló también que lo denunciado por él era cierto: "Que los excesos existen, existen". El Siglo, en cambio, le exigió que precisara los cargos porque "las menciones abstractas y las culpas genéricas son desmoralizantes". El Mundo, por su parte, lo respaldó con vehemencia: "Interpreta el procurador la alarma generalizada que angustia a la ciudadanía aterrorizada por la cantidad de cadáveres que aparecen cada mañana con innegables signos de tortura; por las cada vez más frecuentes desapariciones de personas, real o supuestamente vinculadas a la subversión; por la intolerable intimídación a líderes sindicales o a opositores del sistema".
En cuanto a los comentaristas de la prensa, su reacción fue en cierto modo previsible. Apoyaron al procurador en El Espectador, Vázquez Carrizosa, María Jimena Duzán, Jorge Child. En El Tiempo, después del editorial, reinó un gran silencio. Sólo Abdón Espinosa respaldó el informe, y D'Artagnan, por su parte, se refirió al tema, pero sin tocar su meollo: se escabulló ágilmente por la rama de acusar al procurador de haber irrespetado a la Argentina al hablar en su informe de "argentinización". Desde el periódico Voz, en cambio, Manuel Cepeda señaló que a lo que estamos asistiendo es a una creciente "colombianización" --pues, en efecto, el tema no tiene mucho de novedoso.
Distinta, y más violenta, fue la reacción de los generales en retiro. El habitualmente plácido Alvaro Valencia Tovar, ex comandante del Ejército, acusó al procurador de "sensacionalismo" y le exigió "una mayor discreción" sobre esos temas delicados. El presidente de la Asociación de Oficiales en Retiro (Acore), general Gabriel Puyana García, calificó el informe de "pronunciamiento infortunado, habida cuenta de la difícil situación que enfrenta el país y en especial las fuerzas del orden debido al inoremento de la delincuencia común y el terrorismo". En cuanto a Bernardo Lema Henao, también ex comandante del Ejército, replicó con agresividad diciendo en su habitual lenguaje pintoresco que el procurador les había "colgado la lápida al cuello" a los militares. "Esta es una guerra sucia en la cual los militares siempre han sido censurados y calumniados", dijo el general Lema en declaraciones por radio.
Con el tono de los generales en retiro contrastó, por su moderación, el de la declaración escrita con que el ministro de Defensa, general Miguel Vega Uribe, respondió al informe del procurador. En once puntos, el ministro se refirió a los diversos aspectos del informe. Y reconoció la existencia de ocasionales excesos por parte de subalternos, agregando que todos ellos eran debidamente investigados (entre otros, los de Cúcuta y Cali mencionados por Jiménez Gómez). Y termino diciendo que "los mandos atenderemos sin excepción alguna las quejas y solicitudes que se formulen, pero también rechazamos y rechazaremos que se condene a los hombres bajo nuestro mando antes de ser oídos y vencidos en juicio".
Esa es también, sin embargo, una manera de salirse por las ramas. Porque lo que el procurador hace en su informe no es condenar, sino denunciar y exigir explicaciones. Y en cuanto a las investigaciones en curso de que habla el general Vega, el procurador había respondido de antemano señalando que es justamente por saber de sobra que tales investigaciones no conducen nunca a nada que él tomó la decisión de hacer su insólita denuncia pública. Como pertinentemente recordaba en El Espectador María Jimena Duzán refiriéndose a la denuncia de hace tres años, "es cierto que son muchos los civiles y militares que han sido desde entonces detenidos por pertenecer al MAS, pero sin excepción posteriormente han sido liberados por falta de pruebas". Y en su documento, el procurador empieza por declarar que las denuncias de los abusos y excesos suelen ser "ininvestigables" porque "por miedo explicable ya nadie quiere prestar a los investigadores su colaboración". Tan "explicable" es ese miedo, por lo demás, que la mayor parte de los comentaristas y editorialistas coincidieron en alabar el valor civil del procurador al hacer sus denuncias.
En cuanto a las condenas sin juicio previo y la falta de garantías procesales de que habla el general Vega, es precisamente de ellas de lo que el procurador está acusando a elementos de las Fuerzas Armadas: condenas, torturas, desapariciones. El penalista Eduardo Umaña Mendoza, que se ocupa de varias de las denuncias hechas por familiares de desaparecidos, comenta a SEMANA al respecto: "La gran paradoja es que las Fuerzas Armadas son las que con más asiduidad han utilizado el sistema de declarar culpable sin haber sido oído y vencido en juicio". Y añade que "el informe del procurador se quedó corto ante la situación que se vive de violación institucional de los derechos humanos".
También el otro reproche que se le hace al informe, el de que sea público y no "discreto" y se dirija a la opinión y no a las autoridades competentes, está respondido de antemano en el propio informe. "Precisamente que hechos graves como estos sigan ocurriendo pese a la filosofía y a las medidas de los altos mandos me obliga, no a callar sino a colaborar en la búsqueda de medios y recursos complementarios (...) Esta es la razón de que me dirija ahora a la opinión, en la esperanza de que la denuncia pública aumente la altura del de que de contención que tenemos que oponer a esos desmanes individuales".
Sigue siendo discutible, desde luego, el ángulo de "procuraduría de opinión" que Jiménez Gómez ha querido darle a su alta función. Discutible desde un punto de vista estrictamente formal, en lo jurídico y lo administrativo: el procurador no es un fiscal o un "defensor del pueblo" cuya misión consista en hacer denuncias públicas sino el funcionario encargado de investigar las denuncias que se hagan. Pero la situación de "crónico desorden público", como él mismo la llama, hace evidente la insuficiencia de los "medios discretos" de que habla el general Valencia y la consiguiente necesidad de recurrir a métodos heterodoxos. A este respecto, es significativo el respaldo sin fisuras dado al procurador en este caso por dos altos funcionarios de la rama judicial: el ministro de Justicia Enrique Parejo, con quien Jiménez Gómez no suele hacer buenas migas, y el jefe de Instrucción Criminal Antonio Duque.
Es por eso que el procurador concluye su vehemente mensaje invitando a una participación más generalizada en estos temas, que no pueden ser dejados simplemente en manos de los funcionarios habituales. "La opinión nacional no puede ser desechada", dice. Sugiere que el Congreso establezca una comisión especial, y que la clase política como tal "se vincule a la defensa del ciudadano en general y del orden democrático en particular, estudiando cuantos hechos lleguen a su conocimiento por concepto de excesos reales o presuntos de la fuerza oficial". Porque, indica, "la clase política tiene el deber de intervenir a fondo en un plano importante de acción del que hasta ahora se ha mantenido alejada inexplicablemente".
La clase política, sin embargo, no se ha dado por aludida: no ha dicho ni mu sobre el informe del procurador. Ni siquiera los candidatos presidenciales han tocado el tema en sus discursos, y se trata posiblemente del único tema imaginable que no han tocado. También el Presidente de la República ha guardado absoluto silencio. Como señala Alfredo Vázquez Carrizosa en su columna de El Espectador, "el presidente Betancur, siempre tan abierto, tan simpático y elocuente, en estas materias militares opta por la regla monástica del silencio".
Tal vez eso lleve al Presidente a participar en la "Marcha del silencio" que, sobre los desaparecidos y los asesinados, se hará el 5 de junio en Bogotá. Pero en todo caso, si no a él, el tema seguirá dando qué hablar a otros. Leída la respuesta del general Vega Uribe a su documento, el procurador declaró en efecto que "desde luego que voy a volver a pronunciarme por escrito. Yo insisto: vamos a discutir todo eso a fondo". Y, por lo visto, por entregas.--