El último cartucho

El miercoles de la semana pasada, en un acto inusual para ser época electoral, la comisión primera del Senado aprobó el que ha llamado proyecto de reforma política integral. La iniciativa es una de las últimas cartas que se están jugando los congresistas para tratar de limpiar su imagen y reformar a fondo el actual sistema político.

Pero quizá lo más llamativo de la aprobación del proyecto es que fue realizado por la misma comisión que recientemente le hundió la primera reforma política al gobierno de Andrés Pastrana, por falta de concertación, y la misma que desestimó el proyecto de referendo del gobierno para revocar el mandato de los congresistas.

Es por ello que no deja de sorprender que la discusión del miércoles haya transcurrido sin mayores traumatismos. Hasta la senadora Ingrid Betancourt, reconocida por su irreverencia hacia sus colegas, fue explícita en reconocer las bondades del texto presentado por los senadores, entre quienes se encuentran Juan Martín Caicedo Ferrer, Rodrigo Rivera, Jesús Angel Carrizosa y Jesús Piñacué.

Aunque en un amplio sector de la opinión hay escepticismo sobre la posibilidad de que el Congreso se autorreforme, para algunos parlamentarios existen elementos para ser optimistas en este nuevo intento. “Llegó la hora de darnos la pela. El país no aguanta más escándalos en el Congreso”, dijo el senador Caicedo Ferrer, autor de la iniciativa.

Las razones para explicar el optimismo de los parlamentarios son muy variadas. Para empezar, tanto el gobierno como los congresistas han coincidido en algunos temas fundamentales que debe contener el proyecto para poder sanear las costumbres políticas. Entre ellos están la lista única, el cambio de sistema de financiación de las campañas, el ajuste del trámite de las leyes, la creación de un instrumento institucional de lucha contra la corrupción, el fortalecimiento del estatuto de la oposición —incluyendo el derecho a réplica— y cambios radicales en las funciones administrativas y judiciales del Congreso.

Una de las razones fundamentales que tienen los congresistas para creer que en esta oportunidad el proyecto de reforma podría salir adelante es la distensión del clima político. Al dejar de rondar el fantasma de la revocatoria por los pasillos del Capitolio los congresistas entendieron que había llegado la hora de la autocrítica. Además sostienen que el cambio de estilo en la cartera del Ministerio del Interior, con la llegada de Humberto de la Calle y la salida de Néstor Humberto Martínez, sirvió para despresurizar el ambiente que se había creado entre el gobierno y los parlamentarios.

Pero quizá la mayor fortaleza del proyecto radica en que por primera vez los acuerdos sobre su trámite se han venido construyendo con todas las fuerzas políticas desde mucho antes de que empezara su discusión. En este sentido los máximos representantes de los partidos tradicionales, de las fuerzas independientes, el presidente del Congreso, senador Mario Uribe, y el propio gobierno, han avalado en líneas generales el proyecto. “Es la primera reforma en los últimos dos años que no nace en un clima de confrontación política. Por el contrario, se trata de un grupo heterogéneo, respaldado por el gobierno y apoyado por las bancadas”, dijo el senador liberal Rodrigo Rivera, coordinador de ponentes.

El hecho de haber logrado acuerdos antes de que empezara la discusión del proyecto le ahorró la posibilidad de entrar a negociar el contenido del articulado. De esta forma evitó uno de los grandes males de los proyectos en el Congreso: el ingreso de micos de todas las pelambres que no sólo desdibujan la filosofía de las iniciativas sino que las convierten en verdaderas colchas de retazos, ajustadas a los intereses individuales de cada uno de los legisladores.



Los puntos clave

Uno de los temas sobre los que parece no haber mayor disenso es sobre la lista única, entre cosas porque nadie discute que los partidos y movimientos deben aglutinarse en torno a una sola lista que sirva de instrumento de disciplina interna. Sin embargo, sobre lo que sí no hay unanimidad todavía es en lo que tiene que ver con los complementos necesarios para el aglutinamiento en dicha lista única. Es el caso del voto preferente, al que muchos consideran el medio de subsistencia del cacicazgo dentro de los partidos. No obstante, también hay quienes sostienen que es el mejor medio para evitar la aplicación de la llamada dictadura del bolígrafo.

En lo que tiene que ver con la financiación de las campañas políticas la mayoría de los parlamentarios coinciden en que el escenario actual es el peor de todos. En la actualidad el sistema de financiación de las campañas es mixto, pero no garantiza la transparencia, ni tampoco establece reglas de control por parte de las autoridades electorales. El proyecto establece la financiación ciento por ciento pública para campañas de circunscripción nacional, es decir, Presidencia y Senado, y recoge y complementa las reglas del referendo del gobierno sobre transparencia.

El gran dolor de cabeza del Congreso en los últimos meses ha sido el del manejo administrativo de la corporación. Los escándalos originados desde el caso de Armando Pomárico, ex presidente de la Cámara, pesan a diario sobre la imagen del Congreso y contribuyen a su desprestigio. Aunque es cierto que el tema compete a una reforma del reglamento del Congreso, no se puede desconocer que éste debe avanzar de forma paralela con una reforma política integral. Con relación a este asunto hay dos tendencias. Una más radical, promovida por el senador Caicedo Ferrer, que aboga porque sea un particular quien se encargue de las funciones administrativas del Congreso. Otros no van tan lejos y sostienen que lo mejor es independizar el manejo administrativo de la injerencia de los congresistas y el gobierno.

En lo relacionado con la corrupción, el proyecto acaba con el controvertido Tribunal de Etica —anunciado por el gobierno en su referendo— y le da paso al llamado Consejo de Transparencia, que corrige todas las críticas que se le habían señalado al primero, como los conflictos de competencia que podrían surgir con Procuraduría y Contraloría y la violación del derecho de defensa. A pesar de que el tema no deja de ser controversial existe el ambiente para encontrar una fórmula intermedia.



¿Que sigue?

Aunque no va a ser fácil sacar adelante un proyecto de autorreforma en el Congreso, los parlamentarios tienen el enorme reto de asumir su responsabilidad y enviar a la opinión un mensaje de voluntad de cambio, el cual resultaría más contundente si se logra en medio de la campaña proselitista.

De lo contrario, el apretado cronograma que se ha venido cumpliendo hasta el momento se vería afectado y se frustraría así un nuevo intento de reivindicación del Congreso frente a la opinión. Para ello es necesario que antes del 16 de diciembre —cuando se suspenden las sesiones de la corporación— el proyecto haya cumplido con todos los trámites de la primera vuelta. Hasta la fecha las cosas han salido sin contratiempos.

Pero los hechos han demostrado que con el Congreso nunca se sabe. Ojalá el grado de desprestigio de la corporación, incrementado por los escándalos recientes, logren convencer a aquellos parlamentarios que todavía se resisten a un cambio radical de sus costumbres que esta es una de las últimas oportunidades que tienen para resarcir en parte su mala imagen ante la opinión. Ellos tienen la palabra.