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Hidroituango: En manos de la naturaleza

El sueño del país de construir una gigantesca central hidroeléctrica sobre el caudaloso Cauca terminó en las dos últimas semanas en pesadilla para sus habitantes y para Empresas Públicas de Medellín (EPM). ¿Cómo se llegó a este punto?

19 de mayo de 2018

Cuando comenzó la emergencia en Hidroituango, nadie imaginó la magnitud del problema que se avecinaba. El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez; el gobernador de Antioquia, Luis Pérez; y el gerente de EPM, Jorge Londoño, llamaron a la calma y aseguraron que el impase no representaba mayor gravedad. Sin embargo, ese optimismo terminó con el pasar de los días. La pérdida de control de las aguas en la represa mantiene, al cierre de esta edición, en vilo a las poblaciones ribereñas del Bajo Cauca en Antioquia, Córdoba, Bolívar y Sucre. Las casas y bienes de más de 120.000 personas podrían quedar destruidas por la avalancha que produciría el represamiento del Cauca. El país no había vivido una situación así en su historia.

La crisis de la presa de Hidroituango es la culminación de una serie de dificultades que se presentaron desde su inicio. Los ingenieros y trabajadores no solo han tenido que luchar contra las fuerzas de la naturaleza. A finales de 2012 las Farc atentaron contra las torres de energía y se enfrentaron con las tropas que vigilaban la zona. También atacaron las maquinarias y las cuadrillas de trabajo. Comunidades, mineros y parte de la población bloquearon vías y adelantaron protestas por considerar que la presa los estaba afectando, y los disturbios se prolongaron hasta casi finales de 2013.

Precisamente, uno de los problemas serios estuvo en la compra y tenencia de los predios necesarios para alzar la represa y las zonas de inundación, ya que cientos de personas llegaron a invadirlos para tratar de sacar algún beneficio. Y hubo demoras en algunas licencias ambientales y permisos por parte de la Agencia Nacional de Licencias Ambiental (Anla).

Las dificultades también aparecieron en los frentes de trabajo. Un balance de EPM sobre Hidroituango, de febrero pasado, puso en evidencia la cantidad de problemas que tuvieron en el terreno. En este se señala que las “condiciones geológicas y geotécnicas que encontraron fueron más complejas que las estimadas en las etapas de exploración y diseño”, lo que explicaría los numerosos incidentes como el derrumbe en el talud de descarga de la central, inestabilidades en la margen izquierda de la presa, desprendimiento de rocas en las cavernas de transformadores, de máquinas, o la inestabilidad geológica en el estribo izquierdo de la ataguía.

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Según ese informe, en junio de 2013 la auditoría contratada por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) evidenció un atraso de 576 días frente al cronograma de obras registrado en esa entidad. Esto significaba que la megacentral no estaría lista en diciembre de 2018, lo que podría generarle sanciones y no tener ingresos por más de 500 millones de dólares, de acuerdo con un informe presentado a las directivas.

Frente a esto, EPM empezó a trabajar en un plan de aceleración de las obras para recuperar el tiempo perdido, plan aprobado a finales de 2015 que incluyó cambios en el diseño inicial de la obra. Algunas de estas decisiones marcaron el comienzo de la actual crisis. El plan de aceleración le costó a la empresa cerca de 600.000 millones de pesos.

Sucesos desafortunados

El plan incluyó construir un nuevo túnel de desviación del río Cauca, 200 metros cauce arriba para salir adelante del desfogue del cuarto de máquinas. Esta obra, hecha en tiempo récord, estuvo lista a finales del año pasado. Una vez el Cauca empezó a circular por allí, la empresa decidió sellar los túneles 1 y 2, construidos al principio de las obras y usados con éxito para desviar el cauce. Ahí radicó un primer error, pues en vez de haberles puesto unas compuertas –como establecía el diseño original– y usarlos frente a una eventual emergencia, los sellaron con una masa de concreto de 22 metros de largo a la que no pudieron hacerle mella los explosivos en estos días de caos.

Lo más grave es que ese tercer túnel quedó como única salida sin que lo hubieran probado en época invernal. Un informe de avance general de las obras, de julio de 2017, dice que “durante el mes de mayo de 2017 se presentó un aumento de los niveles del río Cauca que pusieron en riesgo de inundación las obras de la descarga, casa de máquinas y SAD por la ventana auxiliar, con niveles que variaron entre cotas de 218 a 224,3 metros”. Es decir, ya había un antecedente de lo que podía pasar en invierno en ausencia de un plan seguro de evacuación de las aguas. Precisamente, las investigaciones deben determinar si ese tercer túnel tuvo los revestimientos necesarios.

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Lo demás de la historia ya hace parte del drama de las últimas dos semanas: la creciente del río, el derrumbe del tercer y único túnel el 28 de abril, su destaponamiento natural el lunes pasado, que causó una creciente histórica aguas abajo; su nuevo bloqueo y la necesidad de inundar el cuarto de máquinas para darles salida a las aguas para evitar que rebasaran la presa aún inconclusa. Y, finalmente, la pérdida definitiva del manejo del agua, que tiene a todo el país pidiendo a la naturaleza que se porte bien para evitar una tragedia.

Una de las voces más críticas de lo ocurrido es la del exviceministro de las TIC Daniel Quintero Calle. “La decisión de crear el programa de aceleración de las obras, aprobada por la junta de EPM, fue irresponsable e hizo que los controles y planes de contingencia se relajaran. Al parecer, lo único que importaba era tener la hidroeléctrica funcionando a finales de 2018”, aseguró.

Un experto en construcción de este tipo de obras, que conoce el proyecto, dijo a SEMANA que “EPM, Conconcreto, Coninsa RamonH y Camargo Correa asumieron unos riesgos para cumplir. Si lo hubieran logrado, como parecía que lo iban a hacer, iban a colgarse varias medallas, pero una vez el plan fracasó, los riesgos quedaron en evidencia y hoy prueban lo que hicieron mal”.

A su vez, Quintero advierte que aún “no tenemos la suficiente información para entender qué pasó, más si se sabe la forma secreta o parcial como se ha ido contando lo que se hizo y lo que pasó”. Precisamente, la forma como EPM manejó la información de lo que ocurría en Hidroituango ha generado molestias a los afectados, a los antioqueños, al gobierno y al propio gobernador de Antioquia.

Las consecuencias de lo ocurrido aún se desconocen. Al cierre de esta edición, el ministro de Minas y Energía, Germán Arce Zapata, se mostró optimista y consideró que si las obras continúan con el ritmo de las últimas horas, es probable que en los primeros días de la próxima semana logren la meta de alcanzar los 410 metros de la presa. En este momento faltan 7 metros. Si el lunes o martes los trabajos logran ese objetivo, EPM habrá dado un gran paso, pues el Cauca podrá circular por el vertedero de la presa. Esta ha sido la guerra de los últimos días: que el nivel de las aguas no llegue al tope de la presa antes de esa cota.

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Una vez conseguida esta meta, las obras deben seguir hasta llegar a los 420 metros. Sin embargo, la próxima semana podrían cerrar las compuertas de entrada al cuarto de máquinas para ingresar, una vez las aguas lo permitan, a estimar los daños y ver qué puede salvarse. Esa es una gran incógnita, como el tercer túnel, cuyos daños aún no permiten saber si puede recuperarse.

Si la presa se salva, los expertos han dicho que esta no podrá funcionar antes de un año y que se necesitará más de un billón de pesos para que el sueño de Hidroituango se pueda materializar. Pero, por ahora, solo hay incertidumbre.

Esta emergencia ya ha provocado las primeras consecuencias. Por un lado, para hacerle frente a la crisis y contar con un mayor flujo de caja, el presidente de EPM, Jorge Londoño, anunció el viernes que no harán parte de la puja por Gas Natural, además de tener que ajustar su contabilidad. Adicionalmente, la agencia Fitch Ratings bajó la calificación crediticia de la empresa y la puso en observación negativa por la incertidumbre y la severidad de las dificultades y retos de ingeniería que se avecinan. Esto, a pesar de que EPM y toda la obra tienen seguros por más de 1.500 millones de dólares para cubrir daños materiales, infraestructura y equipos.

Por otro lado, comienzan a vislumbrarse los primeros choques entre la Gobernación de Antioquia y EPM, por el manejo de la crisis. El gobernador Luis Pérez ha mostrado sus molestias por la información parcial que recibió y que lo llevaron a dar salidas en falso.

Otra consecuencia es el anuncio que hizo la Fiscalía General el jueves pasado. Aseguró que no solo investiga lo ocurrido en los últimos días, sino que advirtió que adelanta tres líneas de investigación relacionadas con el proyecto, que van desde la contratación y adjudicación de las obras hasta daños ambientales ocurridos en la zona.

La Fiscalía confirmó que investiga el supuesto pago a funcionarios en el proceso de la licitación en la que salió favorecido el consorcio CCC, conformado por las empresas paisas Conconcreto y Coninsa Ramón H, junto a Camargo Correa, esta última inmersa como Odebrecht en el escándalo de corrupción Lava Jato en Brasil. También están en la mira varios otrosíes y contratos firmados con este consorcio.

Como se recuerda, la licitación de Hidroituango tuvo polémica, pues desde un principio hubo señalamientos de favorecer al consorcio ganador. Incluso, cinco días antes de la adjudicación, se modificaron los pliegos para dejar por fuera de competencia al segundo grupo que pujaba por la obra.

La segunda línea de investigación tiene que ver con el contrato firmado para construir los nuevos túneles, cuyas fallas precipitaron la situación actual. Y una tercera avanza tras las denuncias presentadas por el movimiento Ríos Vivos por cuenta de posibles afectaciones al medioambiente.

Mientras el país espera que amaine el invierno y que las personas puedan regresar a sus casas, vienen ahora el debate y las investigaciones para determinar los responsables de que el país haya llegado a una situación tan crítica. Esa avalancha sí será difícil de contener y sus consecuencias son impredecibles. Está en juego la credibilidad de la ingeniería nacional y la contratación pública en una de las obras más estratégicas para el país. 

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¿Mala suerte?

Sumado a la crisis de Hidroituango, EPM ha sufrido graves daños en los últimos tres años.

Hidroeléctrica de Guatapé

El 15 de febrero de 2016 esta hidroeléctrica dejó de operar por un incendio en la casa de máquinas. Meses después, organismos de control determinaron que la emergencia se debía a una falla humana del personal de EPM que llevaba a cabo labores de mantenimiento. Las sospechas de que el accidente hubiera sido provocado a propósito llevaron a la Fiscalía a investigar el caso.

Pérdidas: De acuerdo con la Contraloría, este accidente le costó a EPM 231 millones de dólares (23 millones en reparaciones y 208 millones en la energía que dejó de vender), lo cual afectará los ingresos operacionales de EPM en 2016. Sin embargo, la aseguradora reconoció alrededor de 160 millones, lo que significa que las pérdidas reales fueron de 70 millones de dólares.

Central Playas El 23 de junio de 2017 EPM reportó un incendio en uno de los tres transformadores de potencia de esta central. En su momento el gerente de la empresa, Jorge Londoño, aseguró que la investigación sobre las causas indicó que hubo una falla de los equipos y materiales del trasformador que hacía unos pocos meses habían sido cambiados.

Pérdidas: EPM calculó las pérdidas en 3,5 millones de dólares, sin contar el lucro cesante.