EN CAPILLA

EL 17 DE JULIO DE 1992, TIberio Trespalacios Peña se puso feliz porque lo declararon insubsistente. Ese día le comunicaron que la Mesa Directiva del Senado había tomado la decisión de cancelarle el contrato como secretario privado, pero le aclararon que, aunque sólo llevaba seis meses como funcionario, la corporación lo iba a indemnizar con una elevada suma de dinero: 11.208.469,35 pesos.

Ese 17 de julio fue un día muy peculiar en el Senado. Una carrera contra el tiempo. Dos días después vencía el plazo que tenían los senadores Carlos Espinosa Faccio Lince, Omar Yepes Alzate y Jaime Henríquez Gallo - presidente y vicepresidentes de la Cámara Alta-, para reorganizar y reducir la planta de personal por medio de un plan de retiro.

Se trataba, en principio, de superar graves problemas de desorganización interna, que habían terminado de desdibujar la imagen del Congreso ante la opinión. Un año antes, la Contraloría General había sentenciado, en un informe muy publicitado, que existía una aberrante duplicidad de funciones, gran deterioro administrativo y pésimo manejo en las áreas de pagaduría, personal y bienes y servicios.

Como miembros de la Mesa Directiva del Senado, los tres congresistas fueron encargados de proveer los cargos de la nueva planta de personal a medida que se produjera la indemnización o pensión de los funcionarios salientes.

Espinosa, Yepes y Henríquez cumplieron los mandatos de la ley, pero de una manera muy singular. Tanto, que esa interpretación los tiene al borde de perder la investidura de congresistas en el Consejo de Estado y con un proceso penal pendiente en la Corte Suprema de Justicia. Además, como consecuencia de los problemas de aplicación del plan de indemnizaciones, la Nación está enfrentada a por lo menos 80 demandas de los ex funcionarios que alegan la vulneración de sus derechos.

Pero, ¿qué fue lo que hizo la Mesa Directiva de entonces? Ese 17 de julio, 223 personas fueron retiradas e indemnizadas, a un costo para el erario de más de 5.000 millones de pesos. Pero inmediatamente, otras 111 personas fueron vinculadas al Senado.

El escándalo no se hizo esperar. Los tres congresistas le explicaron al país que su labor se había limitado a interpretar cabalmente la ley y que si no hubieran tomado esas decisiones habrían sido denunciados por prevaricato. La Procuraduría intervino y seis meses después, a comienzos de 1993, Alicia Rubiano, tercera delegada para la Vigilancia Administrativa, les formuló pliegos de cargos con el argumento de que actuaron negligentemente y comprometieron de manera indebida los recursos del Estado. La delegada encontró que los tres congresistas -que disponían de cuatro meses para llevar a cabo el plan de retiro- no diseñaron un programa adecuado que permitiera ejecutarlo sin traumatismos. El voluminoso expediente de la Procuraduria sostiene que, por ejemplo, los 223 funcionarios declarados insubsistentes recibieron como indemnización el equivalente a los sueldos y prestaciones sociales que hubieran devengado hasta el 19 de julio de 1994, cuando vencía el período del Congreso. Además, los senadores ordenaron el pago de los salarios a partir del primero de julio de 1992, es decir, les otorgaron una retroactividad no permitida por la ley. Y como si fuera poco, esos dos centenares de funcionarios fueron indemnizados pese a que eran de libre nombramiento y remoción. De otro lado, la Procuraduría detectó que 22 de los 111 nuevos funcionarios que entraron al Senado, fueron nombrados en cargos donde no había vacantes, lo que llevó a que 44 personas ocuparan 22 puestos.

El proceso disciplinario avanzaba sin dificultades en la Procuraduría y los investigadores estaban satisfechos porque habían reunido pruebas contundentes. No obstante, cuando estaban en la elaboración del fallo final, los funcionarios del Ministerio Público se dieron cuenta de que el régimen especial que cobija a los congresistas -la Ley 5a. de 1992- no le permite a la Procuraduría imponer a un congresista más que una multa de 30 días de sueldo.

Un equipo de abogados de la Procuraduría, que se dio a la tarea de buscar distintas opciones jurídicas, encontró que las irregularidades podían tipificarse como indebida destinación de dineros públicos, prevista en la Constitución Nacional y causal de pérdida de investidura. De ahí que en vez de tratar de actuar en el campo disciplinario, el Ministerio Público hubiera resuelto la semana pasada solicitar ante el Consejo de Estado que los tres congresistas perdieran su investidura.

Espinosa Faccio Lince reaccionó duramente por ello en contra del hoy exprocurador Carlos Gustavo Arrieta -quien firmó la solicitud el miércoles de la semana pasada, una hora antes de dejar el cargo- y lo acusó de violar el debido proceso. Ministerio Público y congresista se enfrentarán, de modo definitivo en este caso, ante el Consejo de Estado, que tendrá ahora que decidir si lo que la Procuraduría descubrió, justifica que Espinosa, Henríquez y Yepes pierdan sus curules.-