EN EL FILO DE LA NAVAJA

DOS DIAS DESPUÉS DE QUE un juez sin rostro dictara auto de detención sin beneficio de excarcelación contra 31 miembros del M-19 como responsables de los hechos ocurridos en el Palacio de Justicia en noviembre de 1985, se llevó a cabo una reunión urgente en el despacho del presidente César Gaviria para analizar la medida y buscar una salida a esta situación que ponía en jaque el proceso de paz y que comprometía los acuerdos firmados con el M-19 en el momento en que este grupo guerrillero decidió dejar las armas e incorporarse a la vida civil. En la reunión estuvieron presentes el procurador General de la Nación, Carlos Gustavo Arrieta, los tres procuradores para asuntos penales del ministerio Público y los Ministros de Gobierno y Justicia.
Durante dos horas los funcionarios de la Procuraduría rindieron un detallado análisis jundico de la providencia dictada por el juez sin rostro y, de acuerdo con sus planteamientos se llegó a la conclusión de que existían varios caminos para hacerle frente a la "papa caliente" que en ese momento ardía entre las manos del Gobierno. En primer lugar, para los penalistas de la Procuraduría la decisión tomada por el juez sin rostro tenía más una carga sentimental que argumentos jurídicos. Esta apreciación de los funcionarios del Ministerio Público se basaba en un detallado recuento y análisis del proceso que se había adelantado desde 1985 contra los miembros del M-19. "Sólo basta con analizar la decisión que tomó el Tribunal Superior de Bogotá que calificó los hechos del Palacio de Justicia como actos de rebelión y no de barbarie ni terrorismo. Con este concepto se ordenó la cesación del proceso en 1990. Es decir, que el proceso contra el M-19 murió en el momento en que el Tribunal se pronunció. Por eso es inexplicable que el juez sin rostro haya pasado por encima de esta decisión del Tribunal. Eso es como lanzarse de un trampolín sin saber nadar", señaló a SEMANA uno de los procuradores penales del Ministerio Público.
El segundo argumento que esgrimieron los funcionarios de la Procuraduría frente al Presidente y sus Ministros de despacho se basó en que el juez sin rostro estaba incurriendo en una rebelión abierta contra el proceso de paz, al desconocer olímpicamente la decisión de cesación de proceso realizada por el Tribunal. Una vez hecho el análisis los procuradores en lo penal pasaron a explicar el plan de acción que se debia llevar a cabo para salir lo más pronto del impasse en que se encontraba el Gobierno y que para ese entonces habia caldeado los ánimos de los exguerrilleros que se atrincheraron en sus curules del Congreso y manifestaron que no acatarian la orden de captura impartida por el juez .
"Como para nosotros era muy claro que el juez, jurídicamente, había metido la pata, sabíamos también que no se iba echar atrás en la decisión y mucho menos iba a reconocer su error ante la opinión pública. Por esta razón planteamos dos alternativas que sacaran del embrollo al Gobierno", agregó el funcionario de la Procuraduría. La primera propuesta de los funcionarios del Ministerio Público consistió en apelar la decisión del juez sin rostro ante el Tribunal de Orden Público. "El Tribunal tenía dos salidas: una, respaldar la decisión del juez y llamar nuevamente a juicio a la gente del "eme". La segunda, ordenar de inmediato la cesación delproceso ".
Según penalistas consultados por SEMANA, este era el camino más corto para salir del problema. Sólo se necesitaba que los abogados de la gente del M-19 realizaran la apelación. "Lo que nadie entiende es por qué no se hizo. La explicación es muy sencilla: el M-19 tenía que aprovechar este momento político para reencauchar su imagen y el momento no podía ser el más propicio", señaló a SEMANA uno de los abogados penalistas.
La segunda salida que plantearon los funcionarios de la Procuraduría en la reunión con el Presidente fue la de elaborar un proyecto de ley que ampliara la ley de indulto y dejar sin piso la decisión del juez sin rostro y así evitar el carcelazo para los miembros del M-19 y de paso reafirmar la política de paz que había ofrecido el Gobierno a la guerrilla. "Era el camino más largo y que para nosotros tenía un gran costo: porque esa ley es una rebelión del Estado contra el juez y la justicia", agregó uno de los procuradores en lo penal. Esa tesis de la rebelión fue la misma que argumentó el Consejo de Estado, pero se trata de un acto que está dentro del fuero del Parlamento. Además la ley está redactada de tal manera que sólo contiene la reafirmación de los principios de favorabilidad y cosa juzgada, que son considerados preceptos universales en derecho. Tras una reunión del alto Gobierno con la comisión accidental del Senado se llegó al texto que cursa en el Congreso.
El Gobierno decidió seguir este camino, para muchos más largo y culebrero. Acudió al Congreso y se comenzó a debatir el proyecto de ley . La semana pasada las comisiones primera de Senado y Cámara le dieron la bendición. Pero en esta carrera contra el tiempo para evitar que el juez sin rostro expida las órdenes de captura, son muchas las heridas que se han abierto y no pocos los enfrentamientos que ha habido en el seno del Congreso.