EN LA SILLA ELCTRICA

Por estos días varios miembros del gobierno están desempolvando sus libros de
microeconomía. La razón: el proceso de privatización de Isagen, una de las principales compañías
generadoras de energía en el país. La preocupación: la participación de las Empresas Públicas de
Medellín (EPM) en el proceso. Los actores: el gobierno y las EPM. El primero busca evitar que se
genere una posición dominante en el sector eléctrico. Las EPM están haciendo hasta lo imposible por
participar en el proceso.
La posición dominante en una industria se da cuando una sola compañía tiene suficiente poder de mercado
para influir en el precio final del producto que se vende en lugar de que éste sea determinado por la
competencia entre los agentes del sector. El fenómeno es particularmente grave en industrias con productos
que no se pueden diferenciar, como las del sector eléctrico, ya que la electricidad generada por todas las
centrales _independientemente de su dueño_ es igual.
El argumento fundamental del gobierno tiene que ver con la localización geográfica de las centrales de
las EPM en relación con San Carlos, la principal planta de generación de Isagen (ver mapa). El hecho de que
la central de Isagen esté aguas abajo de los embalses de las EPM le da un poder de mercado enorme a quien
opere las centrales conjuntamente, pues esto le permite manipular el uso del agua para reprimir la oferta y
elevar el precio con el fin de incrementar las utilidades. En consecuencia, a juicio del gobierno nacional, si las
EPM compran Isagen el precio de la energía en Colombia estaría influenciado en gran medida por esta
compañía, en particular en épocas de sequía. Asumiendo que la empresa se comporta racionalmente _como
dicen los economistas_ y trata por ello de maximizar sus ganancias, esto podría resultar en un aumento
sustancial en las tarifas de energía, lo cual afectaría negativamente y sin discriminación a todos los
usuarios del sector.
En palabras del ministro de Minas y Energía, Luis Carlos Valenzuela, "según los cálculos realizados por la
Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), el abuso extremo de posición dominante por parte de
las EPM podría implicar un beneficio adicional para las generadoras del sector eléctrico de 240.000 millones
de pesos al año, a costa de los consumidores, por efecto del incremento en las tarifas. El debate real no es
nacionales contra extranjeros como lo han tratado de poner, sino consumidores contra productores. La
transferencia de renta que constituiría la aceptación de una posición dominante va en detrimento de la
totalidad de los colombianos, independiente de que quien se lucre sea una empresa regional o una
multinacional".
Para las EPM lo importante no es el hecho de que se tenga o no posición dominante sino la posibilidad
de abuso de la misma. Así las cosas, en lugar de impedir la formación de estas posiciones lo que el gobierno
debe hacer, según las EPM, es implementar mecanismos que busquen impedir que alguien utilice su poder
de mercado para manipular los precios. En palabras del gerente general de las EPM, Ramiro Valencia
Cossio, "ninguna legislación en el mundo prohíbe ni puede prohibir la posición dominante, pues esta es
esencialmente coyuntural. Lo que es importante es que el Estado regule el abuso de la posición dominante,
si ésta llegase a existir. Bajo estas circunstancias, las EPM deben participar en el proceso de privatización
de Isagen".
Además de la característica coyuntural de la condición de posición dominante la empresa también aporta
argumentos técnicos para favorecer su posición. Según estimaciones de la compañía, anualmente se
generan pérdidas por 200 MW como resultado del manejo ineficiente de las plantas, los cuales podrían
ser recuperados por las EPM si tuvieran el control de Isagen. Finalmente, para Valencia Cossio, el
propietario idóneo de las plantas de Isagen debe ser la empresa municipal por su conocimiento de la zona
y de la operación de la cadena de centrales.
Ante este argumento la posición del Ministro es que entre eficiencia y competencia, socialmente prima
la competencia. Los 200 megavatios le ahorran al país 140 millones de dólares a costa de un pago de los
consumidores que puede ascender en valor presente a 1.000 millones de dólares. En palabras de
Valenzuela: "Mal negocio financiero, deplorable negocio social".
A pesar de los argumentos de las EPM a su favor el gobierno ya tomó varias decisiones que complican el
panorama de la empresa. La semana pasada la Creg adoptó una serie de medidas que no impiden del
todo la participación de la entidad municipal en el proceso pero sí limitan la forma como puede hacerlo.
Aunque el texto final de la resolución no se conoce hasta el momento, una fuente del gobierno afirmó que lo
que buscan las medidas es limitar la participación de las EPM a menos del 50 por ciento del capital de
Isagen y, adicionalmente, obligar a la empresa a hacer público cualquier acuerdo con otros accionistas de la
compañía que le generen el control de la misma, so pena de incurrir en delitos penales.
Ante esto el gerente general de la empresa sostiene que "las EPM no tienen la capacidad de comprar el
total de las acciones en venta por el monto que implica. Y aunque estamos comprometidos con el gobierno
en no adquirir un porcentaje de control, no podemos aceptar quedar únicamente como minoritarios sin
ningún acuerdo de accionistas. Adicionalmente lo que el gobierno debe hacer es regular la operación de la
cadena y no los acuerdos existentes en la sociedad".
La próxima semana hay varias citaciones que congresistas antioqueños han hecho a los ministros de
Hacienda y de Minas para discutir el tema. Y aunque ya hay una decisión tomada la cosa no será fácil pues
se están jugando intereses tanto nacionales como regionales que están en aparente conflicto.
En medio de todo el debate hay una cosa para destacar, y es la independencia con la cual ha actuado la Creg
en tan espinoso tema. La decisión de condicionar la participación de las EPM resulta de la convicción entre
los expertos de la entidad reguladora de que la posición dominante de cualquier compañía en el sector
eléctrico va en contra de lo fundamental: el beneficio de todos los colombianos.
Pero a medida que avance el tema se hará más evidente la existencia de las distintas agendas políticas
que existen en este asunto. No hay duda de que en el proyecto de expansión de las EPM hay un consenso
de carácter regional del cual el ministro de Hacienda, Juan Camilo Restrepo, no puede escapar. De hecho,
Restrepo no es sólo paisa sino que su electorado depende en buena medida de Fabio Valencia Cossio. A su
vez hay quienes afirman que Ramiro Valencia, quien ha resultado ser un administrador muy eficaz de las
EPM y que se ha ganado la admiración del establecimiento antioqueño, que veía en él un riesgo potencial de
politización de la empresa que nunca ocurrió, cuenta con buenas posibilidades en el escenario político local
y le está sacando al tema réditos de popularidad entre los antioqueños.
Lo cierto es que, gústele a los protagonistas o no, por el momento las decisiones son tomadas de
manera autónoma por un ente regulador. El debate que se inicia esta semana, en el que muy
probablemente el ministro Valenzuela será acusado de atentar contra los intereses de Antioquia, no
estudiará entonces si las EPM pueden o no tomar control de Isagen sino si la decisión de la Creg debe ser
desconocida y hay que repartir de nuevo.