Los enredos por los que se suspende el semestre en la Uniatlántico

El paro de los estudiantes completó siete semanas en la Universidad del Atlántico y aunque el Consejo Superior planteó caminos de diálogo no hubo solución. El semestre fue suspendido y el reinicio de este el próximo año está bastante enredado. Lo que parecía ser un simple inconformismo de la comunidad educativa con el saliente rector se ha convertido en un embrollo de diferentes matices que empieza a develar todos los intereses secretos que hay detrás del poder de una de las instituciones de educación superior más importantes del Caribe.

Después de meses de confrontación Carlos Prasca salió de la rectoría del centro de estudios y el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, en cabeza del Consejo Superior, encargó al investigador Jorge Restrepo en la dirección. Pero esa decisión no alcanzó para destrabar los líos, el paro sigue.
La Uniatlántico tuvo para este 2019 un presupuesto autorizado de 340.000 millones de pesos, un botín nada despreciable para cualquier partido político, teniendo en cuenta el gran número de contrataciones que se realizan y el poder burocrático que esto puede dar. La disputa de ese dinero, en el fondo, parece ser la muralla que no deja fluir con normalidad el funcionamiento del alma mater.

En los últimos días el diálogo entre las partes mejoró, pero sin mostrar avances significativos. Los estudiantes dicen que nada puede volver a la normalidad hasta que el Consejo Superior les responda un pliego de peticiones. La situación dejó sin clases a 24.500 jóvenes, enredó el grado de 1.300, estancó el proceso de admisión para los nuevos alumnos y sin poder cumplir sus obligaciones a 235 trabajadores directos y cerca de 850 empleados por OPS.

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Entre las principales exigencias de los estudiantes está una reforma estatutaria de la universidad, especialmente los artículos que tienen que ver con los requisitos y el proceso de escogencia del rector y los decanos. Quieren que estos sean elegidos por consulta directa de profesores y estudiantes y no por votación en el Superior como se hace hasta ahora. Además, solicitaron no realizar las elecciones de directivas académicas hasta que no se programen las de alumnos y docentes, porque “se busca beneficiar a Danilo Hernández, candidato en cuerpo ajeno de Prasca. Y, también, piden la salida de los contratistas por Orden de Prestación de Servicios (OPS) “que dejo este en la planta de la universidad”.

Esa fue una de las malas herencias del saliente rector, según Jhonathan Quintero, uno de los líderes de estudiantes, quien también cree que ya no hay garantías para terminar el semestre este año. “Prasca sacrificó otros aspectos de inversión por el apetito burocrático, al punto que algunos rectores y profesores de colegios públicos que lo ayudaron ahora están facturando en comisión en la universidad”, añade.

A pesar que logró mejoría en la acreditación de calidad, la de Prasca fue desde el inicio una rectoría polémica. Después de dos años, cinco intentos y múltiples denuncias de irregularidades sobre el proceso de selección, el exsecretario de Educación del Atlántico fue escogido con los votos de cinco de los nueve miembros del Consejo Superior el 22 de junio de 2017. La mayoría de la comunidad educativa sintió que fue impuesto a la fuerza, porque no participó en ninguna de las consultas internas y su hoja de vida fue postulada directamente al Consejo. Pero esta forma de participación es legal, según los estatutos.

No se había terminado de hacer el anuncio cuando se escucharon las primeras voces de rechazo. El representante de los profesores, Roberto Figueroa, advirtió de inmediato de todo el conflicto que podría generar la elección de Prasca. Por diferentes motivos, así fue. Fueron pocos los días continuos en que el rector pudo mantener la calma y el orden en la Uniatlántico.

El momento más crítico, sin embargo, fue el 1 de marzo de este año cuando la Procuraduría General de la Nación suspendió a Prasca por tres meses como medida cautelar, “dentro de la investigación que se le adelantaba por denuncias de acoso sexual a colectivo femenino del centro educativo”. Días antes se habían conocido fotografías, grabaciones y chats de conversaciones de carácter sexual en los que, supuestamente, el rector concertaba citas con algunas alumnas.

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En una de las imágenes aparecía Prasca desnudo. El rector se defendió argumentando que está foto había sido extraída de manera ilegal del teléfono de su esposa y que todo se trataba de una campaña en su contra. Dos meses después, el Ministerio Público revocó la suspensión y ordenó su reintegro inmediato, porque al parecer no se encontraron evidencias claras que soportaran los acosos de los que se le acusaba. A partir de ese momento y pese a su intento de retomar las funciones con normalidad, las manifestaciones en su contra se hicieron más constantes.

El 25 de octubre casi 10.000 estudiantes se reunieron en el coliseo de la universidad y pidieron su salida. Aunque presentó su renuncia el 31 de octubre, Prasca terminó yéndose entre mensajes indirectos de Verano y de la gobernadora electa, Elsa Noguera, quienes prácticamente le pidieron dar un paso al costado. Al quedarse sin respaldos, la situación desembocó en una comunicación pública en la que el rector anunció que se apartaba del cargo desde ese día, pero para tomar un periodo de vacaciones hasta el 16 de diciembre y que, al regresar, lo dejaría definitivamente.

En la carta, Prasca dijo que tomó la decisión en respuesta al rechazo que generó en la comunidad educativa la autorización que dio al Esmad de ingresar a la universidad para controlar a los encapuchados que se tomaron el campus el 24 de octubre. Además, que él y miembros de su familia habían sido víctimas de amenazas y agresiones.

En el párrafo final de la renuncia, agradeció a varias personas, en sus palabras, por su apoyo especial para su designación y durante su gestión. En esas líneas hizo un reconocimiento a César Lorduy, actual representante a la Cámara de Representantes por el Atlántico, y a Leyton Barrios, actual concejal electo de Barranquilla.

El agradecimiento tiene mucho sentido, según varios directivos educativos y estudiantes consultados, quienes afirman que Lorduy y Barrios serían dos de los políticos que se beneficiaron con la rectoría de Prasca, ya que en el momento de su elección estos hacían parte del Superior y votaron a su favor a cambio de supuestas prebendas, uno en representación de los gremios industriales y el otro de los exalumnos. Un tiempo después ambos fueron avalados y respaldados por el Partido Cambio Radical y la familia Char en sus aspiraciones políticas.

Este apoyo de la casa Char a Prasca, según algunos profesores de la institución, habría sido correspondida con la autorización de OPS en 2018, que según los mismos docentes y alumnos alcanzarían casi 18.000 millones de pesos.

Barrios dice que esas afirmaciones no son ciertas, que la elección de Prasca fue una decisión de la mayoría del Consejo Superior (Gobernador, Representante de Presidencia, delegado del Ministerio, Representante de Gremios y Representante de Egresados) y que en su caso personal obedeció a que el candidato cumplía los requisitos exigidos y poseía experiencia en el sector educativo. “Desmiento que el vínculo contractual o laboral del algún trabajador de Uniatlántico dependa de mi”.

Lorduy, por su parte, indica que la crisis de la Universidad no es de ahora y está asociada al desconocimiento y respeto a cualquier gobernabilidad. Que él votó, en ejercicio de su libertad por Prasca, como otros lo hicieron por otros candidatos, a pesar que por muchos medios se trató de impedir que ejerciera tal derecho. “Para esa fecha, estaba lejos de mi visión explorar en la actividad política, la que con posterioridad asumí, no como un beneficio personal, sino como un compromiso con mi región. No tengo recomendados en la Universidad, no tengo ninguna OPS, jamás las he tenido, y para demás elementos de transparencia, jamás visité ni me reuní con el rector Prasca en la Universidad del Atlantico, ni en ninguna otra parte, con el objeto de pedir prebendas o contraprestaciones”.

Otro grupo de profesores consultados, quienes dicen que también prefieren el anonimato por seguridad, señalan que lo que “dichas asociaciones de estudiantes que lideran el paro están haciendo con el Consejo Superior no es más que un chantaje, ya que por debajo de la mesa estarían exigiendo que les sea entregada la vicerrectoría de Bienestar Universitario para ellos manejarla a su antojo”. Esta dependencia tenía presupuestado recibir este año un poco más de 4.500 millones de pesos, solo en transferencias corrientes.

Otros como German Zuluaga, presidente regional del Concejo Nacional Superior Estudiantil de Colombia y uno de los alumnos que ha liderado los diálogos, creen que la universidad está en una crisis institucional de fondo que necesita reformas y que el paro no se ha podido superar porque no existe legitimidad de liderazgo entre los estudiantes, debido a que  hace más de un año no hay representante estudiantil. Por un lado, están quienes lideran la toma y por otros los diferentes grupos y asociaciones.

Hace unos días el Consejo Superior volvió a sesionar. Se anunció la salida definitiva de Prasca de la rectoría. El profesor Jorge Restrepo fue ratificado en su encargo. También se suspendieron las elecciones de directivos académicos, como lo pedían los estudiantes, en cumplimiento de la orden de un juez de pequeñas causas. Y se crearon siete comisiones de diálogo para intentar llegar a un acuerdo con los líderes del paro. Pero se cerraron las puertas definitivamente.

 El enredo cada vez es mayor y Elsa Noguera, gobernadora electa del Atlantico, siguiendo la línea de su predecesor, Eduardo Verano, no ha anunciado medidas concretas sobre el centro de estudios. Mientras tanto los estudiantes y su calendario académico parecen no tener solución a la vista.