Combates entre bandas criminales generan desplazamientos de indígenas y campesinos en el sur de Córdoba

El incremento de las muertes violentas en los últimos días por la disputa del territorio entre bandas criminales generó el desplazamiento de más 73 personas de la comunidad Embera Dochama y 53 campesinos en Alto Uré en la vereda Batalito del corregimiento Versalles, en el sur de Córdoba.

El hecho se registró el pasado 12 de noviembre, según denuncias hechas por la Comisión de la Verdad. Lo que sumado a la masacre de tres personas la semana pasada, confirma las alertas emitidas hace dos semanas por la Defensoría del Pueblo, en las cuales advertían que se podían generar desplazamientos masivos por el recrudecimiento de la violencia en la zona.

Las familias desplazadas llegaron hasta el municipio de San José de Uré en busca de refugio. Allí son atendidas por una comisión conformada por la Alcaldía Municipal, la Gobernación de Córdoba y la Unidad de Atención de Víctimas.

Las primeras versiones de algunos indígenas y campesinos señalaron a miembros de disidencias del frente 18 de las Farc como posibles responsables del desplazamiento. Sin embargo, estas versiones están siendo investigadas por las autoridades. Por su parte, la gobernadora de Córdoba, Sandra Devia Ruiz, indicó que en la región hacen presencia las tropas de la Fuerza de Tarea Conjunta Aquiles, encargados de brindar seguridad a las comunidades y evitar nuevas incursiones armadas por parte de los grupos al margen de la ley.

Para la Comisión el Gobierno Nacional debe tomar medidas urgentes para garantizar la vida y pervivencia en paz de estas comunidades en el Sur de Córdoba, entre las cuales  se “requiere incluir el reconocimiento formal del resguardo Embera Dochama y el cumplimiento concertado y efectivo del Plan de Acción Oportuna de Prevención y Protección y estrategias de protección de la población civil, sus líderes y lideresas, para que no se reduzca a la militarización del territorio”.

En el sur de Córdoba la criminalidad es disputada por el Clan del Golfo, Los Caparrapos y disidencias de las Farc. Todos se enfrentan por el control de las zonas de cultivos de coca y procesamiento de clorhidrato de cocaína, así como por las rutas para su movilización desde el Parque Natural de Paramillo hasta los puntos de exportación ubicados en los municipios de Canalete, Los Córdobas, Moñitos y Puerto Escondido.

Esto debido a que se trata de una subregión geográficamente estratégica porque sirve como corredor de movilidad entre la Costa Caribe, el Bajo Cauca, el norte de Antioquia y Urabá (antioqueño y chocoano), teniendo como nodo central el Parque Nacional Nudo de Paramillo.

Para Luis Trejos, investigador del Observatorio del Caribe de la Universidad del Norte, el control territorial de este parque natural resulta importante por la extensa red de conexiones terrestres y fluviales que ofrece, entre otras cosas, porque conecta zonas de cultivos y centros de producción y acopio de clorhidrato de cocaína con rutas de transporte y puntos de exportación.

El territorio que ahora se disputan estos tres grupos estuvo hasta el año 2016 bajo el control de las estructuras del Bloque Iván Ríos de las antiguas Farc, por lo que su desarme produjo un vacío de poder que es disputado por los actores armados actuales. Esto ha generado importantes afectaciones humanitarias, como desplazamientos forzados de poblaciones rurales, aumento exponencial de homicidios y extorsiones, así como el asesinato sistemático de líderes sociales.

“En el sur de Córdoba, desde el año 2017, el conflicto se ha escalado no solo por la ausencia de un actor armado hegemónico que controle y regule los mercados ilegales o lograr acuerdos, sino, también, por la presión permanente que el Ejército y la Policía han ejercido en operaciones conjuntas”, explica Trejos.

El de las últimas horas no es el primer desplazamiento masivo en la zona. En lo que va del año se han registrado cuatro más en el mismo San José de Uré, cuatro en Puerto Libertador y uno en Tierra Alta. Situación que tiene en máxima alerta a las comunidades y autoridades.