Una reforma judicial que se cae a pedazos

La intención del presidente Juan Manuel Santos de reformar la justicia a través de un nuevo modelo de administración y un cambio en instrumento para juzgar a los magistrados y al fiscal general vive sus últimos días, debido a la falta de aprobación de la Corte Constitucional.

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Ese tribunal ya tumbó el Consejo de Gobierno Judicial y tiene en la mira al Tribunal de Aforados que se proponía a juzgar a magistrados de las altas cortes y al fiscal, en reemplazo de la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes.

Cuando buscaba ser reelegido, al jefe del Estado se le metió entre ceja y ceja la idea de que la reelección presidencial tendría que ser prohibida nuevamente, lo que lo convertiría a él en el último mandatario elegido dos veces en forma consecutiva, al menos bajo esta Constitución.

El proyecto, que llamó reforma de “equilibrio de poderes”, fue tan bien recibido en la mayoría de los sectores políticos, que Santos y su Gobierno pensaron que sería el momento propicio de tramitar la reforma judicial con la que tanto habían soñado.

Uno de los más importantes propósitos de la iniciativa era conquistar la eliminación del Consejo Superior de la Judicatura, que sería reemplazado por un Consejo de Gobierno Judicial y una Comisión Nacional de Disciplina Judicial.

El otro anhelo que por fin parecería ver la luz era suprimir las funciones de la Comisión de Investigación de la Cámara para juzgar a magistrados de las altas cortes y el fiscal general. Tras su desaparición, un Tribunal de Aforados cumpliría esa gestión.

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Mientras el Gobierno prometía enterrar los escándalos de corrupción en el Consejo Superior, hacer más eficiente el manejo de la justicia y eliminar el antejuicio político que impide que altos funcionarios sean judicializados directamente, al entonces fiscal, Eduardo Montealegre, a algunos magistrados y exmagistrados el nuevo esquema les pareció una herejía.

Todos esos nuevos estamentos fueron demandados ante la Corte Constitucional y el Gobierno empezó a perder la pelea. Primero, ese tribunal tumbó la Comisión de Gobierno Judicial, lo que devolvió a la vida no sólo a la Sala Administrativa del Consejo Superior, sino también a la Comisión Interinstitucional de la Rama y a la Dirección Ejecutiva.

Por si fuera poco, más adelante se conoció una ponencia en la que el magistrado Alejandro Linares propone tumbar el Tribunal de Aforados por el cual iba a ser reemplazada la Comisión de Investigación de la Cámara. Lo peor para el Gobierno es que todos los magistrados están decididos a declararlo inconstitucional, luego es un hecho que a ese organismo le quedan sólo unas horas de vida jurídica.

Y eso no es todo. Conocidas esas malas noticias, la administración pensó que al menos se podría salvar la Comisión de Disciplina Judicial. Sin embargo, a sólo un día de vencerse el plazo para atacar la constitucionalidad de la reforma, la existencia de ese organismo fue demandada ante la Corte.

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Dado que el argumento para tumbar los demás entes judiciales que vieron la vida con el equilibrio de poderes es que representan principios completamente ajenos a esta Constitución, no se necesita ser muy versado en materia judicial para entender que esta Comisión también caerá y que la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura también se resistirá a la eliminación, al igual que lo lograron las otras instituciones que fueron reformadas o suprimidas.