“Este Gobierno no es indolente ni incompetente ante la situación de los líderes sociales”: Alicia Arango

Una fuerte discusión se presentó este miércoles en la plenaria de la Cámara de Representantes en medio de un debate de control político por el asesinato de líderes sociales. Los congresistas de la oposición criticaron al Gobierno y señalaron que no está tomando medidas para prevenir estos hechos.

Ante las críticas, la ministra del Interior, Alicia Arango, respondió que “este Gobierno no es indolente ni incompetente ante la situación de los líderes sociales ni ante la situación de los colombianos". Agregó que sí hay resultados que mostrar, pero que no se le reconocen al Gobierno.

"Quiero decirles, mis queridos representantes, que no es así, y que sí estamos llevando acciones a cabo, no solamente para después de que los asesinan, sino como prevención; y eso está en las respuestas que a ustedes se les enviaron, pero que veo que desafortunadamente no se tuvieron en cuenta”, dijo la ministra.

Arango también señaló que entre 2016 y 2020 se cuentan 360 líderes sociales asesinados, y reconoció que hay números que no concuerdan. “Nosotros trabajamos con los números de la Fiscalía, la Consejería para los Derechos Humanos y nuestros números están todos corroborados con Naciones Unidas”, enfatizó.

Según la ministra, en 2020 se ha presentado el asesinato de 47 líderes sociales, hechos que ya están siendo investigados por la Fiscalía, y espera que puedan ser esclarecidos, aunque aclaró que su ministerio no es el órgano competente para hacerlo.

“Para nosotros, cualquier homicidio de cualquier colombiano es un homicidio desafortunado. Para nosotros, en este gobierno, quisiéramos que hubiera cero homicidios y que todos tuvieran el esclarecimiento a la velocidad que todos los colombianos quisiéramos que fuera”, agregó Arango.

La ministra también aprovechó para responder otras críticas que se le han hecho al Gobierno y dijo que es una responsabilidad de todos. Comentó que los alcaldes locales no pueden echarle la culpa de todo al Gobierno nacional cuando ellos son los principales líderes de la fuerza pública en cada una de las ciudades.

“Al final uno no sabe qué hacer porque nada de lo que uno haga está bien hecho, nada. Ya uno sabe, cuando uno viene a ciertos debates, que nada de lo que uno haga está bien hecho, así uno se mate trabajando”, dijo la ministra.

Así mismo, comentó que entiende que es una estrategia política. “Y se los puedo decir porque yo ya no me voy a lanzar a nada en mi vida, pero trabajemos con temas más certeros porque nosotros sí estamos haciendo un gran esfuerzo en el Gobierno nacional y no somos indolentes ni incompetentes ante el tema de los líderes sociales”.

Por su parte, los representantes de oposición citantes manifestaron su preocupación porque solo haya asistido la ministra por parte de los altos cargos del Gobierno. Estaban citados también el presidente Iván Duque y el ministro de Defensa Carlos Holmes Trujillo, así como el Alto Consejero para la Estabilización, Emilio Archila.

“La indiferencia del gobierno Duque está desangrando el país”, dijo la representante Angela María Robledo. La congresista de Colombia Humana acusó al presidente de ponerse del lado de los victimarios. “Duque, con sus mentiras ante la Asamblea General de la ONU, oculta lo que está ocurriendo en Colombia, que es el regreso de la guerra”.

Según el representante Ómar Restrepo, hasta la fecha van 230 firmantes de la paz asesinados “en los últimos meses, uno cada semana”. El congresista del partido Farc comentó que la estigmatización a las organizaciones campesinas y a los líderes sociales es lo que ha mantenido la guerra en el país. “Lo hemos dicho desde La Habana, mientras no se superen las causas estructurales del conflicto, este no se detendrá” comentó.

Por su parte, María José Pizarro dijo que existe impunidad, ya que el 95 por ciento de los casos no están siendo investigados y que el Gobierno está criminalizando y estigmatizando a los líderes y defensores de derechos humanos.

“Este Gobierno los estigmatiza y criminaliza al llamarlos ‘guerrilleros’, ‘terroristas’, ‘antidesarrollo’, ‘criminales’ o ‘informantes’, una práctica ejercida también en la política de defensa y seguridad democrática”, aseguró Pizarro.

En general, los congresistas de oposición exigen mayores recursos para la protección de los líderes sociales y excombatientes del país; por ejemplo, por parte de la Unidad Nacional de Protección (UNP). Así mismo, dicen que un factor fundamental que ha permitido los asesinatos es la ausencia del Estado en los territorios.