Exgobernador de Amazonas imputado por irregularidades en contrato por $26.869 millones: presentó certificaciones falsas

La Fiscalía General de la Nación presentó al exgobernador de Amazonas, Carlos Arturo Rodríguez Celis, ante un magistrado del Tribunal Superior de Bogotá, con función de control de garantías, por su presunta responsabilidad en diversas irregularidades detectadas en el trámite y contratación de un proyecto de generación alternativa de energía.

Según las investigaciones del ente acusador, en marzo de 2015, Rodríguez Celis acudió al Órgano Colegiado de Administración y Decisión (Ocad) Centro-Sur para solicitar la aprobación del proyecto y financiar su ejecución con recursos del Sistema General de Regalías. Sin embargo, se habrían desconocido varios requisitos fundamentales para obtener la autorización correspondiente.

Entre las irregularidades encontradas por la Fiscalía General se destaca que la propuesta no estaba incluida ni respaldada presupuestalmente en el Plan de Desarrollo de Amazonas 2012-2015, como exige la ley. Además, el proyecto carecía del respaldo técnico de la Empresa de Energía para el Amazonas (Enam), entidad concesionaria encargada de la generación y prestación del servicio de energía en el departamento.

Según las pruebas recopiladas, la Gobernación presentó dos certificaciones para subsanar estas anomalías. Una de ellas contenía información falsa, pretendiendo justificar la presencia del proyecto en el plan de desarrollo, a pesar de que no había ninguna mención real al respecto. La otra certificación estaba suscrita por una empresa que suministró energía antes que Enam, sin contar con la capacidad para certificar o viabilizar técnicamente el proyecto.

Estas acciones llevaron a los funcionarios del Ocad a ser inducidos a error y autorizar la inversión en el proyecto de generación alternativa de energía. Sin embargo, posteriormente, el Ministerio de Minas y Energía y Enam alertaron al exgobernador sobre las deficiencias previas detectadas y la inconveniencia de continuar con el proceso contractual.

A pesar de las advertencias, el entonces mandatario procedió a celebrar el contrato No. 955 del 21 de septiembre de 2015 para desarrollar soluciones energéticas híbridas en comunidades indígenas de Puerto Nariño, Macedonia y San Martín de Amacayacu en el Amazonas, junto con el contrato de interventoría 957 del mismo día, por un valor superior a los 26.869 millones de pesos.

Las investigaciones revelaron que las comunidades que se pretendían beneficiar ya contaban con servicio de energía, y una de ellas ni siquiera era la misma que se incluyó en el proyecto inicial presentado ante el Ocad. Además, se constató que la finalidad prevista en el contrato de obra no se cumplió.

Ante estos hechos, un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia imputó al señor Rodríguez Celis los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y fraude procesal. Sin embargo, el exgobernador no aceptó los cargos imputados en su contra, por lo que se procederá con el proceso judicial correspondiente.

Exgobernador habría omitido la Ley de Cuotas

Por otra parte, la Procuraduría General de la Nación profirió pliego de cargos al exgobernador del departamento del Cauca (2016-2019) y actual representante a la Cámara Óscar Rodrigo Campo Hurtado, por una “posible omisión de hacer efectiva la participación de la mujer en niveles decisorios de la administración departamental”.

El Ministerio Público aseguró que el funcionario “pudo incurrir en mala conducta y una violación de los deberes funcionales que le asistían por el rol ejercido”, el cual lo obligaba a dar cumplimiento a la Ley de Cuotas, la cual habría pasado por alto con el nombramiento de hombres en los cargos de nivel decisorio.

La Sala Disciplinaria de Instrucción señaló que al investigado se le reprocha la presunta infracción del principio de igualdad, sin que al parecer existiera alguna causal o justificación para la actuación de Campo Hurtado.

La Procuraduría General, provisionalmente, calificó la presunta falta cometida por el servidor como falta grave cometida con culpa grave.