Con limitaciones de la JEP para extraditables, pasa a plenarias la ley de procedimiento

Despegó el trámite de la Ley de Procedimiento que reglamenta la Jurisdicción Especial de Paz en el Congreso. Este martes, después de varios frustrados intentos de discusión por falta de cuórum arrancó la discusión que tiene a media marcha el funcionamiento de la JEP. 

Nueve horas tomaron las comisiones primeras conjuntas de Senado y Cámara en aprobar 70 artículos que delimitan el margen de maniobra de los magistrados que se encargarán de investigar los delitos de los exguerrilleros, agentes de estados y terceros civiles en el marco del conflicto.

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Entre las más polémicas, y que serán discutidas la próxima semana en las plenarias de Senado y Cámara, se aprobó el artículo 53, que limita las competencias de los togados de la JEP frente a los exguerrilleros que sean pedidos en extradición.

"La Sección de Revisión podrá decretar y practicar únicamente las pruebas que sean estrictamente necesarias y pertinentes para establecer la fecha de comisión de la conducta", quedó redactado el artículo. Con este visto bueno se ratificó el procedimiento que se acordó para la JEP en el Acto Legislativo número 1 del 2017. La gran diferencia, es que se le dio facultad al nuevo tribunal para que pueda ordenar y practicar pruebas para establecer la fecha de comisión de la conducta, pero no sobre la comisión del delito. 

La discusión de la JEP no es nueva. Desde que se firmó y aprobó el texto final que recogía los puntos acordados entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las Farc, este ha sido uno de los proyectos más discutidos. Desde abril, el ministro de Justicia, Enrique Gil Botero, radicó el proyecto de ley sobre reglas de procedimiento para la JEP.

Aunque el texto normativo no concentra lo fundamental de esta justicia, sí es un complemento de la Ley Estatutaria de la Administración de la JEP que ya está en discusión en la Corte Constitucional. Así que su discusión y posterior votación son un pase definitivo. Sin embargo, como en su ocasión otros puntos del acuerdo también lo estuvieron, este sigue estancado.

El congreso tiene la tarea de debatir el proyecto con el que se daría cumplimiento al artículo transitorio número 12 del Acto Legislativo 01 de 2017, en el que se estableció que los magistrados que integran la JEP tenían como función elaborar el conjunto de normativas de carácter procesal que regirá la jurisdicción especial.

Sí pero...

Aunque en las discusiones primeras de Senado y Cámara se limitaron las competencias de la JEP la decisión aún no es definitiva. Falta ver qué rumbo toman en la discusión de las plenarias que esperan que arranquen antes del 20 de junio y en seguida la conciliación.

Por ahora, se podría decir que en el caso Santrich, por ejemplo, el nuevo tribunal solo podrá confirmar que el delito se haya cometido por fuera de las fechas fijadas para su competencia, lo demás quedará en manos de la justicia ordinaria como fue previsto.

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Con 33 votos a favor y ninguno en contra, las comisiones primeras conjuntas aprobaron el polémico artículo. "Queda como viene en la ponencia. Se limitan las facultades de la JEP exclusivamente a que se puedan decretar pruebas para determinar la ocurrencia de los hechos en materia de extradición. No se autorizan facultades para suspender un proceso de extradición", manifestó el representante Hernán Penagos. 

La falta de consenso que ha tenido el trámite de las leyes y reformas que derivaron de La Habana no son una sorpresa. El proceso de paz ha sido un tema espinoso dentro del Congreso y los debates han sido prueba de ello, principalmente por la incertidumbre que todavía existe sobre la extradición o no de Jesús Santrich.

Arquitectura por armar

No solo hay temas pendientes frente al montaje de la JEP. Durante la discusión este martes con el artículo 73 se le dieron facultades extraordinarias al presidente por el término de seis meses para reorganizar la estructura y operación, y ampliar la plata de personal de la Procuraduría. Esto "con el único fin de garantizar el cumplimiento de sus funciones en el marco de la implementación del acuerdo". 

Por su parte, el ministro del Interior, Guillermo Rivera, manifestó que "estas facultades lo que permiten al presidente es, vía decreto, darle una planta de personal adicional a la Procuraduría para que pueda cumplir con las obligaciones consignadas frente a la JEP en el acto legislativo 1 del 2017".

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Recordemos que durante el trámite del acto legislativo que le dio vida a la JEP la petición del Procurador, Fernando Carrillo, de ser parte de la justicia transicional logra luz verde en el Congreso.  Para justificar su postura, Carrillo señaló que la intervención de ese organismo era esencial para proteger los derechos de las víctimas y recordó que "la participación de la Procuraduría en jurisdicciones especiales, tales como la de Justicia y Paz, ha sido fundamental para blindar constitucionalmente su operación y asegurar la vigencia del orden jurídico, lo mismo que para garantizar los derechos individuales".

Si bien la norma no permite la intervención de la Procuraduría en todos los casos, su inclusión constituyó una garantía adicional para quienes sean sujetos de esos procesos. La Procuraduría General de la Nación sí puede participar en la Jurisdicción Especial para la Paz para defender los derechos de las víctimas, siempre y cuando alguno de los magistrados de la sección que conozca del caso se lo pida.

Cuesta arriba

En medio de la carrera por la Casa de Nariño se discutirán en plenarias los pormenores de la ley de procedimiento de la JEP en el Congreso.

"Les pedimos que asuman con responsabilidad el tramite de proyecto que necesita la JEP para poder funcionar a los únicos quer favore es a las víctimas del conflicto", manifestó el jefe de la cartera del interior.

No la tienen fácil, la recta final en la que está el Congreso y los 2 meses que le quedan a este Gobierno, contrastados con los ritmos con los que se han tramitado las leyes y reformas de la paz dejan ver que muy posiblemente será tarea que tendrá la próxima legislatura.

Para segundo debate el proyecto de ley tendrá como coordinador al senador Horacio Serpa y de ponentes a Doris Vega, Claudia López, Carlos Baena, Alexander López y Germán Varón.