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Bogota abril 29 del 2021
Foto Guillermo Torres Reina / Semana
Enfrentamiento entre el Esmad y manifestantes en la plaza de Bolivar | Foto: Guillermo Torres Reina / Semana

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Fiscal advierte que funcionarios públicos estarían organizando desmanes

Francisco Barbosa advirtió que tiene varias investigaciones y que los funcionarios responsables serán judicializados.

5 de mayo de 2021

Al término de una reunión con diferentes instituciones, el fiscal Francisco Barbosa, en compañía de la vicefiscal Marta Mancera, entregaron los detalles de las investigaciones que hasta el momento se adelantan como consecuencia de la jornada violencia que vive el país y particularmente el Valle del Cauca. En esas indagaciones lograron establecer que funcionarios públicos en distintas ciudades estarían “instigando y organizando los desmanes”.

El hecho, que el fiscal calificó de preocupante, está incluido en varias investigaciones que aseguró llevarán a responsabilidades individuales de los funcionarios con procesos de judicialización por promover los actos vandálicos, que en el caso de Cali dejan siete personas muertas, relacionadas de manera directa con los desórdenes en la ciudad.

“Hemos determinado también la existencia de funcionarios públicos que han instigado y organizado los desmanes que se han presentado. Por ello tendrán responsabilidad penal”, dijo el jefe del ente investigador.

Los detalles de estas investigaciones no los entregó el fiscal, aunque advirtió que los procesos se mantendrán hasta conocer con exactitud si estos funcionarios estarían vinculados de manera directa con las revueltas y los enfrentamientos violentos entre policías y manifestantes.

Asimismo, la Fiscalía aseguró que luego de un proceso de investigación lograron establecer que organizaciones criminales relacionadas con el narcotráfico, las disidencias de las FARC y la guerrilla del ELN estarían involucradas en los hechos de violencia que desde el pasado 28 de abril afectan a la ciudad de Cali. “Para hacer una primera valoración de los elementos de prueba obtenidos por el equipo especializado de fiscales, que trabaja de manera articulada con los grupos investigativos de la Policía Nacional y el CTI para establecer el origen de los actos vandálicos ocurridos durante los últimos días en la ciudad”, señaló el ente acusador.

Aunque el fiscal no entregó un consolidado o un balance general sobre los hechos de violencia que derivaron en la muerte de ciudadanos y miembros de la fuerza pública, aseguró que en lo que respecta a la ciudad, desde Cali han identificado que siete personas fallecieron por causa de los desórdenes y los enfrentamientos con la fuerza pública. “Son investigados siete homicidios que tendrían relación con los desórdenes en Cali; sin embargo, son verificadas las circunstancias en las que se presentaron otras muertes conocidas en el transcurso de la semana”.

Desde la Fiscalía aseguraron que respetan el derecho a la protesta como acto constitucional, pero que no van a permitir que ese derecho sea usado por organizaciones criminales para generar violencia entre la población y de esta manera desviar la atención de las autoridades para continuar con sus actividades criminales en esta zona del país.

“Quiero ser enfático: investigaremos todas las agresiones de la fuerza pública contra la población civil, pero también seremos implacables con todas las agresiones que se cometen contra la fuerza pública y la Policía Nacional”, señaló el fiscal general.

Solo en la ciudad de Cali la Fiscalía adelanta 185 investigaciones relacionadas por hechos de terrorismo urbano y en un reciente balance que entregó el fiscal general reveló que hasta el momento van más de 275 personas judicializadas, 90 con imputación de cargos y una docena con medida de aseguramiento.

“En Bogotá se instaló un Puesto de Mando Unificado (PMU) con un equipo destacado de fiscales que trabajan en un plan piloto para determinar si los homicidios que se presentan en este periodo están relacionados o no con las manifestaciones. También se ha trabajado de la mano con la fuerza pública”, finalizó el fiscal Barbosa.