Derecho a la protesta: hablan abogados de manifestantes judicializados y de militares atacados en protestas

Colombia sigue viviendo días intensos por las jornadas de protesta social que se han tomado las principales calles del territorio nacional, en especial ciudades como Bogotá, Cali, Pereira, Medellín y Bucaramanga, entre otras.

Se ha visto en las calles tanto abusos por parte de las autoridades como también violencia contra los policías que acompañan las protestas. Las ópticas son distintas y por eso SEMANA habló con abogados penalistas que asumirán la defensa de miembros de la fuerza pública y también su contraparte, quienes llevan los casos de personas que han sido objeto de abusos de los uniformados.

Y es que la situación de orden público es álgida. En un informe enviado de la Defensoría del Pueblo a la Fiscalía General de la Nación, este lunes la entidad se refiere a 19 fallecidos en el marco de las manifestaciones, entre el 28 de abril y el 3 de mayo.

Fue este fin de semana cuando el presidente Iván Duque retiró la reforma tributaria que generó tanto malestar en el país y que se convirtió en la punta de lanza de las manifestaciones que comenzaron el 28 de abril. La nueva convocatoria masiva de los integrantes del paro es el 5 de mayo.

En primer lugar, SEMANA conversó con el abogado Óscar Sierra, quien es uno de los que ha asumido la defensa de algunos militares tras el paro nacional. Su posición es que, “si bien hemos sido testigos de algunos excesos por parte de la fuerza pública y de algunas decisiones judiciales que favorecen a los capturados, no podemos desconocer la realidad de que existen delincuentes que se aprovechan de la manifestación de la ciudadanía. En Nariño, prendieron fuego a un agente del Esmad; en Soacha perdió la vida a puñaladas un capitán de la Policía, entre otros tantos casos lamentables en los que se ha atentado contra la fuerza pública, que cumple con su misión de proteger a los colombianos”.

Y agrega: “Los excesos son injustificables de lado y lado y cualquier captura que se pueda dar en flagrancia o producto de investigación de la Fiscalía contra quienes amparados en el derecho fundamental a protestar, aprovechan para atentar contra el patrimonio privado, el público, la integridad y vida de nuestros servidores, debe ser presentada ante los jueces y debidamente tramitada. El punto medular está en poder diferenciar a los manifestantes de los delincuentes, y que es obligación de la Policía capturarlos y de la Fiscalía presentarlos ante los jueces. El Estado de derecho no puede ceder”.

Por su parte, el abogado Santiago Trespalacios, quien asumió la defensa de varios manifestantes, señala que si bien ha habido infiltrados en las marchas, que aprovechan la movilización social para cometer delitos en contra de bienes y personas, “también es cierto que la mayoría de los marchantes no son más que ciudadanos que manifiestan un descontento frente al Gobierno nacional y las reformas que este propone”.

Y agrega: “En este marco hemos notado que se ha judicializado a personas que simplemente están ejerciendo el derecho a la protesta, y se ven envueltos en problemas judiciales debido a la falsedad en los informes de Policía, en donde se narran hechos que no son atribuibles a los capturados”.

Tras ser preguntado sobre cuántos casos se han presentado, señala: “En Medellín tuvimos el caso de cuatro jóvenes: Sara, Kevin, Sebastián y Enrique, quienes según la Policía fueron capturados mientras agredían a las autoridades, y la verdad, gracias a un video ciudadano, es que se encontraban indefensos y con actitud pacífica cuando fueron capturados y bestialmente agredidos”.