Fiscalía y Procuraduría piden que el caso de Álvaro Uribe siga en el sistema penal acusatorio

En el primer día de la audiencia contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, para definir se levanta o no la detención domiciliaria, la discusión se centró en cuál es la ley penal aplicable al caso. Mientras las partes están divididas, la Procuraduría y la Fiscalía coinciden en una sola posición: la ley 906 del nuevo sistema penal acusatorio.La procuradora del caso, María Lourdes Hernández Mindiola, aseguró que “la ley 906 es la que en lo subsiguiente debe seguir en el proceso. La diferencia que existe (la ley 600 de 2000) no es poca, son sistemas antagónicos”.“Es claro que el tránsito de una legislación a otra en razón del fuero que adquiera la persona está completamente avalado por la jurisprudencia de la misma Corte. Entonces no existiría una razón, señora jueza, para negarse a lo contrario. Que una persona, al perder definitivamente su condición de miembro del Congreso de la República, tenga derecho a que le juzgue la ley vigente para la época de los hechos que corresponde a los no aforados, en este caso la ley 906 de 2004. Finalizó mi intervención, señora jueza, señalando que usted es la competente para asumir la presente actuación”, aseguró.La ley 906 está cobijada en el nuevo sistema penal acusatorio y señala que la Fiscalía es un sujeto procesal, no la última voz. En otras palabras, que las decisiones tomadas por el ente acusador también quedan a consideración de un juez. Así las cosas, bajo el nuevo sistema penal acusatorio la Fiscalía es una parte y sus decisiones quedan a consideración de un juez de garantías o de conocimiento.Por su parte, el fiscal Gabriel Jaimes, delegado para este caso del expresidente Álvaro Uribe, aseguró: en materia de principios, con referencia al debido proceso penal, debe aplicarse la ley vigente en la justicia ordinaria. “El caso debe ser claro, transparente y a la luz pública (...) la Fiscalía le solicita con respeto señora juez, continuar aplicando la ley 906 del 2004... Por garantista, tanto para el procesado como para las víctimas, el caso debe desarrollarse en el marco de la ley 906, este es el escenario más preciso”, agregó el representante del ente acusador.En contraste, Reynaldo Villalba, abogado defensor del senador Iván Cepeda, así como el exfiscal Eduardo Montealegre, ambos en calidad de víctimas, solicitaron que se aplique la ley 600 de 2000. Ellos instaron a la jueza Clara Ximena Salcedo Duarte a que el proceso permanezca en la Ley 600 de 200, antiguo sistema penal que rige en la Corte Suprema de Justicia, y que no sea trasladado a la Ley 906 de 2004, nuevo sistema penal acusatorio. “El proceso debe continuar bajo la Ley 600, el juez de garantías carecería de competencia, por ser el sistema vigente en que surgió y se desarrolló la investigación hasta el momento de la renuncia del senador. No hay fundamento para cambiar el sistema procesal”, dijo el abogado del senador Iván Cepeda.“La Corte Suprema ha señalado que no hay interferencia entre el uno y el otro y hay coexistencia de ambos sistemas penales, pero los congresistas son juzgados en la Ley 600 y no en la 906 (...). Cuando coexisten dos procesos la favorabilidad se define por la ley preexistente. Las conductas punibles que se endilgan habrían incurrido cuando el señor Uribe era senador y la ley vigente era y es la Ley 600 y por tanto es la ley preexistente”, agregó Villalba. El debate jurídico se mantiene y el 22 de septiembre la jueza Clara Ximena Salcedo Duarte tomará una decisión.