Volver a la Comisión de Acusaciones, la estrategia de Francisco Ricaurte

Se espereaba que este martes la Fiscalía acusara al exmagistrado Francisco Ricaurte por su presunta responsabilidad en el ‘cartel de la toga‘, la organización criminal que según la investigación se dedicaba a vender fallos y torcer procesos judiciales a cambio de millonarias coimas. Pero poco se pudo conocer de los argumentos que lo tienen en el banquillo. Álvaro Luna Conde, abogado de exmagistrado, puso el palo en la rueda en la acusación. De entrada objetó la competencia del juzgado para conocer esta causa.

El abogado argumentó que los hechos que la Fiscalía le endilga al procesado datan desde el 2013, año en que Ricaurte aún ostentaba su toga de magistrado. Por eso consideró que no era procedente que un juez del circuito tuviera competencia sobre esta investigación.

“Desde noviembre de 2012 a noviembre de 2014 el doctor Francisco Ricaurte fue magistrado del Consejo Superior de la Judicatura”, sostuvo Luna, quien a continuación pasó a citar apartes del escrito de acusación en el que la relación de los hechos a imputar concidirían con el periódo de Ricaurte como aforado.

El defensor insistió en que el asunto debe ser tramitado en el Congreso, concretamente en la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, que de acuerdo a la Costitución es el órgano competente para juzgar al presidente, los magistrados y el fiscal general. 

La Fiscalía rechazó la petición con el argumento de que  fue la propia Corte Suprema de Justicia la que remitió el expediente a la Fiscalía, concluir que frente a Ricaurte el juez competente es el juzgado ordinario. Esto, en razón a que algunos de los hechos habrían ocurrido cuando Ricaurte era magistrado, pero el fuero no le cobijaría pues los actos delictivos no tendrían relación con el cargo que ostentó en el Consejo Superior de la Judicatura.

“No hay nada indicativo para sustentar que los presuntos hechos de corrupción tuvieron relación con su cargo de magistrado de la Judicatura”, sostuvo el fiscal Jaime Camacho.

Cabe aclarar que el expediente contra el exmagistrado Leonidas Bustos –presunto socio de Ricaurte en el cartel de la toga– se adelanta en la Comisión de Acusación, pero esto obedece a que ontegraba la Corte Suprema de Justicia durante el tiempo en que sucedieron los hechos delictivos y porque  justamente tuvieron lugar en la Sala Penal de este alto tribunal. 

Por eso, presuntamente Bustos y su rol como magistrado en ese organo sí guardan relación directa por lo que debe ser procesado bajo el fuero legal. Por otra parte, en el caso de Ricaurte, la Corte no encontró relación entre su cargo como togado de la Judicatura y los presuntos delitos que tuvieron lugar en la Sala Penal de la Corte. Esa es la razón por la cual no le aplicaría el fuero.

La Fiscalía solicitó al juzgado conservar la competencia exponiendo los mencionados argumentos. Pero además agregó que a Ricaurte se le imputarán tres delitos: concierto para delinquir, que empezó cuando era magistrado y fue un delito continuado tras terminar su periodo; y dos cohechos que tuvieron lugar luego de que Ricaurte colgó la toga definitivamente. Así que para la Fiscalía si hubiera lugar a una discusión sobre el juez competente, esta debería limitarse a “una pequeña fracción de los hechos imputados”.

Despues de escuchar a las partes, la juez determinó que las conductas por las cuales se llama a juicio a Ricaurte son de su competencia, ya que no guardan relación con su cargo de magistrado. Sin embargo, ordenó el traslado a su superior jerárquico, el Tribunal Superior de Bogotá, para que se pronuncie ante este conflicto de competencia planteado por Ricaurte.