La jornada de protestas convocadas por el Comité Nacional de Paro, que fue el mismo grupo de organizaciones sociales que a finales de 2019 llamó a movilizaciones en todo el país, será multitudinaria.Según la información entregada por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), hay agenda definida para más de 30 municipios del país para las manifestaciones que, sus promotores, esperan que sean pacíficas.Entre las medidas que está tomando el Estado para promover y garantizar el derecho constitucional a la protesta, haciendo seguimiento al fallo de tutela de la Corte Suprema de Justicia, está la verificación de los implementos del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad).En el documento del fallo de la Sala de Casación Civil del alto tribunal se establece que “cuando se requiera cualquier participación del Esmad en eventos públicos o privados, ese organismo de manera antelada, deberá poner a disposición del defensor el listado de los comandantes o jefes de unidad del personal asignado para el servicio requerido e, igualmente, la Policía Nacional deberá designar a un oficial superior común que sirva de enlace entre los agentes y el defensor del pueblo”.Desde muy temprano, funcionarios de la Defensoría del Pueblo estuvieron verificando los implementos que utilizará el Esmad durante el seguimiento y control de las marchas en distintas regiones de Colombia.Según informó el ministerio público, el escuadrón “asignó a un oficial superior de enlace que estará en comunicación permanente y debe informarle a un funcionario de la Vicedefensoría sobre las intervenciones que se vayan a realizar, así como el número de efectivos que estarán en las marchas y los elementos que utilizarán”.Asimismo, la entidad mantendrá las dos carpas de los derechos instaladas desde la llegada de la minga a Bogotá, una en el Palacio de los Deportes y otra en la Plaza de Bolívar, así como el correo quejasprotestasocial@defensoria.gov.co, para recibir todas las quejas relacionadas con posibles violaciones de derechos humanos.Además, en la capital aumentó el número de defensores públicos de 16 a 40 dispuestos en cinco Unidades de Reacción Inmediata (URI), para dar asistencia jurídica. Otra de las exigencias de la Corte Suprema de Justicia.El defensor Carlos Camargo Asís dio a conocer que en las 38 regionales se hicieron capacitaciones en temas de protesta “se dispondrán funcionarios para recibir posibles quejas y participará en los Puestos de Mando Unificado (PMU) manteniendo siempre las medidas de bioseguridad”.Después del polémico fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre la protesta social en Colombia y la obligación del Estado por garantizar ese derecho, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca les ordenó al Gobierno nacional y a la Alcaldía de Bogotá la expedición de un protocolo exprés para el paro del 21 de octubre.Debido a la cercanía de la fecha de las protestas convocadas y frente a los antecedentes del 9 y el 10 de septiembre, el tribunal hizo esta exigencia para que, en un protocolo temporal, quedara establecido lo más urgente y necesario para garantizar el ejercicio de la protesta.Si bien hubo cumplimiento de la orden, para algunas organizaciones sociales “la expedición de dicho decreto implica la derogatoria del Decreto 563 de 2015 que fue ampliamente concertado con distintos sectores sociales e implicaría un incumplimiento de la sentencia 7641/20 de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia al excluir a las organizaciones de derechos humanos del proceso de concertación”. Por lo tanto, no todos quedaron contentos con la aprobación de los lineamientos urgentes, ya que no hubo la amplia participación de la sociedad exigida por los jueces, entre otros aspectos. Asimismo, en el documento no quedó aclarado el rol del Esmad ni el uso de sus armas.
